Vías colapsadas y quema de desechos: la basura se apodera de Maracaibo

Maracaibo enfrenta una de las peores crisis de basura en la historia moderna de la ciudad. Desde 2017 se agudizó esta problemática debido al colapso del vertedero “La Ciénaga” que, por problemas de seguridad, accidentes laborales, infraestructuras para consolidar el sistema vial o controlar gases metanos e incendios, tuvo que paralizarse.

“Nuestros políticos no quieren entender que un relleno sanitario es una obra de ingeniería, donde la idea es disponer los desechos que no tengan ninguna utilidad y sean de fácil biodegradación”, afirmó el experto Ausberto Quero en una entrevista con Versión Final el 29 de enero de 2017.

“La Ciénaga” se encuentra a 20 KM del centro histórico de Maracaibo y los residuos y desechos eran trasladados en camiones y compactado mediante acción mecánica. Pero de acuerdo a Quero, allí no había un proceso de compactación efectiva, por lo cual los desechos que llegaban no pasaban por la segmentación adecuada desde su origen, lo que acortaba el período de vida útil.

En consecuencia, en la capital del Zulia se han vuelto notables los botaderos a cielo abierto, la quema de basura y el colapso en las principales vías de la ciudad, así como en los cuerpos de agua como cañadas y el frente costeros.

Una ley ambigua

A partir de noviembre de 2018, la alcaldía de Maracaibo promulga el decreto 029 que prohíbe que personas naturales o jurídicas ejerzan la recolección, traslado, almacenamiento, clasificación y posterior transformación de desechos sólidos que no estén debidamente autorizado por el órgano competente.

El artículo 3 del decreto señala que todas las personas naturales y jurídicas que tengan interés o se dediquen a la recuperación o recolección de residuos sólidos como plástico y sus derivados (vidrio, cartón, papel, entre otros), deben formalizar la inscripción como recuperadores o recolectora de residuos sólidos no peligrosos ante el Instituto Municipal del Ambiente (IMA). De no ser así, están expuestos al decomiso del material de provecho.

Por otra parte, la ley involucra a los Consejos Comunales y/o figuras a fines creadas por el Gobierno, para que lleven las riendas de tales proyectos en la comunidad. Asimismo, prohíbe la separación y clasificación en rellenos y vertederos, un aspecto que protege a las personas de las áreas insalubres, pero deja sin efecto a miles de personas que trabajan en los espacios de disposición final, lo que vulnera el derecho al trabajo.

Jennifer Méndez, del Grupo Ambientalista de Reciclaje Everest (GARE), cree que la ley es ambigua, pues debería regular y controlar no cercenar los derechos de las personas. En ese sentido, opina que es necesario que la ley incluya la formalización de recolectores de base, como GARE lo logró en 18 años de trabajo.

Opina que la ley debería impulsar e incorporar el gremio reciclador en varios estados del país, conformando la Asociación Nacional de Recicladores de Venezuela y así trascender en su labor.

Daniel Boza, director de Gestión Urbana de la Alcaldía de Maracaibo, afirmó en una entrevista con que el Decreto 029 está vigente, pero hasta la fecha no se ha publicado, por lo cual las empresas y organizaciones dudan de su existencia y validez.

Una crisis que afecta la salud de los ciudadanos

Según Daniel Boza, para finales de 2019 solo se contaba con 40 vehículos para la recolección de basura en Maracaibo, de los cuales 25 % estaban paralizados por falta de mantenimiento, dejando operativos sólo 30 vehículos.

A partir de noviembre de 2018, la alcaldía de Maracaibo, encabezada por Willy Casanova, implementó un sistema de recolección motorizada de bajo volumen mediante motos recolectoras con capacidad de aproximadamente ocho metros cúbicos.

Esta política de motos recolectoras está orientada a optimizar la recolección de plásticos en zonas residenciales, pero en la actualidad varios de estos medios de transporte se han desincorporado por falta de mantenimiento; otras son utilizadas como medio de transporte de los trabajadores y ya se han reportado accidentes por conductores que no utilizan las unidades de forma adecuada.

De esta manera Casanova, quien entre las principales promesas que hizo durante su campaña electoral a finales de 2018 estaba la recolección de basura, no ha podido solventar esta crisis que ha provocado que los ciudadanos empiecen a botar basura en aceras y vías principales, terrenos sin uso, plazas, canchas deportivas o cañadas.

Entre estos lugares destacan cuatro espacios que corresponden a construcciones paralizadas: segunda etapa de la Sagrada Familia, segunda etapa del centro comercial Galerías, hueco Coquivacoa y el terreno de la Universidad del Zulia (avenida universidad con calle 78). En estos cuatro terrenos son incinerados los desechos permanentemente, lo que afecta la salud de los habitantes del sector, especialmente en la Clínica Sagrada Familia que se encuentra a menos de 500 metros del terreno sin uso.

Por su parte, las plazas y canchas deportivas se caracterizan por ser zonas son suelos permeables, con presencia de vegetación y potencial área de esparcimiento. Por tanto, la descomposición de los desechos orgánicos y la generación del lixiviado suponen graves daños ambientales al suelo y a las aguas subterráneas. Lo mismo ocurre con las cañadas, que podrían generar contaminación de aguas superficiales y subterráneas del sector. 

Políticas contra el trabajo de reciclar

Para Jennifer Méndez, del Grupo Ambientalista de Reciclaje Everest (GARE), la crisis política y social que atraviesa Venezuela es una “catástrofe” que se ha acentuado con el pasar de los años hasta alcanzar “todo ámbito de desarrollo y practica que posibilite el crecimiento económico de cualquier sector”.

Según ella, existen “mafias gubernamentales en torno al tema del reciclaje y su industria”, lo que deja a un lado “la labor de una toda una vida de grandes empresas que han sido expropiadas y destruidas, o pequeñas empresas, grupos como el nuestro y compañeros independientes que se han visto afectados por no tener acceso a los permisos de acopios y traslados por parte de municipios y ministerio”.

Así pues, la sistemática y recurrente acción del Estado afecta el derecho al trabajo digno de las comunidades y limita las acciones de las organizaciones que prestan servicios comunitarios en el ámbito de acción donde se desarrollan. GARE, por ejemplo, se vio obligada a parar sus funcionarios después de 18 años de trabajo continuo debido a un decreto que identifica la celulosa como material estratégico.