Universitarios rechazan intento de centralización de los pagos a través del Banco Central de Venezuela

A pesar de que en una reunión entre autoridades rectorales y el Ministerio de Educación Universitaria se acordó que los pagos de nómina de la primera quincena de marzo se harían por los canales regulares de la universidad y no a través del Sistema Patria, miembros de la comunidad universitaria denunciaron haber recibido el pago desde el Banco Central de Venezuela, con un monto de aproximadamente el 1% de los salarios de pobreza extrema impuestos por el Estado.

Al no pasar el pago por las arcas de la universidad, se centralizan los recursos financieros de los profesores lo que constituye una vulneración de la autonomía financiera que tienen por mandato constitucional las universidades. Una acción que continúa con la política de asfixia presupuestaria del Gobierno de facto.

El Profesor Romelio Belo, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Aproupel), considera que hay muchas interrogantes a partir de este intento de centralización de las nóminas del sector universitario. “¿Se seguirá respetando las categorías de posgrado? ¿Continuaremos con la asignación de prima por diferentes conceptos? Estas dudas aumentan el grado de preocupación por estos atropellos, violaciones y falta de respeto a la Constitución Nacional de la República, leyes universitarias, acuerdo federativos y convenciones colectivos”, indicó.

Lezdy Carolina Casanova, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (Apunet), cree que esta reciente medida influye aún más en la “centralización que se quiere hacer” desde el Gobierno con las nóminas de las universidades, lo cual afecta los pagos a entes universitarios como los Institutos de Previsión Social (IPP), las cajas de ahorro o los fondos que reciben las asociaciones de cada agremiado.

“Al día de hoy estamos en protesta por la implementación de los pagos por el sistema patria. Las universidades han dicho que no, las universidades nacionales han dicho que no quieren la implementación de la nómina por el sistema patria. Sin embargo, el gobierno nacional ha colocado el dinero en las cuentas de cada quien, pero a unos cálculos muy irrisorios en lo que es la nómina del personal universitario”, denunció.

“Esto trae muchísimo problema para el trabajador universitario, para el profesor universitario, porque si antes podía ir a quejarse a recursos humanos que le dijeran por qué no pagaron, o cómo pagaron, o cómo calcularon, ahora no pueden porque es el ministerio directamente, con el Banco Central de Venezuela, quienes están haciendo los pagos. Entonces creemos que esto viola el artículo 109 de la Constitución y viola la autonomía administrativa de las universidades”, agregó en entrevista para Aula Abierta.

Tulio Olmos, Vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, cree que la violación a la autonomía universitaria y financiera de las universidades es una “condena a muerte” de los Institutos de Previsión Social, pues “perderíamos los fondos, pero además, le daría mayor discrecionalidad al Gobierno a medida que manejaría la protección social de empleados, obreros y universitarios”.

“Esto es una atropello y una violación al principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 109 de la Constitución. Significa una ocupación financiera y una usurpación de las funciones típicas de las universidades públicas autónomas”, comentó.  

Molly González, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (APUZ), comparte la misma preocupación que Casanova y Olmos en cuanto a los servicios universitarios. “Nosotros no sabemos cómo van a ser los descuentos para los universitarios con el IPPLUZ, la caja de ahorro e incluso con las mismas retenciones que hacen que las asociaciones puedan funcionar”.

“Esta decisión es abrupta, esta decisión es atropellante, esta decisión lesiona enormemente la libertad académica, pero sobre todo esta decisión se lee como un control social absoluto; es decir, nosotros estamos frente a una medida que va a controlar la libertad de expresión y la libertad académica de los docentes, puesto que si hay algo que algún docente pueda decir o quiera decir, evidentemente, el prontuario laboral que ha construido el Gobierno de facto tiene una sola lectura: si el docente no está alineado con lo que el gobierno de facto quiere para el proyecto educativo nacional, obviamente va a tener una retaliación desde el punto de vista laboral, pues pueden perfectamente retener el sueldo”, expresó González.

