Autoridades del Poder Público arremeten contra la comunidad universitaria en Venezuela

Históricamente las dictaduras comúnmente han tomado a la comunidad universitaria como principal blanco de ataque. La Universidad ha desempeñado un papel indispensable en la sociedad como conciencia crítica de la misma, su autonomía y la libertad académica le permiten desempeñar este papel.

El respeto a la libertad académica supone para el Estado la obligación de abstenerse de imponer ideologías o cualquier forma de sujeción de la libertad de pensamiento, conciencia y expresión en la educación superior o que nieguen la pluralidad en la búsqueda, desarrollo y transmisión del conocimiento, opiniones e ideas de los miembros de la comunidad académica y de las universidades, sin más limitaciones que el respeto a la libertad académica de los demás.

El contexto de las universidades venezolanas ha arropado en los últimos 15 años una realidad  contraria a estos términos, donde se ha podido determinar que el Estado venezolano, a través de los distintos órganos que conforman los Poderes Públicos, ha implementado una política de corte intervencionista dirigida a pulverizar los derechos humanos que protegen a los universitarios.

Una primera expresión del proceso de erosión de las bases de la autonomía universitaria y la libertad académica se observó a partir de 2003, con la creación de universidades subordinadas al Ejecutivo, seguida por el desconocimiento y desmontaje progresivo del marco jurídico y, finalmente, con el desarrollo de una nueva institucionalidad en las políticas sobre educación superior, cuya base es un sistema paralelo de universidades.

En la actualidad se han registrado eventos que dan cuenta de la forma en que las universidades, sus autoridades o miembros han sido blanco de amenazas, ataques intimidatorios o de descrédito, o de actos de criminalización o agresión, por sus actividades o labor académica o por su condición de miembro de la comunidad académica. 

Amenazas del Presidente de la República

El lunes de 16 de julio de 2018, el presidente de la República Nicolás Maduro anunció en su discurso para el acto de graduación de policías en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES, sede Caracas) que: “(…) Todas las universidades tienen que estar conectadas con el plan de la patria 2025 y con su desarrollo (…) no pueden haber universidades con carreras graduando miles y miles de profesionales en carreras que no tienen nada que ver con el desarrollo del país. Yo voy a insistir en ese tema un millón de veces, hasta lo que vayamos logrando” .

Amenazas contra la Universidad del  Zulia

El día 23 de mayo de 2018, el Gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto, anunció que el Teatro Baralt pasará a disposición de la Alcaldía de Maracaibo, desconociendo que el referido espacio cultural pertenece a La Universidad del Zulia (LUZ).

Posteriormente, en fecha 06 de junio de 2018 el Diario “Panorama” publicó una declaración del Alcalde del Municipio Maracaibo del Estado Zulia donde expresó que “da vergüenza” el estado de LUZ, afirmando que el Gobernador del Estado Zulia y su persona iban a “rescatar la universidad y devolvérsela a los estudiantes”.

En el mismo acto, el Alcalde de Maracaibo desconoció que La Universidad del Zulia sea la propietaria del Teatro Baralt al indicar “El teatro Baralt no es de la Universidad del Zulia, una cosa es que la administren y otra cosa es que sea de ellos. Eso es un bien nacional que solo lo administra la universidad”. Lo anterior se relaciona con las declaraciones del Gobernador del Estado Zulia de fecha 23 de mayo de 2018, cuando anunció que el Teatro Baralt podría pasar  a la disposición de la Alcaldía de Maracaibo.

Como respuesta, el Consejo Universitario de LUZ produjo un pronunciamiento en fecha 24 de mayo de 2018, donde ratificó ser la única propietaria del referido teatro gracias a la donación realizada por el Instituto Pro Infancia, registrada formal y oportunamente ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Registro Público de Maracaibo en fecha 22 de julio de 1955. En este sentido, la Ley de Universidades vigente (1970) en su artículo 14 dispone que los bienes de la universidad no están sometidos al régimen de los bienes nacionales ordinarios en atención a la autonomía de las universidades: “Los bienes y rentas de las Universidades Nacionales no estarán sometidos al régimen de los bienes nacionales que establece la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional.”

