La seguridad y la paz universitaria se disipa por omisión.

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En lo que respecta a una sociedad pacífica y segura, Venezuela se encuentra lejos de alcanzar el objetivo propuesto por las Naciones Unidas. El último Índice de Ley y Orden de la encuestadora Gallup señala que Venezuela obtuvo el título de país “menos seguro” por segundo año consecutivo, lugar que comparte con Afganistán, una nación devastada por la guerra. En un informe temático realizado por Aula Abierta en el año 2017, se señaló que en el mismo índice el país obtuvo la peor puntuación en su historia: 35 de 100, que es también la peor evaluación para cualquier nación en más de una década.

Este año no promete ser diferente y Venezuela sigue hundiéndose en los últimos lugares de los índices del continente americano; el pasado domingo 19 de agosto, la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) sufrió el hurto de 14 neumáticos y llantas de unos vehículos que se encontraban estacionados en la Dirección de Transporte de esa casa de estudios superiores.

La denuncia se realizó ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); sin embargo, las autoridades rectorales afirmaron que debido a la impunidad y al déficit presupuestario que soporta la escuela, ven poco probable que estos cauchos logren ser repuestos.

Considerando la fuerte crisis de los servicios públicos en Venezuela, este tipo de situaciones afectan de manera inmediata los derechos estudiantiles además de obstruir la posibilidad de transporte a quienes realizan sus estudios y pertenecen a la comunidad universitaria de la UCLA. Las dificultades económicas que atraviesa la universidad le hacen más difícil recuperarse de este tipo de duros golpes que deforman su calidad educativa.

 

Enfrentando a un enemigo constante.

El contexto es propicio para entender que durante este año 2018 la Universidad Central de Venezuela ha sido víctima de múltiples robos y sucesos delictivos que gradualmente han causado un daño considerable en los recintos. Los crímenes suelen quedar impunes, por lo que la desconfianza aumenta hacia los organismos que deberían asumir la justicia ante estos hechos que se han convertido muy lastimosamente en cotidianidad.

Tan solo el lunes 4 de Junio de este año se registraron múltiples hechos delictivos cometidos en las distintas sedes que conforman la UCV. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales fueron abordados por delincuentes con armas de fuego que se encontraban en las adyacencias de ese recinto estudiantil. Según informó El Nacional, los vigilantes de la universidad lograron capturar a dos de los agresores y los pusieron a la orden de las autoridades.

Actos similares ocurren habitualmente en las inmediaciones universitarias, especialmente cuando se asoma la oscuridad. El mismo día fueron robados más de 150 metros de cable de alta tensión en la Facultad de Agronomía ubicada en Maracay, lo que afectó directamente a los laboratorios, oficinas y aulas de la Facultad de Veterinaria. Además robaron por segunda vez cableado de la Escuela de Comunicación Social de la UCV en Caracas. Todo esto sucedió en menos de tres días, lo que evidencia una experiencia universitaria aplazable para la mayoría de los estudiantes del turno nocturno.

https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1003765308765687809

Sucedió también un saqueo en el Centro de Documentación Max Flores Díaz y la Biblioteca de Postgrado CEAP de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. De igual manera el servicio médico de la Dirección de Deportes de la UCV. Desaparecieron computadoras y otros equipos durante el fin de semana.

 

 

Según reseñó el Diario El Nacional el 23 de junio, 1400 estudiantes del núcleo Guarenas de la Universidad Nacional Experimental Politécnica (UNEXPO),  fueron víctimas de los robos que ocurren de manera cotidiana en las adyacencias de la universidad. Debido a esto, el presidente del Centro de Estudiantes de la UNEXPO en Guarenas, Daniel López, se vio obligado a exigir al Estado una mayor presencia de los cuerpos de seguridad.

Estas olas de crímenes lamentablemente no son bien atendidas por los entes de seguridad. Muchos de estos episodios tanto diurnos como nocturnos no han sido suficiente evidencia para lograr un cambio palpable en esta situación que afecta gravemente a la población estudiantil y dificulta mucho más el camino hacia el desarrollo humano y social.

Los organismos de seguridad venezolanos permanecen inmóviles ante una de las deserciones más altas a nivel educativo que el país ha presenciado, causada en parte por la permanencia del crimen dentro de los espacios universitarios. Diariamente se encuentran en situación vulnerable las vidas de profesionales, estudiantes y trabajadores que realizan notorios esfuerzos para poder asistir y cumplir con sus objetivos dentro de la universidad.

Evidentemente las condiciones no son las correctas para el desarrollo estudiantil que exigen los tiempos. Cuando el gobierno irrespeta el estado de derecho, siempre buscará la manera de utilizar la educación como un arma para justificar los daños causados contra la misma sociedad. Aunado a la inseguridad, aproximadamente 3.000.000 de estudiantes asisten a clases de manera irregular al tener que remediar también las consecuencias de la escasez de alimentos y la falta de acceso a servicios oportunos.

