Gobierno de facto “teme” que organizaciones internacionales “verifiquen la violación de los derechos humanos”
Delegación de la CIDH
Para David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta y coordinador de la Comisión de Derechos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, la prohibición de entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela para su visita in loco refleja que el Gobierno de facto “teme” que las organizaciones internacionales “verifiquen la problemática de los derechos fundamentales” en el país.
“Es un acto lamentable que aerolíneas se presten como brazo del Gobierno de facto que, sin duda alguna, van en contra del espíritu del derecho internacional”, expresó. “Esta es una muestra más de que temen que las organizaciones internacionales vengan y verifiquen la problemática de los derechos fundamentales”.
“Desde Aula Abierta y la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, manifestamos nuestra preocupación al respecto”, aseveró.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no pudo entrar a Venezuela este lunes 4 de febrero para realizar una visita “in loco”, procedimiento que se hace para constatar la situación de los derechos humanos en un país.
A través de su Twitter, la CIDH denunció que la aerolínea Copa Airlines impidió en Panamá el abordaje la delegación, compuesta por la presidenta de la CIDH y Relatora para Venezuela, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño; el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão; el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; y especialistas de la Secretaria Ejecutiva.
El impedimento para ingresar al país, según la organización, obstaculiza las obligaciones internacionales en derechos humanos asumidas por Venezuela y además impide el cumplimiento de las competencias de la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 106 de la Carta de la OEA y el artículo 41 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Para diversos activistas de derechos humanos, esta prohibición representa un retroceso para la justicia de las víctimas del Estado venezolano. El periodista Luis Carlos Díaz dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que la Comisión sería la siguiente instancia “cuando las instituciones venezolanas no responden por alguna razón, como pasa con las ejecuciones extrajudiciales”.
Díaz explicó que los familiares de las víctimas van a las instancias de la Fiscalía o a la Defensoría y, ante la exigencia de respuesta sobre los casos, les dicen “eso no es por aquí, de eso no nos encargamos”.
Por su parte, Juan Berríos, director de la Comisión para los de Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ), afirmó que las consecuencias sobre la prohibición de entrada a la CIDH, es que las personas no podrán rendir testimonios sobre sus experiencias y las violaciones a los derechos que han experimentado.
“El Gobierno de facto tiene el poder en Venezuela, lo que dificulta la actuación de la Comisión para proteger los derechos de los venezolanos”, comentó el defensor.
No obstante, en un comunicado de prensa la delegación de la CIDH informó que debido a que no pudieron ingresar al país, se encontrarán en la frontera entre Colombia y Venezuela con algunos familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos, además de organizaciones de la sociedad civil.
Un patrón del Gobierno de facto
Mayda Hocevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), rechazó la prohibición del Gobierno de facto contra la delegación de la CIDH. Según ella, esta acción reitera su talante autoritario.
Hocevar aseguró que las víctimas “quedan doblemente graves: no hay protección nacional y ahora tampoco internacional. Ni los jueces ni fiscalía dan apoyo a las víctimas”.
“Es un patrón del gobierno venezolano despreciar la jurisdicción y la protección de los sistemas internacionales. Es poco el valor que le dan al ser humano y a sus propios ciudadanos. Esta solo es una nueva práctica”, sentenció.
Recordó que el Gobierno de facto ha hecho caso omiso de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, lo que demuestra que “el gobierno de Maduro no está comprometido con corregir los errores. Los Estados tienen un compromiso legal e internacional, pero sobre todo moral de colaborar con las políticas de derechos internacionales”.
Ricardo Villalobos, Coordinador de Investigación e Incidencia de Aula Abierta, afirma que esta decisión es de “corte dictatorial, pues la principal función del gobierno es violar los derechos humanos”.
Una solicitud sin efecto
El Gobierno de facto de Nicolás Maduro anunció que Venezuela abandonaba la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 27 de abril de 2019.
“La OEA llevó a cabo acciones injerencistas y arbitrarias contra la soberanía de Venezuela en los últimos años, razón por la cual el Gobierno solicitó su retiro en 2017”, dijo Maduro en su Twitter.
Está decisión se tomó luego de que la OEA reconociera a Gustavo Tarre como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), dirigida por el líder opositor Juan Guaidó.
A pesar de que el gobierno chavista solicitó su remoción de la OEA en abril de 2017 (cuando Maduro aún era legítimamente reconocido), la organización afirmó que la solicitud quedó sin efecto cuando la organización decidió reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Violación en el ámbito universitario
Entre las denuncias que la CIDH constataría en su visita a Venezuela, están las violaciones a los universitarios. Cabe destacar que en octubre de 2017 fue la primera vez que se abordó en una audiencia de la organización, el tema del sector universitario con la participación de Aula Abierta.
Asimismo, en febrero de 2019 fue la primera vez en la historia que la CIDH conoció atropellos a la autonomía universitaria en las Américas, en una audiencia donde reconoció la importancia de la libertad académica.
Por Nazaret Torres Padrón
