SOCIEDAD CIVIL RECHAZA AMENAZAS CONTRA LA AUTONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA ANTE POSIBLE OCUPACIÓN DEL TEATRO BARALT

Las organizaciones de la sociedad civil y centros de derechos humanos universitarios que suscriben el presente comunicado se pronuncian ante la amenaza de ocupación del Teatro Baralt, propiedad de La Universidad del Zulia y otras situaciones que vulneran la autonomía universitaria de las casas de estudio en Venezuela.

El día 23 de mayo de 2018, el Gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto, anunció que el Teatro Baralt pasaría a disposición de la Alcaldía de Maracaibo, desconociendo que el referido espacio cultural pertenece a La Universidad del Zulia.  En rechazo a estas amenazas, La Universidad del Zulia, en Consejo Universitario del 24 de mayo de 2018, ratificó ser la única propietaria del referido teatro gracias a la donación de pleno derecho realizada por el Instituto Pro Infancia, registrada formal y oportunamente ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Registro Público de Maracaibo en fecha 22 de julio de 1955.

En ese mismo  Consejo Universitario de fecha 24 de mayo de 2018, la máxima instancia universitaria denunció la existencia de otras situaciones que vulneran la autonomía universitaria  como las invasiones de propiedades  a  tales como los de la hacienda San Pedro, la granja Ana María Campos, los terrenos de Ciudad Lossada y el Lote “A” de la Ciudad Universitaria.

Las referidas denuncias deben ser consideradas en conjunto con otros hechos que han afectado a otras universidades autónomas de la nación. El Rector de la Universidad de Los Andes (ULA), Dr. Mario Bonucci, ha denunciado desde el mes de abril la invasión de la hacienda Judibana, predio perteneciente a la ULA destinado a la investigación y otras actividades académicas; luego de varios destrozos, los cuerpos de seguridad del Estado continúan sin restituir a la universidad la posesión de ese  espacio universitario, mientras que los ocupantes siguen desmantelando y deteriorando las instalaciones y recursos naturales.

Las organizaciones que suscriben condenan estas acciones, que reflejan una política de Estado dirigida a mermar la  academia  a través de la vulneración de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 109 de la Constitución Nacional y el artículo 9 de la Ley de Universidades vigente, los cuales atribuyen a las universidades el derecho a administrar su patrimonio y la garantía de la inviolabilidad del recinto universitario.

En tal sentido, hacemos un llamado al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología  para que:

1) Impida la realización de actuaciones de autoridades civiles y militares que tengan por objeto la violación a la autonomía universitaria, así como investigar las denuncias sobre violaciones a los recintos universitarios.

2) Establezca mecanismos de protección inmediatos y eficientes que brinden garantías a la seguridad e integridad de toda la comunidad universitaria y del patrimonio físico de las instituciones universitarias del país.

Suscriben:

  • Aula Abierta
  • Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
  • Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
  • Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes.
  • Epikeia, Observatorio Universitario de Derechos Humanos
  • Transparencia Venezuela Capítulo Zulia

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