Marlín Rosales, decano de la Facultad Experimental de Ciencias de LUZ, explicó que para el 2013 la matrícula de esta facultad era de 4.311 estudiantes y para el último trimestre del 2017 el alumnado se redujo a 2.214 estudiantes, lo que constituye casi un 49 por ciento de deserción solo en esa facultad. Todo esto se debe al alto costo de la vida, la inseguridad interna y el mal funcionamiento de los servicios públicos.

 

La lucha por la autonomía frente a las responsabilidades del Estado.

Sobre este contexto se han pronunciado rectores, entes y asociaciones universitarias, con el fin de expresar la decadente situación. El secretario de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure, dejó claro a través de su cuenta twitter el 3 de mayo que los altos índices de robos y hurtos suscitados en el recinto universitario, se deben a un mal funcionamiento de los cuerpos de seguridad del estado.

El Consejo Universitario de la U.C. en sesión del viernes 22 de junio, aprobó acompañar a la comunidad universitaria hacia los organismos de seguridad para demandar un mayor amparo y patrullaje. La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo, desde la misma sesión comunicó su rechazo a la persecución académica que se funde dentro de la crisis actual y de la cual ella misma fue víctima.

La rectora ucista también denunció el día viernes 6 de julio, que la delincuencia ha desmantelado esta institución de educación superior ante la inactividad de las autoridades policiales de la región. Aseguró que desde hace varios meses no ha pasado un solo día sin que ocurra algún acontecimiento delictivo en la U.C. Divo exigió a los cuerpos de seguridad que cumplan con sus deberes de resguardo y protección.

Las autoridades rectorales exigieron a la gobernación de Carabobo una mayor presencia de los organismos de seguridad en el perímetro universitario y el sábado 7 de julio el gobernador de Carabobo respondió: Rafael Lacava prometió “recuperar” la Universidad de Carabobo en asociación con sus estudiantes. Una clara amenaza a la autonomía e independencia de la universidad.

En un video difundido a través de su cuenta en Twitter, Lacava descartó ofrecer una solución conciliadora a las autoridades rectorales. Por el contrario culpó de “hundir en la desidia y mediocridad” a la institución académica, “ocultándose tras la autonomía universitaria”. Asimismo, agregó que “es una desgracia para los estudiantes tener a esos tipos ahí” al referirse a la rectora Divo y al secretario Aure. “Esa universidad la vamos a recuperar, va a ser la mejor de Venezuela. Esa universidad le vamos a meter la mano para recuperarla de donde la metieron estos bandidos”. También en Twitter acusó, sin pruebas, de corrupción al secretario Aure.

Jessy Divo ha comunicado en diversas oportunidades su rechazo a este tipo de actitudes por parte de las autoridades gubernamentales de la entidad, que proyectan usurpar la autonomía de la Universidad de Carabobo. La rectora también ha dicho que la comunidad universitaria se mantiene activa en defensa de la operatividad de la casa de estudios, pese a las dificultades que se presentan en distintas áreas y que ya fueron denunciadas ante las instancias pertinentes.

El 4 de julio de 2018 dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo (U.C.) intentaron huir de un asalto pero no lograron evitar ser heridos durante este hecho que ocurrió dentro del recinto académico. Los estudiantes fueron identificados como Johan Zerpa de 22 años, quien presentó heridas en el tórax y en la región cervical posterior. Benjamín Dumont de 21 años, fue herido en el abdomen, en la región lumbar y occipital. El primero está recluido en el Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde mientras que Dumont fue trasladado a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera.

La rectora Divo rechazó el hecho y señaló que la U.C. ha venido denunciando y reclamando la actuación de los organismos de seguridad. También han solicitado ser escuchados y atendidos por la gravedad de la situación y lo único que han recibido según Divo han sido ofensas e indiferencia. En el acontecer diario de las universidades venezolanas pareciera que esta indiferencia de los organismos policiales se encuentra patentada.

Una suerte de útil escolaridad esperando a ser destruida.

La delincuencia desatada se ha ido encargando de desinflar las aulas e instalaciones de sus herramientas eléctricas, infraestructura y calidad. Al no existir el estado de derecho necesario para atender los distintos costados de la crisis que afecta a la comunidad académica venezolana, el hueco que se crea por causa de esta es cada vez más amplio y difícil de reconstruir.

Entre las numerosas exhortaciones que se le hacen al Gobierno con la esperanza de alcanzar una iniciativa que solucione el problema de criminalidad y violencia del país, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) exigió al Gobierno nacional tomar medidas “urgentes” para dar solución a la crisis de inseguridad que afecta tanto a las casas de estudios superiores como a todos los sectores del país.

En el occidente de Venezuela, el ocaso de las infraestructuras universitarias se debe a la acción del tiempo como al vandalismo impune. Según asegura el presidente de ATAUCLA, Rubén Albornoz, han robado comida y equipos en las sedes de Tarabana, han invadido terrenos en la sede de Postgrado, se robaron aires acondicionados en Administración pero también en Medicina hay una filtración de agua en una tubería que todavía no se ha podido resolver”. Todos estos problemas fueron suficientes para inducir un paro en la UCLA el pasado mes de Julio de este año.

