CIDH expresa su preocupación por la libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales (REDESCA) manifestaron su preocupación por la libertad académica y la autonomía universitaria en la presentación de las “observaciones preliminares a la visita in loco en Venezuela”.

La CIDH reconoció los desafíos en la institucionalidad nacional, la cual representa una “completa ausencia del estado de derecho”. Según la presidenta de la comisión, Esmeralda Arosemeda, en el país persiste la criminalización de la protesta estudiantil, así como diversas violaciones a la autonomía universitaria y la libertad académica que se evidencian por las retaliaciones contra el pensamiento crítico.

Por su parte, la relatora especial de la DESCA, Soledad García Muñoz, expuso las observaciones preliminares de la visita de la CIDH en la frontera colombo-venezolana, donde destacó el derecho a la educación que ha sido violentado por ataques que resultaron en detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta y asesinatos de profesionales y estudiantes.

“Nos preocupa inmensamente la autonomía universitaria y la libertad académica, los derechos laborales y sindicales en Venezuela”, declaró García Muñoz.

Recordemos que la CIDH visitaría Venezuela entre los días 4 y 7 de febrero para monitorear la situación de derechos humanos; sin embargo, no se le permitió abordar el vuelo con destino al país, obligando a la delegación a ejecutar su misión desde la ciudad de Cúcuta, Colombia.

Aula Abierta en Bolivia, durante el 171 Período de Sesiones de la CIDH, proporcionó evidencia de las afectaciones al derecho a la educación, así como también a la libertad de cátedra, pensamiento y expresión hacia manifestantes del sector académico.

Precisamente, algunas denuncias y preocupaciones documentadas por Aula Abierta, fueron recogidas por la CIDH en el Informe Anual de su REDESCA 2019, donde se enfatizó la importancia del rol de las universidades como centros de pensamiento crítico y académico para el fortalecimiento de la democracia, mientras el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturares (DESC) afirmó que “sólo se puede disfrutar del derecho a la educación si va acompañado de la libertad académica del cuerpo docente y de los alumnos”.

Otras preocupaciones sobre Venezuela

La comisión dijo observar con preocupación la prolongación indefinida de los estados de excepción, falta de independencia judicial, extralimitación de las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, falta de garantías para celebrar elecciones libres y democráticas, uso excesivo de la fuerza letal, allanamientos sin orden judicial, ataques contra viviendas, persecución, hostigamiento, amenazas contra personas opositoras al gobierno con especial énfasis a los diputados.

Para Soledad García Muñoz, Venezuela está sumergida en un “contexto de pobreza y desigualdad” que se percibe a través de la crisis hospitalaria y el desabastecimiento de medicamentos y materiales. Además, considera que la crisis humanitaria se caracteriza por la ausencia y garantía de los DESCA y por la falta de acción del Estado.

“El poder adquisitivo es extremadamente bajo, a eso se le suma la falta de políticas públicas que permitan mejorar la alimentación, educación y sistema de salud.

Por otra parte, el relator especial sobre Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, mencionó que la relatoría ha documentado como se han cerrado medios de comunicación y se han generado leyes para la censura, tal como la ley contra el odio.

“Hemos detectado tendencias preocupantes y graves. La intimidación y agresión a quienes se expresan por temas políticos y sociales, en situaciones de protestas. Los periodistas están sufriendo agresiones en diversos estados de Venezuela, son obligados a destruir material, por documentar la situación humanitaria”, señaló.

Lanza finalizó su presentación asegurando que el internet y las redes sociales son el único mecanismo que el “régimen no puede controlar”, por ende el Gobierno bloquea páginas informativas y mantiene la censura.

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