Toma de espacios universitarios por grupos oficialistas: Nueva práctica de violación a la autonomía universitaria en Venezuela

Las autoridades gubernamentales del Estado venezolano, principalmente a través del Poder Judicial han dirigido una serie de políticas intervencionistas en asuntos internos de las universidades públicas de la nación, las cuales menoscaban la autonomía universitaria. Aproximadamente desde el año 2010 se han registrado distintas decisiones de los órganos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se pronuncian sobre materias internas de las universidades como el ingreso y egreso de personal, la asignación de cupos para nuevos ingresos estudiantiles, incluso sobre la suspensión de procesos electorales estudiantiles.

En consecuencia, distintas universidades autónomas como la Universidad de Los Andes (ULA), la Universidad de Carabobo (UC), la Universidad Central de Venezuela (UCV), y la Universidad del Zulia (LUZ); no han podido renovar los cargos vencidos de sus autoridades, puesto que la Sala Electoral del TSJ ha impedido y suspendido la realización de elecciones universitarias, hasta tanto no se “reformen” sus reglamentos electorales internos en los términos impuestos en sus decisiones, lo que representa una grave transgresión a la autonomía administrativa que detentas las universidades para elegir y nombrar sus autoridades.

Uno de los precedentes donde grupos adeptos al gobierno de facto han tomado arbitrariamente espacios de gobierno universitario, sucedió el 30 de abril de 2019, cuando las oficinas del rectorado de la Universidad de Oriente (UDO) fueron ocupadas a la fuerza  por un grupo de personas que públicamente han manifestado ser adeptos al gobierno de facto, entre ellos algunos estudiantes quienes han sostenido que “actúan bajo órdenes del Ministro para la Educación Universitaria”. Además, han exigido la destitución de la rectora Dra. Milena Bravo, quien ha debido permanecer en su cargo debido al impedimento por parte del TSJ para realizar elecciones universitarias. Hasta la actualidad, este grupo ha impedido el acceso de las autoridades e incluso del personal de seguridad a la sede rectoral.

Recientemente, el 7 de junio de 2019, sujetos adeptos al Gobierno de facto y al Gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacava, tomaron por la fuerza las instalaciones de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo (FCU-UC), ubicada en la facultad de Ingeniería del Campus Bárbula; lo que generó enfrentamientos contra representantes de la FCU-UC que intentaban recuperar la sede.

Asimismo, en la Universidad Central de Venezuela, este 12 de junio de 2019, sujetos no identificados ingresaron en el departamento de Control de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV, causando daños a las instalaciones, afectando el registro de notas de los estudiantes y sus datos; lo que representa una grave violación a los derechos de los estudiantes y el personal universitario de la UCV.

Por otro lado, en la misma fecha del 12 de junio, el Consejero Universitario de la Universidad de Carabobo, Luis Yaguarate, fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), tras la acción de recuperación de la sede de la FCU-UC junto a Marlon Díaz y varios estudiantes el 10 de junio de 2019. El secretario general de la FCU-UC, Jesús Díaz, responsabilizó al gobernador Rafael Lacava por la detención arbitraria del representante estudiantil Yaguarate. Posteriormente de haber sido liberado el mismo día, el 13 de junio Yaguarate fue nuevamente citado y detenido por el CICPC, lo que evidencia claramente la persecución política y represalias en contra de dirigentes estudiantiles.

Los hechos expuestos anteriormente, implican un nuevo episodio de los ataques de las autoridades del Estado en contra de las instituciones de educación superior, que desde el año 2017 hasta este año 2019, se han registrado detenciones arbitrarias, hostigamiento, irrupciones al recinto universitario y agresiones físicas en contra de las autoridades, estudiantes, profesores y demás actores universitarios. Constituyendo una violación al derecho de los estudiantes de recibir una educación de calidad, y el derecho a trabajar en condiciones dignas de quienes laboran en las universidades.