Adeptos al oficialismo atentan contra la autonomía universitaria de la UDO

Desde el pasado martes 30 de abril, las oficinas del rectorado de la Universidad de Oriente permanecen tomadas por supuestos estudiantes que exigen la destitución de la rectora junto a la solución de problemas como: transporte, comedor y becas estudiantiles.

Un par de estudiantes de tendencia oficialista acompañados de personas pertenecientes a colectivos, irrumpieron en la sede del rectorado de la Universidad de Oriente (UDO) el pasado martes 30 de abril solicitando al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) la destitución de la máxima autoridad de esta casa de estudios, Dra. Milena Bravo.

Este grupo de supuestos estudiantes, ha permanecido cerca de una semana en las oficinas rectorales sin permitir el acceso de las autoridades e incluso el personal de seguridad. Reclaman soluciones en torno a problemas asociados con la falta de transporte, servicio de comedor, así como pago de becas y ayudantías estudiantiles; a la vez que señalan a la Rectora Bravo como la responsable del deterioro de las instalaciones de los núcleos y la acusan de malversar los fondos destinados para el pago de estos compromisos y mantenimiento del campus universitario.

El Consejo Universitario de la UDO en sesión extraordinaria celebrada el día jueves 02 de mayo de 2019, denunció enfáticamente que estas acciones representan una clara violación de la autonomía universitaria y repudió la injerencia y cooperación de entes públicos del estado Sucre durante esta ocupación arbitraria.

El Consejo Universitario aprovechó también para “solicitar al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), la asignación de un presupuesto justo para la Universidad de Oriente, la cual además de cumplir con su obligación de dar correcto uso a los recursos que le son entregados, rinde cuentas a los órganos competentes en forma clara, diáfana y prístina.” A la vez que exigió que el Estado reconozca que es el único responsable del deterioro actual de esta y todas las universidades autónomas del país.

En una entrevista concedida por la Rectora Bravo, declaró su preocupación por el daño de los activos de su oficina y del patrimonio administrativo de la universidad; también informó que oportunamente denunciaron el secuestro del edificio Rectoral y que acordaron con el viceministro Andrés Eloy Ruiz, la visita de las autoridades del MPPEUCT a las instalaciones de la UDO durante el día de 06 de mayo de 2019.

“Exhortamos a la comunidad universitaria y a la sociedad civil que repudien estas acciones violentas. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos junto a estas personas y las autoridades del MPPEUCT para hallar una solución (…) pero deben entender que la crisis de las universidades es responsabilidad del Estado que asigna presupuestos deficitarios que no alcanzan para cubrir las necesidades ni de esta ni de ninguna universidad en Venezuela” dijo Bravo.

Los representantes y movimientos estudiantiles junto con miembros de la comunidad udista han manifestado en redes sociales su descontento con esta situación y exigen que los órganos del Estado den una solución a esta violación de la autonomía e injerencia de los asuntos universitarios. Igualmente, los estudiantes de los núcleos de Cumaná, Anzoátegui y Nva. Esparta han protestado en las inmediaciones de cada uno de sus núcleos en rechazo a esta ocupación ilegal y afirman que permanecerán en las calles defendiendo su casa de estudios.

La Asociación Venezolana de Rectores (AVERU) se manifestó en apoyo de la Dra. Milena Bravo y rechazaron no solo las acciones de este grupo de presuntos estudiantes, sino que además evidenciaron la falta de estado derecho y desinterés por parte de las autoridades del MPPEUCT en su negativa de recibir la denuncia y contribuir en una solución conforme a las normativas universitarias.

Estas acciones de los grupos oficialistas que permanecen de forma ilegal en la sede del rectorado junto a la inoperancia del MPPEUCT, se configuran en una flagrante vulneración de la autonomía universitaria y libertad académica. Es una violación al derecho de los estudiantes de recibir una educación de calidad, y el derecho a trabajar en condiciones de dignidad de quienes hacen vida en esta universidad.

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