Gobierno neutraliza a la juventud universitaria y al liderazgo estudiantil en Venezuela

Por Juan Manuel Bracho.

En Venezuela se ha confirmado una práctica empleada por las autoridades del poder público de discriminación política y persecución contra estudiantes que ejercen el activismo político en movimientos universitarios. El Estado y toda institución de educación superior debe garantizar al estudiante el derecho a la libertad académica, ningún universitario puede ser perseguido o discriminado por dar su opinión sobre cualquier asunto nacional o internacional.

En las universidades paralelas creadas por el gobierno nacional, sin autonomía e influenciadas por la doctrina socialista, se constado una práctica discriminatoria por razones políticas cuando los universitarios son castigados por el mero hecho de expresar su postura crítica al gobierno o negarse a hacer proselitismo político a favor del partido oficialista.

Prácticas de discriminación política en las universidades vinculadas al gobierno nacional

En este sentido, Aula Abierta en conjunto con distintos centros de derechos humanos en el ámbito universitario como el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes han documentado desde el 2016 una serie de casos que se enmarcan esta línea de discriminación y persecución. El más reciente ocurrió el pasado 25 de enero de 2019, el joven Franklin Camargo estudiante de Medicina de la Universidad Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG), fue expulsado por cuestionar a su profesor de Fisiopatología Dr. José Meza quien dedicaba la mayoría de sus clases a hacer proselitismo político a favor del gobierno nacional.

Sobre este caso, Franklin Camargo comentó con detalles como se produjo el hecho, “el 23 de enero el Dr. José Meza expuso por más de una hora un discurso de adoctrinamiento donde señalaba la importancia de eliminar el juramento hipocrático y hacer un juramento socialista , luego el 25 de enero a mitad de la clase el Dr. Meza criticó con euforia y de forma despectiva a los Venezolanos que huyen del país, incluso con sarcasmos con aquellos que se van a realizar trabajos de limpieza, haciendo ver que aquí exageran con la situación que a su parecer no está mal. Yo intervine y exprese que era una consecuencia del gobierno actual cuando de forma airada me sacó del salón, yo recogí mis cosas y antes de salir dije que si esa era la libertad que promueven, sacarme del aula por mi tendencia política, bajo gritos me contesto, por eso y porque eres un falta de respeto, estas expulsado y me traslado al Despacho del Decano de Medicina Lucio Díaz Ortiz quien al escuchar la versión del profesor Meza, no escucho mi replica y me dijo, esta es una universidad Chavista y Revolucionario si no te gusta vete a Harvard, estas expulsado de aquí”.

En este sentido, el profesor Meza y el Decano Díaz levantaron un acta donde se relataba que el joven Camargo había ofendido a las autoridades de la universidad y a Nicolás Maduro, sobre esta acta se recibieron denuncias de que los estudiantes fueron amenazados con ser expulsados a quienes se negaran de firmarla. Camargo señalo que “unas tres horas después de mi retiro inmediato de la casa de estudio, acudí nuevamente a la universidad, específicamente al despacho del Decano para evaluar mi expulsión y el proceso de la misma, el decano me amenazo personalmente con llamar a seguridad en varias ocasiones para que me retirara del lugar e incluso afirmo que estaba expulsado y ya, sin carta ni certificado. Expulsado, no regresas. No me provoques. Eres un delincuente”. De igual forma, el estudiante Camargo comentó haber escuchado por distintas fuentes informales la apertura de un supuesto procedimiento administrativo, sin embargo aún no ha sido notificado[1].

Este no es el único caso sobre discriminación política en las universidades venezolanas, en la Universidad Pública Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA), en 2016 se documentó la expulsión de Isaac Lugo estudiante de Economía Social en la UNEFA núcleo Falcón.

El joven fue expulsado por haber incurrido en una supuesta falta grave al publicar en sus redes sociales un video donde daba a conocer las largas colas que se hacían en el comedor de su universidad y el estado en el que se encontraba. De igual forma, fue cuestionado y maltratado verbalmente por las autoridades de su universidad por portar accesorios (pulseras, chapas) alusivos al partido político al cual milita[2].