Por otro lado, la rectora de la Universidad de Oriente (UDO), Milena Bravo, afirmó en una entrevista a Unión Radio que quienes ingresan al campus a robar también destruyen sin piedad. En palabras textuales de Bravo: “No solo se llevan las cosas, sino que destruyen todo. Todo esto es causado por la falta de seguridad”. La UEPO UDO (San Félix) eliminó el turno nocturno debido a la inseguridad y la falta de electricidad.

La invasión en terreno del conocimiento.

No deja de sorprender cómo la crisis tan aguda no solo ha afectado a estudiantes y profesores, sino también a la naturaleza, fauna y flora que se encuentra bajo resguardo universitario. El Equipo Equino de la FCV-UCV informó que el pasado 22 de Agosto una de sus yeguas fue asesinada por delincuentes que buscan la carne de estos animales para consumirla.

 

Este es el cuarto caballo que muere en manos de individuos que probablemente nunca presenciarán la justicia por los crímenes que cometen contra la propiedad de las universidades, la cual es un baluarte que debe ser protegido de toda amenaza.

Otras incidencias similares han ocurrido este año. La entrada principal de la Finca Judibana, propiedad de la Universidad de los Andes (ULA), ubicada en el Vigía Estado Mérida dentro de los predios de la zona de protección aérea del Aeropuerto Internacional Juan Pablo Pérez Alfonso de El Vigía, fue nuevamente objeto de invasiones que hasta la actualidad no han sido desalojadas por completo, acción que le corresponde a la Guardia Nacional Bolivariana. Desde el 16 de abril se encuentra un grupo de al menos 100 hombres, mujeres y niños que se denomina “Comuna Socialista Unidad Batalla y Victoria”, ocupando ilegalmente la zona.

Los invasores dañaron parte del terreno para sembrar yuca y hortalizas. De la misma manera utilizaron la zona de ordeño de las reses, la cual requiere un procedimiento de higiene constante. También los invasores taparon el cartel que identifica el lugar como zona académica y perteneciente a la Universidad de Los Andes. Paralizaron además las actividades de la finca y no hay acción de la Guardia, pese a que ya un Tribunal Agrario dictaminó que esta zona es propiedad de la Universidad de Los Andes.

Posteriormente, el 22 de abril, se pudo corroborar la matanza de reces propiedad de la ULA así como la destrucción de corrales y puertas. Este suceso además de ser una violación a la propiedad privada, es también considerado un acto de vandalismo tomando en cuenta las pérdidas ocasionadas en las áreas de ordeño.

La libertad con la que operan las personas que se ponen al margen de la ley pone en peligro los proyectos de conservación ambiental, enseñanza e investigación llevados a cabo por los profesores y estudiantes de la ULA. La deforestación y la habitación ilegal ponen en inminente peligro los espacios en donde mora un biodiverso conjunto de especies protegidas.

La misma situación se vive en la Estación Experimental Caparo, la cual se encuentra ubicada en la Reserva Forestal Caparo, estado Barinas. Este sitio es también propiedad de la Universidad de Los Andes y a pesar de que al inicio del año 2018, el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del estado

Barinas decretó una medida de protección ambiental de la EEC-ULA, los resultados han sido anulados por la impunidad y la reaparición de los invasores.

 

El declive de la autonomía universitaria en Venezuela.

Defender la autonomía universitaria se ha convertido en una misión injusta en Venezuela. Lo que alguna vez fue un derecho respaldado por las leyes hoy parece ser un concepto que busca ser destruido por el hampa y redefinido por el Estado, el cual realmente solo debe garantizar el libre ejercicio del pensamiento crítico y su desarrollo sin interferir en el mismo.

La paz universitaria y la seguridad en sus espacios no es un objetivo inalcanzable. Contrariamente, la falta de compromiso es lo único que aleja a los estudiantes venezolanos de poder vivir una realidad tranquila dentro de las facultades, las cuales se encuentran en un descenso permanente ante las miradas inmóviles del Estado. El gobierno nacional ha demostrado tener recursos flexibles que pudiesen aliviar esta situación y aportar un verdadero progreso para la comunidad académica en vez de acudir a la diatriba política.

Es prioridad, ahora más que nunca, luchar para impedir un mayor retroceso en los terrenos universitarios y dentro de las facultades. Aula Abierta reprueba las sustentadas violaciones a los derechos universitarios, la libertad académica y las dificultades generadas por el crimen desatado y el vandalismo. Así mismo, condena la omisión de los entes de seguridad estatales, municipales y regionales; ellos deben cooperar de manera uniforme con la causa de una universidad más segura y estable para sus estudiantes.

1 respuesta

  1. ONG denunció índices de inseguridad en universidades de Venezuela
    31 agosto, 2018

    […] Con información de Aula Abierta Universitaria […]

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