José Gregorio Afonso, Secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), afirmó que frente a estas acciones del Gobierno, hay que “impulsar la más amplia unidad a nivel nacional para que esto no ocurra”.

“No hay razón jurídica, ni académica, ni de gestión que avale esa medida que piensan impulsar desde el ministerio. La APUCV es absolutamente clara: si reivindicamos la autonomía administrativa de la universidad, no vamos a entregar nunca las nóminas al Ejecutivo nacional”.

“Creemos que hay que salvar la educación y bueno, eso como en tantas épocas de nuestro país, significa un proceso de lucha y confrontación contra el poder”, añadió. “Vamos a disponer toda la movilización y los medios que podamos para luchar por la autonomía y la educación pública en nuestro país”.

Niuman Páez, Presidente de APROUPEL Maracay, recordó que la ley establece “claramente que el sueldo y el salario no puede ser disminuido ni afectado de ninguna manera” y que además es el patrono quien debe administrar los recursos para la nómina y para los sueldos y salarios.

“Los patronos o el patrón de los profesores y trabajadores universitarios está claro que es la universidad venezolana, desde luego con recursos del Estado venezolano. Así que debemos rechazar tajantemente la decisión ilegal del Gobierno, puesto que viola la Ley de Universidades, la autonomía universitaria y no garantiza el goce directo de sueldos y salarios de la comunidad universitaria”, declaró para Aula Abierta.

Destruir la autonomía universitaria

Según Virgilio Castillo, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (APULA), el reciente pago de nómina desde el Banco Central de Venezuela “es otro mecanismo de control social que tiene como propósito de terminar destruir la autonomía universitaria”.

“Las últimas decisiones del gobierno, específicamente el ministerio educación universitaria, en donde pretende centralizar el pago de la nómina de los universitarios, representa la última parte de esta escalada intervencionista de las universidades autónomas del país que tiene como propósito la destrucción del modelo autonómico que ha permitido a lo largo de los años el desarrollo académico de nuestras universidades”, dijo.

Para Castillo, las reivindicaciones que se hayan alcanzado en torno a la posibilidad de disfrutar de cajas de ahorro, de Institutos de Previsión Social y la libre asociación, tanto en asociaciones de profesores como sindicatos, “está amenazado”.

“Al centralizarse la nómina universitaria se amenaza el financiamiento de todos estos mecanismos de protección que los universitarios habíamos creado durante muchísimas décadas”, señaló.

“No podemos dar un paso atrás”

Débora Velázquez Valecillo, presidenta de la asociación de profesores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (APUCLA), aseguró que es “lamentable” lo que ha vivido el sector universitario durante estos últimos años, “donde se ha vulnerado la autonomía universitaria” y “se han pisoteado los derechos que le corresponden a los profesores”.

Ante el intento de centralizar los pagos de los universitarios, Valecillo sostiene que aunque “es preocupante la situación”, la comunidad universitaria no puede “dar un paso atrás”.

“Esa lucecita que quedaba del artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, inspirada en la Ley de Universidades se desconoce, se atropella, se pisotea y se decide trasladar toda esa data al nivel central para centralizar recursos y asignarlos desde Caracas. Los universitarios tenemos que seguir de pie defendiendo lo que nos corresponde de derecho y de hecho”, argumentó.

En esa misma línea, Víctor Márquez, presidente Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, exhortó a la comunidad nacional y a todos los gremios “a ser solidarios con la universidad venezolana que en estos momentos atraviesa una nueva arremetida del régimen”.

“Hasta este momento las universidades desconocen los mecanismos utilizados por el régimen, así como también cuál va a ser el destino de los aportes correspondientes a la proyección social del profesorado universitario. Es hora de declararnos en rebeldía, es hora de defender la Constitución”, sentenció Márquez en declaraciones para Aula Abierta.

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