En este sentido, en noviembre de 2016 el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA documentó a profundidad el caso de Rafael Avendaño estudiante de Medicina Integral Comunitaria en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV-Mérida), el referido estudiante fue sancionado con la expulsión por haber colocado un canal comercial diferente al oficial del Estado, en la televisora del consultorio donde recibía sus clases prácticas. El acta de expulsión que le levantó la Coordinación del programa universitario señalaba textualmente que: “…a las 10 y 30 de la mañana en el consultorio Don Perucho se suscitó un inconveniente con el estudiante Rafael Avendaño, cuando el mismo enciende el televisor que se encuentra en la Sala de Espera, colocando otro canal no correspondiente a los canales del Gobierno, en lo cual yo María Vilchez, le hago la observación de por qué coloca ese canal si no es el indicado, entonces el estudiante, se molesta y responde groseramente: “No faltaba más y eso por qué”, siendo mi respuesta: “Si no está de acuerdo con las reglas del Consultorio y con el Proceso Revolucionario, tu sabes lo que tienes que hacer porque esto fue un Proyecto de nuestro Comandante (…) Su actitud fue totalmente hostil demostrando ser de un partido totalmente opositor. Les agradezco tomar carta en el asunto ya que estos consultorios y esta misión son de un proceso totalmente chavista y revolucionario. (…)[3].

De igual forma, Jose Atacho estudiante de medicina de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), fue suspendido arbitrariamente en 2016 de las actividades académicas y sometido a un procedimiento administrativo donde se violentó el derecho al debido proceso, al no permitírsele ver el expediente contentivo de las actuaciones procedimentales y ejercer su derecho a la defensa.

Su suspensión atendió a una represalia por su labor como dirigente estudiantil critico a las políticas de las autoridades de su universidad, específicamente por las denuncias realizadas sobre obras paralizadas dentro del recinto universitario a pesar de haberse liquidado los recursos para su desarrollo.

Discriminación política en el programa gubernamental de becas Jesús Enrique Lossada (Becas JEL)

Otro caso de discriminación política en la educación superior ocurrió  entre junio y julio de 2016, cuando ochocientos noventa y seis estudiantes (896) del estado Zulia fueran desincorporados del programa gubernamental de becas Jesús Enrique Lossada (Becas JEL), en el marco de la recolección del proceso de recolección de firmas a favor de la activación del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Se deduce que tal desincorporación obedeció a acciones y prácticas de represalias y discriminación política contra estudiantes universitarios, ejercidas desde la Gobernación del Estado Zulia. Los estudiantes para ser reincorporados fueron obligados a firmar una “carta de compromiso” en la cual se comprometían, entre otras cosas, a participar en las actividades a las que fueran convocados, a participar en diversas acciones comunitarias y de solidaridad, a no participar ni activa ni pasivamente en actos de proselitismo político contrario al gobierno nacional.  

Persecución y hostigamiento contra líderes estudiantiles

Ahora bien, además de estas prácticas sistemáticas de discriminación política contra estudiantes universitarios en Venezuela, se ha evidenciado una política de percusión contra los líderes estudiantiles. En este sentido, la noche del 7 de agosto de 2018, Rafaela Requesens, Presidenta de la Federación de Centros de Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) fue detenida arbitrariamente junto con el Diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Horas antes de que Rafaela fuese liberada, Alfredo García, Presidente Adjunto de la FCU-UCV, declaró para el equipo de  Aula Abierta: “Más de 14 funcionarios del SEBIN entraron a su residencia (Rafaela y Juan Requesens), sacándolos a golpes de la misma”. Tras su detención, ambos fueron trasladados al Helicoide, sede del SEBIN ubicada en Caracas. Finalmente, a las 10:50 P.M del 7 de agosto de 2018, la Presidenta de la FCU-UCV fue liberada[4].

Es pertinente destacar que no es la primera vez que un miembro de la FCU-UCV es perseguido, Hasler Iglesias, Ex Presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, encabezó un pancartazo el 24 de agosto de 2016 en el Bulevar de Sabana Grande, actividad que generó descontento en partidarios del gobierno y derivó en amenazas contra el dirigente estudiantil.

