SOCIEDAD CIVIL RECHAZA CRIMINALIZACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y PERSECUCIÓN CONTRA LA ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE RECTORES UNIVERSITARIOS (AVERU)

Las organizaciones universitarias y de derechos humanos que suscriben el presente comunicado manifiestan su profundo rechazo ante la solicitud del Consejo Nacional de Universidades, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, de iniciar una investigación penal en contra de los Rectores de las Universidades Nacionales agrupadas en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU).

Durante el mes de febrero de 2019 distintas universidades decidieron participar en la discusión pública sobre la crisis política que atraviesa Venezuela y reconocieron, a través de sus Consejos Universitarios y en ejercicio de su autonomía universitaria de carácter constitucional, la Presidencia Interina de la República por parte del Presidente del Parlamento venezolano. El 15 de marzo de 2019 la AVERU en un comunicado público denunció:  “(…) la ilegal pretensión del Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), de condicionar la liberación de los fondos destinados al pago de los gastos de personal (activo, jubilado y pensionado) correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2019, a la expedición de una certificación de mera relación que emane de la máxima autoridad de las Casas de Estudios que representamos, en la que se haga contar un reconocimiento expreso al Sr. Nicolás Maduro como Presidente constitucional de Venezuela. (…)”, rehusándose las principales casas de estudios a cumplir este condicionamiento arbitrario que pretendía burlar las decisiones de los Consejos Universitarios como máximos exponentes de la autonomía universitaria y violentar el artículo 13 de la Ley de Universidades vigente (1970), el cual establece la obligación del Estado de asignar al menos 1 1/2 por ciento del total de rentas del presupuesto anual de la Nación sin consagrar posibilidad alguna de someter a condición la liquidación de estos fondos. 

En una evidente represalia por los pronunciamientos anteriores, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 41.864 del 31 de julio de 2019 se hace público un acuerdo producto de una supuesta sesión virtual del 30 de mayo de 2019 que las autoridades de la AVERU denuncian nunca se celebró, donde el Consejo Nacional de Universidades (adscrito al Ministerio del Poder Popular de la Educación Universitaria) solicita al Ministerio Público: “el inicio de una investigación penal en contra de los Rectores de las Universidades Nacionales agrupadas en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), con motivo de pronunciamientos públicos en los cuales desconocen el gobierno legítimo y Constitucional del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, así como por el hecho de profesar y realizar acciones abiertamente hostiles y de conspiración destinadas a desestabilizar el orden constitucional y los Poderes legalmente Constituidos”.

Esta solicitud representa un nuevo episodio de una política de Estado que ha sido documentada por la sociedad civil desde la primera década de los 2000 y que se ha materializado en la violación sistemática de la libertad académica y otros derechos humanos,  con  la finalidad de destruir las universidades por representar el epicentro del pensamiento crítico. La asignación deficitaria de hasta un 99% de los recursos requeridos para las universidades autónomas, la imposición arbitraria a las mismas  del 100% de los nuevos ingresos estudiantiles por parte del CNU o la utilización de los cuerpos de seguridad del Estado y el sistema de administración de justicia para censurar al menos 390 estudiantes y 17 profesores universitarios desde el 2017 hasta el 2019 son solo algunos ejemplos de la referida política de Estado.

Las organizaciones que suscriben, manifestamos nuestro apoyo a las universidades venezolanas y sus autoridades. Rechazamos contundentemente la criminalización por parte del Estado venezolano de la principal función de las universidades: generar pensamiento crítico y ser la consciencia de la nación. En este sentido, exigimos al Estado venezolano el cese de las violaciones a la libertad académica, la autonomía universitaria y demás derechos de la comunidad universitaria.

Suscriben:

• Aula Abierta
• Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
• Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
• Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana de Caracas
• Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
• Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes