Juan Requesens se suma a la lista de presos de conciencia en Venezuela

La noche del 07 de agosto de 2018, Juan Carlos Requesens, estudiante de la carrera de estudios políticos en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y diputado a la Asamblea Nacional fue detenido arbitrariamente junto con su hermana, Rafaela Requesens, Presidenta de la Federación de Centros de Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Rafaela fue liberada horas después de su aprehensión, por su parte, el estudiante universitario y diputado, se mantuvo incomunicado durante más de 100 horas después de su detención.

Las detenciones se realizaron mientras el Presidente de la República, Nicolás Maduro, denunciaba en cadena nacional el presunto intento de magnicidio ocurrido el sábado 4 de agosto de 2018. En su transmisión, culpó de manera directa a los que participaron en las protestas del 2017, afirmando que estuvieron involucrados en el supuesto atentado en su contra ; adjudicándole responsabilidad directa del atentado a Julio Borges y estudiante de la UCV y diputado, Juan Requenses. La ilegítima Asamblea Nacional Constituyente acordó allanar su inmunidad parlamentaria y acto seguido, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró que  permanecería en custodia policial hasta su enjuiciamiento.

La dirigente estudiantil y hermana del parlamentario, Rafaela Requesens, aclaró que durante la aprehensión de ambos el pasado martes 07 de agosto, no hubo un interrogatorio ni explicación de lo acontecido. Además, la estudiante realizó un pronunciamiento en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la ciudad de Caracas, Venezuela, en un acto respaldado por estudiantes universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Universidad  Simón Bolívar, Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Metropolitana, quienes denunciaron la situación y pidieron apoyo a esta Institución internacional.

Para proceder con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional y el diputado, en caso de cometer un crimen, ha de ser descubierto en flagrancia, requisitos que no se cumplen en el caso de Juan Requesens.

Al respecto, familiares y organizaciones con fines políticos han denunciado que el estudiante fue obligado a declarar en condiciones inhumanas frente a sus victimarios y no ha sido visto por sus familiares ni abogados. Además, la inmunidad parlamentaria del diputado ante la Asamblea Nacional, fue revocada por la Asamblea Nacional Constituyente, según los argumentos expuestos por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cual declaró procedente el enjuiciamiento de Requesens.

Al joven parlamentario se le ha prohibido la comunicación, sus familiares expresaron a través de un comunicado publicado el 12 de agosto, que el estudiante universitario ha permanecido más de 120 horas aislado e incomunicado. Manifiestan preocupación por su integridad física y psicológica luego dos videos que salieron a la luz pública:

En uno de los videos, Requesens confiesa su participación en los hechos del 4 de agosto y ubica a otro dirigente de su partido, Julio Borges, como autor intelectual del supuesto magnicidio. Estas afirmaciones no pueden ser corroboradas, pues se desconoce el estado anímico del diputado y la manera en las que estas declaraciones fueron obtenidas. En otro, puede verse al parlamentario en condiciones sumamente deplorables; presuntamente narcotizado, golpeado y en ropa interior manchada con excrementos. No es la primera vez que se acusa a las fuerzas de seguridad oficiales de incurrir en prácticas de abuso psicológico, tortura, tratos cueles  y degradantes, lo que se traduce en violación de derechos humanos.

 

Por otra parte, las autoridades pretendían designar un defensor público a Juan Requesens en la audiencia que fue diferida para el lunes 13 de agosto de 2018 a las 3:00 de la tarde, a pesar de que su familia designó al abogado Joel García para su defensa, quien, además, informó no haber tenido acceso a su defendido ni a las actas del expediente para la fecha.

Finalmente, en horas de la tarde del 13 de agosto, Requesens fue trasladado desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el Helicoide al Tribunal 1° de Control con competencia en Terrorismo, para la audiencia de presentación, que tuvo una duración de más de 6 horas, culminando a la 1 de la madrugada.

En dicha audiencia, no hubo decisión por parte del el juez, sin embargo, la Fiscalía imputó al estudiante por los delitos de instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro, homicidio calificado en grado de frustración contra los militares de la Guardia Nacional Bolivariana, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir Financiamiento al terrorismo, daños a la propiedad y traición a la patria. Joel García, su abogado defensor, dio a conocer que el Ministerio Público solicitó la privativa de libertad del diputado y la enajenación de bienes. Se desconoce el tiempo de condena y si el sitio de detención será en El Helicoide o La Tumba, Plaza Venezuela.

Luego de que las autoridades permitieran que el profesor Joel García fuese el abogado de Juan Requesens, este denunció la nulidad del proceso judicial al no cumplirse con los procesos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Procesal Penal. La forma en la cual se allanó la inmunidad de este joven parlamentario y estudiante de la UCV, son las verdaderas evidencias de que el Estado venezolano una vez más incurre en la persecución de sus disidentes y opositores sin ningún tipo de prueba palpable.

A pesar de que no existen suficientes pruebas para declarar culpable al diputado de los crímenes que se le atribuyen, el fiscal general Tarek William Saab ya se pronunció sin tomar en cuenta en ningún momento que la detención del diputado se hizo a través de un proceder plagado de vicios, donde se incumplieron todos los debidos procedimientos judiciales que se encuentran establecidos en la ley venezolana.

Debe recordarse que la utilización de pruebas obtenidas a través de métodos como la tortura en cualquier procedimiento va en vía contraria al derecho internacional y se opone también a lo establecido en la Constitución de Venezuela. Hay que tener en cuenta que la norma de exclusión de pruebas no se utiliza contra un individuo acusado de tortura para señalar que se hizo tal declaración (en lugar de conceder la declaración por su veracidad).

Aula Abierta condena la detención arbitraria del estudiante universitario Juan Requesens, el allanamiento ilegal de su fuero político, la violación de sus derechos humanos y la inexistencia del debido proceso durante el desarrollo de estos acontecimientos. Reiteramos una vez más nuestra reprobación a las amenazas contra los valores democráticos en los que se sustenta la academia venezolana y los agravios cometidos contra los miembros de la comunidad universitaria venezolana.

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