Horas más tarde recibió amenazas con volantes donde se le amenazaba de tomar “acciones drásticas en su contra” si seguía convocando actividades de protesta con el Movimiento Estudiantil. Este ex dirigente estudiantil, ya había sido objeto de discriminación y abuso de poder el pasado 01 de octubre de 2016 cuando fue detenido de forma arbitraria en el Aeropuerto Internacional de Maiquetia. De igual forma, denunció que en abril de 2016 alrededor de 20 personas encapuchadas y armadas atentaron contra estudiantes que se encontraban recolectando firmas en la Facultad de Ingeniería de la UCV, para convocar el referéndum revocatorio al gobierno de Nicolás Maduro. Los agresores robaron las planillas y golpearon a los estudiantes.

Otro caso reciente de persecución y hostigamiento se dio el pasado 14 de noviembre de 2018, cuando la Universidad de Carabobo en el ejercicio de su autonomía universitaria dio la oportunidad a más de 30 mil estudiantes a elegir sus nuevos representantes, tras 10 años de espera debido a las distintas decisiones de corte intervencionista por parte del poder judicial, el cual ha impedido la celebración de procesos electorales dentro de las universidades autónomas del país.

En este sentido, en la celebración de las elecciones estudiantiles de la Universidad de Carabobo (UC) se registraron distintos episodios de violencia con la finalidad de impedirlas por parte de un grupo de sujetos afín al gobierno nacional, actuando bajo las supuestas órdenes del Gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacava quien amenazó a través de sus redes sociales a las autoridades de la universidad y al nuevo presidente electo de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, el bachiller Marlon Díaz.

Otro caso de persecución y hostigamiento contra un líder estudiantil ocurrió en 2017, Carlos Ramirez es un dirigente perteneciente al Movimiento 13 de Marzo de la Universidad de Los Andes (ULA), en Mérida. El 15 de mayo de 2017, cuando se disponía a participar en el Plantón Nacional convocado por la oposición en su estado, fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional. Ni a sus abogados ni a sus familiares se les permitía tener contacto con el joven. Sus abogados tampoco podían constatar su estado de salud.

Ramírez fue procesado por un tribunal militar que lo acusó por el delito de ultraje al centinela. También fue imputado por instigación a la rebelión, aunque este cargo fue luego desestimado por el Ministerio Público. Fue recluido durante seis meses en la cárcel 26 de Julio del estado Guárico, lejos de su familia y cercanos. Durante el tiempo que estuvo tras las rejas, sufrió torturas que se sumaron a las arbitrariedades del proceso judicial. Un tribunal militar decidió que ya había cumplido el tiempo de su sentencia. Fue puesto en libertad el 20 de noviembre de 2017.

Aula Abierta condena todo tipo de práctica discriminatoria en la esfera de la educación superior y le recuerda a las autoridades del poder público que la libertad académica, engloba el derecho de toda persona a una educación superior en la que se respeten todas las corrientes de pensamiento. De igual forma, la libertad académica implica, la libertad de expresar libremente opinión crítica sobre la institución o el sistema en el que se está inserto, sin sufrir discriminación alguna o represión por parte del Estado o de cualquier otra institución u autoridad.

Por consiguiente, el llamado es al rescate de la verdadera democracia en Venezuela, las autoridades, funcionarios, órganos y entes competentes están en la obligación de ser garantes del texto constitucional, así como demás leyes y estándares internacionales en resguardo y protección de los derechos humanos.



[1] http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2019/01/30/imposicion-ideologica-y-protestas-enero2019/

[2] http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2016/10/Carta-abierta-discriminacion-politica-23-enero-2017.pdf

[3] http://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2019/02/Informe-Casos-Pr%C3%A1cticas-de-discriminaci%C3%B3n-por-razones-pol%C3%ADticas-en-Venezuela-Descargar.pdf

[4] http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2018/08/07/detienen-arbitrariamente-a-la-presidenta-de-la-federacion-de-centros-de-universitarios-de-la-universidad-central-de-venezuela/

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