La compleja emergencia universitaria

Por: Juan Carlos Barreto

La universidad venezolana atraviesa la mayor debacle matricular en toda su historia, alcanzando niveles que van desde 30% hasta 50% de estudiantes que abandonan su carrera. Diariamente, al menos tres estudiantes dejan de asistir a clases por falta de recursos económicos para cubrir gastos de pasaje y alimentación.

En cada facultad, de cinco a diez profesores solicitan la jubilación, otros solicitan permiso o renuncian por motivos de precariedad salarial. Durante 2017, alrededor de 1.122 profesores pertenecientes a la Universidad Central de Venezuela (UCV) han salido del país, y de la Universidad Simón Bolívar (USB) al menos 120, según datos de las asociaciones de profesores de estas instituciones.

Los laboratorios de las universidades no cuentan con insumos tan básicos como acetona y éter, equipos de refrigeración fuera de servicio por estar descompuestos, hasta la falta de gas motivado a fallas en el suministro.  Además, se utilizan instrumentos obsoletos para su funcionamiento, tales como fotocolorímetros y microscopios. Debido al déficit de presupuesto en las universidades, les faltan equipos y dotación de insumos, mobiliario y papelería.

Son recurrentes los robos  en los centros e institutos de investigación; los profesores renuncian y las universidades no están en la capacidad de formar el relevo, mientras postgrados, como pediatría, neonatología geriatría y gerontología, están a punto de desaparecer por el alto costo de materiales médicos.

Los servicios bibliotecarios funcionan por la voluntad de hombres y mujeres que se esfuerzan por mantener abierto un espacio tan importante para la docencia y la investigación. Mientras que el servicio de trasporte universitario decae por la falta de repuestos e insumos necesarios para dar mantenimientos a unidades y mantenerlas operativas como aceite, filtros, baterías y cauchos.

La planta física de nuestras universidades se encuentra en continuo deterioro y aquellos espacios utilizados para la cultura, el estudio, el deporte y la recreación, hoy se encuentran abandonados y a la sombra de la delincuencia que azota a toda la comunidad universitaria.

Ya es un patrón el ataque e intromisión en contra de la autonomía universitaria por parte de organismos que buscan el control y subordinación al pensamiento crítico: El asedio del Poder Judicial al violentar las normativas internas de las instituciones de educación superior y las violaciones al debido proceso a estudiantes y profesores detenidos de forma arbitraria por expresar sus ideas y opiniones, o simplemente por estar en desacuerdo con las políticas erradas del gobierno nacional.

La universidad venezolana atraviesa el resultado de una combinación de inestabilidad política, conflictos, violencia, pobreza subyacente y controles desmedidos que atentan contra derechos humanos, la  libertad académica y autonomía universitaria. Derechos que han sido reconocidos y expuestos en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos y la Democracia en Venezuela, resaltando el interés de la relatoría de Derechos Económicos Sociales y Culturales de visitar a Venezuela y conocer de cerca la realidad.

La compleja emergencia académica es fundamentalmente de carácter político y está haciendo mella en la estabilidad cultural, civil y política de la sociedad venezolana, sobre todo cuando está agravando la situación dentro de las instituciones de educación superior, que juegan un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad por ser las instituciones que generan información experta  con propuestas  para el país.

Frente a esta circunstancia, el objetivo central de los defensores de derechos humanos en el ámbito universitario es documentar y denunciar la compleja situación de emergencia  que enfrentan las universidades nacionales y la sociedad en general. Estos defensores realizan el seguimiento de la seguridad de la comunidad académica, mediante la evaluación de las causas que están afectando la libertad académica, la autonomía universitaria, la calidad educativa y la seguridad social.

Esta emergencia que vive la sociedad se extiende hasta la universidad, y se caracteriza por conflictos recurrentes, un gobierno débil, crisis alimentaria continua, colapso de los medios de vida y escasa capacidad institucional para reaccionar ante estas dificultades.

El gobierno debe renovarse ante la compleja crisis humanitaria que vive la sociedad venezolana, y coordinar esfuerzos junto a organismos internacionales y expertos de nuestras universidades para iniciar la recuperación temprana y rehabilitación del desarrollo económico y social, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la sociedad antes de que ocurran situaciones que afecten un mayor número de venezolanos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *