La Universidad del Zulia declara sobre la emergencia humanitaria compleja en el sector educativo en Venezuela

El pasado 25 de septiembre la Asamblea Nacional venezolana acordó declarar en emergencia humanitaria al sector educativo y exigió al gobierno cumplir su deber constitucional de garantizar una educación de calidad.

En este sentido, el Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, declarado en sesión permanente desde septiembre, acordó por unanimidad en la reunión de fecha 15 de octubre de 2018, aprobar la Emergencia Humanitaria de la Institución y adherirse a la declaratoria de Emergencia Humanitaria Compleja en el sector educativo emitida por la Asamblea Nacional de Venezuela, fundamentada en la confluencia de las condiciones negativas extremas de vida que ha alcanzado su comunidad docente, estudiantil, administrativa y obrera, la cual ya se encuentra en evidente estado de colapso, tanto en su rutina diaria como dentro del ámbito institucional, producto de la indiferencia e ineficiencia gubernamental frente a los grandes problemas que afectan al país y sus continuos errores en el ámbito económico, político y social.

En su comunicado, La Universidad del Zulia establece que “en el ámbito institucional, se evidencia la crisis y agonía de la educación de calidad, debido a la migración forzada del talento humano, el alto deterioro de la infraestructura, la obsolescencia de la plataforma tecnológica y la dificultad para la adquisición de insumos imprescindibles para el desarrollo de las funciones medulares: docencia, investigación y extensión”.

Estos hechos han producido deficientes condiciones de los espacios de trabajo y de los espacios para la enseñanza, causando un gran colapso institucional y administrativo, lo que puede devenir en la paralización o cierre de la universidad, vulnerando así los derechos humanos en el ámbito universitario; libertad académica y autonomía universitaria.

Por otro lado, el CU en su comunicado considera que “la sostenida asfixia financiera de la educación superior como política del gobierno nacional, recientemente incrementada por la imposición de un instructivo para el cálculo de los salarios que vulnera de manera absoluta las exigencias básicas del derecho al trabajo, la progresividad de la composición de las tablas salariales y el respeto por los escalafones del personal en el sector universitario, viola la autonomía administrativa de la Universidad y las respectivas contrataciones colectivas, negando a los miembros de la comunidad el derecho a un trabajo decente, bien remunerado para mantener un nivel de vida digno”.

La universidad concluye que “lo descrito anteriormente ha traído como consecuencia un efecto nocivo sobre la salud física, emocional y mental de los miembros de la comunidad universitaria, ocasionando un daño irreversible a la libertad académica, la calidad de la formación profesional y al desarrollo intelectual de los estudiantes, lo cual impide la movilidad social de los jóvenes venezolanos y pone en riesgo el desarrollo sostenible de la nación y la democracia misma”.

Por último, el Consejo Universitario de la Universidad del Zulia resolvió lo siguiente:

  1. Declarar la Emergencia Humanitaria de la Universidad del Zulia.

 

  1. Adherirse a la declaratoria de Emergencia Humanitaria Compleja de la educación venezolana, emitida por la Asamblea Nacional de Venezuela.

 

  1. Reiterar la exigencia al Estado venezolano de permitir con urgencia el establecimiento de mecanismos que faciliten la ayuda humanitaria a través de la cooperación internacional.

 

  1. Exigir al Gobierno nacional las condiciones para la visita al país de los órganos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas y del sistema interamericano.

 

  1. Apoyar las iniciativas de los gremios de profesores, estudiantes y trabajadores universitarios para denunciar la crisis social y económica en el marco de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa Venezuela.

 

  1. Brindar respaldo institucional a las organizaciones de la sociedad civil que hacen esfuerzos por evidenciar los graves indicadores de la crisis social y económica del país ante las instancias internacionales de protección de derechos humanos.

 

  1. Exigir el cese de los ataques gubernamentales contra la libertad académica y la autonomía universitaria.

 

  1. Exhortar al resto de las Instituciones de Educación a unir esfuerzos para fijar posiciones consensuadas en torno a la declaratoria de Emergencia a nivel nacional e internacional.

 

 

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