Amenazas contra la Universidad de Carabobo

En fecha 7 de julio de 2018, el Gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacava, publicó un video a través de su cuenta de Twitter en el cual expresó que “le vamos a meter la mano (a la universidad)” con el motivo de “mejorarla, recuperarla y rescatarla en donde la metieron estos bandidos”, refiriéndose de esta forma a la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo, y al secretario, Pablo Aure. Asimismo, manifestó que “hay que sacar a los malandros que la hundieron en la desidia y en la mediocridad y se esconden detrás del manto protector de la autonomía.”

Siguiendo la misma tónica, el pasado sábado 7 de julio de 2018, la rectora Jessy Divo, fue trasladada a la sede regional del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), donde fue interrogada por su presunta participación en un plan donde se pretendía “derrocar” al presidente de la al Presidente de la República, Nicolás Maduro, y “asesinar” al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, y a su familia.

De igual forma, el día 18 de julio de 2018 el gobernador Lacava continuo su arremetida contra las autoridades de la Universidad de Carabobo a través de su red social twitter indicando que “La rectora bachaquera quiere mostrarse como víctima cuando ha sido la verduga de la Universidad de Carabobo. La gente de bien de este estado q quiere q su universidad se recupere con los estudiantes te vamos a sacar de ahí porque tu estas usurpando ese cargo. #JessyRenunciaYa”

En este sentido, los continuos pronunciamientos por parte de las autoridades del Estado se erigen como graves amenazas intervencionistas contra los bienes y el funcionamiento interno de las universidades autónomas en Venezuela, razón por la cual debe destacarse que ninguno de estos órganos detenta competencia alguna dentro del marco legal venezolano para intervenir en los asuntos de las universidades públicas. Por el contrario, todos los órganos de la Administración Pública encuentran sus actividades supeditas a aquello que le ha sido expresamente facultado por el marco constitucional y las leyes, en cumplimiento al principio de legalidad de las competencias previsto en el artículo 137 de la Constitución Nacional.

Organizaciones de la sociedad civil y centros universitarios de derechos humanos se pronuncian

La ONG Aula Abierta, junto a otras organizaciones, cátedras y centros universitarios de derechos humanos como La Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, el Centro Para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana de Caracas han realizado llamados de atención de forma reiterada en cuanto al actuar sistemático por parte de los órganos del poder público dirigido a destrozar los derechos humanos que protegen  los universitarios.

En este sentido, se condena cualquier acción de autoridades del Poder Público que pretenda  mermar la  democracia a través de la vulneración de la libertad académica y la autonomía universitaria. Se hace un llamado enérgico a las autoridades del poder público y a las autoridades de seguridad del Estado Venezolano a apegarse al principio de legalidad y a limitarse a ejercer las facultades  dispuestas en el artículo 164 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El  llamado se hace también a la Defensoría del Pueblo como institución garante de velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República, según lo plasmado en el artículo 281 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Los universitarios como gremio siempre han tenido un rol protagónico en la historia de Venezuela. La participación de los estudiantes y profesores en todos los procesos, que persiguen un cambio en el sistema político, es vital para la construcción de un mejor país, donde la democracia y la libertad sean la insignia de todos los venezolanos.

Links de interés:

Más de 40 ONG’s manifiestan su preocupación ante la criminalización de la protesta de universitarios en los centros hospitalarios en Venezuela

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COMUNICADO: SOCIEDAD CIVIL RECHAZA AMENAZAS DEL ALCALDE DE MARACAIBO Y DEL GOBERNADOR DEL ZULIA CONTRA LA AUTONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

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INFORME PRELIMINAR: SITUACIÓN DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS EN VENEZUELA

http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2017/08/Informe-profesores-29062018.pdf

 

1 Respuesta

  1. 18 septiembre, 2018

    […] como principal blanco de ataque, sin ser Venezuela la excepción a la regla. Aula Abierta reportó las amenzas continuas del régimen venezolano a las casas de estudio de educación mayor, implementando en los últimos […]

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