Actos de hostigamiento y discriminación en el ejercicio de la docencia universitaria en Venezuela

En Venezuela se ha confirmado una práctica empleada por las autoridades del poder público de discriminación política y persecución contra estudiantes y profesores. El Estado y toda institución de educación superior debe garantizar al profesor el derecho a la libertad académica, ningún universitario puede ser perseguido o discriminado por dar su opinión sobre cualquier asunto nacional o internacional.

En las universidades paralelas creadas por el gobierno nacional, sin autonomía e influenciadas por la doctrina socialista, se ha constatado una práctica discriminatoria por razones políticas cuando los universitarios son castigados por el mero hecho de expresar su postura crítica al gobierno o negarse a hacer proselitismo político a favor del partido oficialista.

Aula Abierta en conjunto con distintos centros de derechos humanos en el ámbito universitario como el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes han documentado desde el 2016 una serie de casos que se enmarcan esta línea de discriminación y persecución. El más reciente ocurrió el pasado 25 de enero de 2019, el joven Franklin Camargo estudiante de Medicina de la Universidad Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG), fue expulsado por cuestionar a su profesor de Fisiopatología Dr. José Meza quien dedicaba la mayoría de sus clases a hacer proselitismo político a favor del gobierno nacional.

El pasado jueves 07 de marzo en Aula Abierta Radio, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Leobardo Zerpa profesor titular de la Universidad Nacional Occidental de Yaracuy (UNEY), quien realizó una denuncia pública en base a la suspensión recibida por parte de su casa de estudio donde llevaba 19 años laborando, en dicha resolución se le acusa de haber incumplido el reglamento general de la Universidad y el artículo 75, el cual establece que los miembros de la comunidad universitaria deben mantener un comportamiento o conducta decorosa dentro de las instalaciones de la institución. Zerpa asegura que existe una violación en su contra debido a que el día sábado 23 de febrero se encontraba en las calles de San Felipe y no estaba en su lugar de trabajo porque era su día libre, además asegura que las actividades de marcha en las que estaba participando, no fueron pronunciadas dentro de la universidad, ni la acción que estaba realizando es un delito tipificado en el código orgánico procesal penal.

El pasado 23 de febrero se realizaban en todo el país concentraciones y marchas en apoyo a la entrada de la ayuda humanitaria, el profesor Leobardo Zerpa asistió a las que se realizaron en las Villas de San Felipe y en el momento en que se disponía a realizar algunas grabaciones de los ataques por parte de los cuerpos de seguridad hacia los manifestantes, fue capturado posteriormente a unos 2 o 3 kilómetros del lugar específico donde sucedían los hechos de manifestación, siendo atacado por la espalda por un Guardia Nacional que no se identificó y no indico cual era el motivo de la detención.

Zerpa recibió perdigones a quema ropa, perdiendo el conocimiento en el acto y cuando despertó nuevamente, se encontraba arrodillado con las manos atadas en la cabeza debajo de un semáforo, siendo posteriormente trasladado con otro grupo de personas que también fueron capturadas, donde procedieron a realizar preguntas sobre los delitos por los que se les inculpaban, y donde fueron informados que estaban bajo orden de un secretario y no recibieron más especificaciones al respecto.

Posteriormente el profesor recibe una invitación a la unidad de recursos humanos de la Universidad, por parte de las autoridades de la institución y es allí donde recibe una notificación rectoral de fecha 26 de febrero de 2019 emitidos por el rector de la Universidad William Ramón Mendoza y la Vicerrectora académica Morelba del Pilar Monsalve ambos también apoyados por la Secretaria de la Universidad Rossana Aquilos Fernández suspendiéndolo temporalmente en el ejercicio de todas sus funciones como personal docente de la UNEY de conformidad con lo que ellos consideran que está plasmado en el marco legal vigente.

Es por ello, que el profesor Leobardo Zerpa hace formal y pública a través de Aula Abierta su denuncia, siendo esta la primera vez que ocurre en la UNEY este tipo de situaciones, en las que la retaliación se hace evidente a través de una resolución rectoral, donde las autoridades universitarias no tienen atribuciones ni competencias para determinar la suspensión de ningún miembro de la comunidad universitaria, las mismas atribuciones y fundamentaciones de competencias están establecidas a cargo de un cuerpo colegiado que está identificado en lo que corresponde a las funciones del consejo universitario, contando con participación de la comunidad de los egresados y de la comunidad de los profesores. Tampoco hubo un procedimiento previo, todo funcionario en la apertura de cualquier procedimiento administrativo debe tener sus derechos a la defensa y al libre proceso dictaminado bajo un clima en donde se perciba que el mismo pueda leer el expediente, fotocopiarlo y alegar todo lo que se corresponda a su defensa, y el sindicato no fue procesado por parte de las personas que hoy lo están sancionando.

Por otro lado, el profesor Leobardo comentó que solicitó a las autoridades rectorales de la Universidad que le hicieran llegar el nombre del profesor que asistirá de ahora en adelante a su matrícula escolar, ya que, las materias que instruía en modalidad a distancia como lo son Biomecánica y Anatomía de Infectología, requieren de una preparación previa para poder atender a los estudiantes a través de esta plataforma, además de tener el deber de entregar todo el material al nuevo profesor que le dará continuidad a ese grupo de estudiantes, quienes sufrirán un cambio importante a la llegada de un nuevo docente que se encargará de todo lo correspondiente a las evaluaciones del programa académico.

Aula Abierta condena todo tipo de práctica discriminatoria en la esfera de la educación superior y le recuerda a las autoridades del poder público que la libertad académica, engloba el derecho de todo universitario a que se respeten todas las corrientes de pensamiento. De igual forma, la libertad académica implica, la libertad de expresar libremente opinión crítica sobre la institución o el sistema en el que se está inserto, sin sufrir discriminación alguna o represión por parte del Estado o de cualquier otra institución u autoridad.

Por consiguiente, el llamado es al rescate de la verdadera democracia en Venezuela, las autoridades, funcionarios, órganos y entes competentes están en la obligación de ser garantes del texto constitucional, así como demás leyes y estándares internacionales en resguardo y protección de los derechos humanos.

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