A 2 meses de la detención arbitraria del estudiante y diputado Juan Requesens

El 7 de octubre de 2018, se cumplen 2 meses de la detención arbitraria del estudiante universitario y diputado, Juan Requesens, ampliando así la lista de presos de conciencia en Venezuela.

Juan Requesens, estudiante universitario de la Universidad Central de Venezuela y diputado a la Asamblea Nacional.

La noche del 07 de agosto de 2018, Juan Carlos Requesens, estudiante de la carrera de estudios políticos en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y diputado a la Asamblea Nacional fue detenido arbitrariamente junto con su hermana, Rafaela Requesens, Presidenta de la Federación de Centros de Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), al ser acusado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, de haber estado involucrado en el presunto intento de magnicidio en su contra. Rafaela fue liberada horas después de su aprehensión, por su parte, el estudiante universitario y diputado, se mantuvo incomunicado durante más de 100 horas después de su detención.

En dicho incidente, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente acordó allanar su inmunidad parlamentaria y acto seguido, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró que  permanecería en custodia policial hasta su enjuiciamiento. Para proceder con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional y el diputado, en caso de cometer un crimen, ha de ser descubierto en flagrancia, requisitos que no se cumplen en el caso de Juan Requesens.

Además, el estudiante universitario ha permanecido aislado e ncomunidado, sin poder recibir visitas por parte de su familia ni de sus abogados.

Durante su aprehensión, familiares y organizaciones con fines políticos han denunciado que el estudiante fue  obligado a declarar en condiciones inhumanas frente a sus victimarios, y manifiestaron preocupación por su integridad física y psicológica luego dos videos que salieron a la luz pública:

En uno de los videos, Requesens confiesa su participación en los hechos del 4 de agosto y ubica a otro dirigente de su partido, Julio Borges, como autor intelectual del supuesto magnicidio. Estas afirmaciones no pueden ser corroboradas, pues se desconoce el estado anímico del diputado y la manera en las que estas declaraciones fueron obtenidas. En otro video, puede verse al parlamentario en condiciones sumamente deplorables; presuntamente narcotizado, golpeado y en ropa interior manchada con excrementos. No es la primera vez que se acusa a las fuerzas de seguridad oficiales de incurrir en prácticas de abuso psicológico, tortura, tratos cueles  y degradantes, lo que se traduce en violación de derechos humanos.

 

Finalmente, el 20 de septiembre se informó a través de la cuenta su cuenta de Twitter (@JuanRequesens) que luego de 44 días, sus familiares pudieron acceder a verlo y constatar su integridad física, mental y emocional. Sin embargo, se le sigue negando el derecho a la defensa al no permitirse ver a sus abogados.

El proceso judicialal cual ha sido sometido Juan Requesens ha estado viciado:  las autoridades pretendían designarle un defensor público, a pesar de que su familia designó al abogado Joel García para su defensa, quien, además, informó no haber tenido acceso a su defendido ni a las actas del expediente para el 13 de agosto, día de la audiencia de presentación.

En dicha audiencia, no hubo decisión por parte del el juez, sin embargo, la Fiscalía imputó al estudiante por los delitos de instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro, homicidio calificado en grado de frustración contra los militares de la Guardia Nacional Bolivariana, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo, daños a la propiedad y traición a la patria. Joel García, su abogado defensor, dio a conocer que el Ministerio Público solicitó la privativa de libertad del diputado y la enajenación de bienes. Se desconoce el tiempo de condena y si el sitio de detención será en El Helicoide o La Tumba, Plaza Venezuela.

Luego de que las autoridades permitieran que el profesor Joel García fuese el abogado de Juan Requesens, no ha podido tener acceso a los expedientes desde el 14 de agosto, cuando se llevó a cabo la audiencia de presentación. Ni siquiera porque introdujeron un recurso de amparo en tribunales para pedir que se les dieran estos documentos para preparar la defensa. La forma en la cual se allanó la inmunidad de este joven parlamentario y estudiante de la UCV, son las verdaderas evidencias de que el Estado venezolano una vez más incurre en la persecución de sus disidentes y opositores sin ningún tipo de prueba palpable.

A pesar de que no existen suficientes pruebas para declarar culpable al diputado de los crímenes que se le atribuyen, el fiscal general Tarek William Saab se pronunció sin tomar en cuenta en ningún momento que la detención del diputado se hizo a través de un proceder plagado de vicios, donde se incumplieron todos los debidos procedimientos judiciales que se encuentran establecidos en la ley venezolana.

A un mes de su detención, los médicos del estudiante y diputado Juan Requesens, advirtieron que su salud está en riesgo debido a que no está recibiendo el tratamiento necesario por su condición de paciente bariátrico, con trastornos metabólicos, además de problemas de tensión e insulina. Asimismo, el médico Ricardo Alonso resaltó que Requesens es un paciente “inmunocomprometido”, lo que significa que su defensas bajan a medida que pierde peso. Además, indicó que el diputado debe ingerir alimentos 5 veces al día, porque su estómago es muy pequeño; tomar suplementos vitamínicos y nutricionales, así como tomar sol, y las condiciones bajo las que se encuentra recluido atentan contra estos requerimientos.

Debe recordarse que la utilización de pruebas obtenidas a través de métodos como la tortura en cualquier procedimiento va en vía contraria al derecho internacional y se opone también a lo establecido en la Constitución de Venezuela. Hay que tener en cuenta que la norma de exclusión de pruebas no se utiliza contra un individuo acusado de tortura para señalar que se hizo tal declaración (en lugar de conceder la declaración por su veracidad).

Aula Abierta condena la detención arbitraria del estudiante universitario Juan Requesens, el allanamiento ilegal de su fuero político, la violación de sus derechos humanos y la inexistencia del debido proceso durante el desarrollo de estos acontecimientos. Reiteramos una vez más nuestra reprobación a las amenazas contra los valores democráticos en los que se sustenta la academia venezolana y los agravios cometidos contra los miembros de la comunidad universitaria venezolana.

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