Comunidad universitaria y ONG repudian la designación de un “protector” para la UDO

Miembros de la Comunidad Universitaria, centros universitarios de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Aula Abierta, se unen para repudiar la posible designación de un “protector” para la Universidad de Oriente (UDO), por calificarse como ilegal e inconstitucional.

Tras el anuncio del gobernador de Sucre, Edwin Rojas, sobre nombrar una figura protectora para la UDO, los universitarios y diversas ONG despertaron inmediatamente alarmas frente a una imposición que violentaría lo estipulado sobre la autonomía universitaria en el artículo 109 de la Constitución de Venezuela.

Es por ello que a través de un comunicado suscrito con más de 50 firmas se rechaza todo acto que atente contra las normas jurídicas.

“(…) Rechazamos la posible imposición ilegal y arbitraria por parte del Gobernador del Estado Sucre, de la figura de un ‘protector’ a la Universidad  de Oriente, ya que constituiría un nuevo episodio de la política de Estado dirigida a vulnerar la autonomía universitaria y la libertad académica en Venezuela”.

“Rojas señaló que la próxima semana ‘designará’, no a una persona, sino una comisión integrada por profesores, estudiantes y personal para ‘rescatar la universidad’, donde además propuso el nombre del profesor universitario Ney Luigui para ejercer el ‘protectorado’, figura que no se encuentra sustentada en ninguna norma jurídica”, se lee en el contenido del documento.

Aula Abierta en reiteradas ocasiones ha denunciado cómo el Gobierno de facto bajo diferentes mecanismos intenta someter a las universidades vulnerando sus derechos estipulados en la Ley de Universidades al designar autoridades de manera arbitraria.

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Gómez Gamboa: La universidad pública venezolana está sometida a una política de Estado que limita la libertad académica

A continuación el comunicado:

COMUNICADO

AMENAZAS A LA AUTONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE TRAS EL ANUNCIO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO SUCRE PARA LA IMPOSICIÓN DE LA FIGURA DE UN PROTECTOR 

Las organizaciones de la sociedad civil, centros universitarios de derechos humanos y miembros de la comunidad universitaria que suscriben el presente comunicado rechazamos la posible imposición ilegal y arbitraria por parte del Gobernador del Estado Sucre, de la figura de un “protector” a la Universidad  de Oriente, ya que constituiría un nuevo episodio de la política de Estado dirigida a vulnerar la autonomía universitaria y la libertad académica en Venezuela.

El 19 de abril de 2021, el Gobernador de Sucre, Edwin Rojas, en la presentación de un balance sobre su reciente visita a la ciudad de Caracas, manifestó a través de una transmisión radial, que en una reunión con el Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), Cesar Trómpiz, de una posible imposición de nombrar un “protector” para la Universidad de Oriente (UDO). 

En ese sentido, Rojas señaló que la próxima semana “designará”, no a una persona, sino una comisión integrada por profesores, estudiantes y personal para “rescatar la universidad”, donde además propuso el nombre del profesor universitario Ney Luigui para ejercer el “protectorado”, figura que no se encuentra sustentada en ninguna norma jurídica.

De igual manera, Rojas aseguró que, “de tener acceso a la universidad”, en tres o cuatro meses podrían recuperar las instalaciones, con apoyo de la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, ServiSucre y el MPPEU, así como con miembros de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH). Preocupa que con respecto de las UBCH, estas hayan sido señaladas  como grupos paramilitares con claros sesgos ideológicos y políticos, relacionados con el gobierno de facto de Nicolás Maduro.

La posible imposición de materializarse contrariaría el contenido del artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 6,7 y 9 de la Ley de Universidades de 1970, sobre la autonomía que tienen las propias universidades de elegir a sus autoridades a través de designaciones así como por medio de procesos de elecciones  a celebrar. Por lo que la figura del “protector” constituirá una nueva práctica de paralelismo arbitraria e ilegal frente a la composición y contenido del sistema universitario legal y legítimo, toda vez que la creación de esta “autoridad” no corresponde a un fundamento normativo ni proviene de una autoridad facultada para dicha decisión, sino que por el  contrario, representa una injerencia externa a la autonomía de la casa de estudios. En esta medida, incluso el propio Gobernador de Sucre, Edwin Rojas, había admitido que la decisión la había tomado: “aún cuando las universidades autónomas gozan de algunas prerrogativas legales donde el fuero universitario y todas sus instalaciones dependen en gran parte de las medidas de los rectores”.

La figura del denominado “protector” ha sido usada por la administración  de Nicolás Maduro para asumir competencias gubernamentales en Estados o Municipios donde las máximas autoridades suelen ser de tendencia opositora. Una muestra de ello, fue la designación de Freddy Bernal, de manera arbitraria y paralela al cargo de elección popular de Gobernador, como “protector” del estado Táchira. Quien –como denunció Aula Abierta- ordenó la selección de “Puntos de Alojamiento Social Integral (PASI)” destinados al albergue de los venezolanos que ingresarían al país, con el fin de someterlos a “protocolos de seguridad” y recluirlos en dichos recintos de estricta seguridad militar hasta que cumplan con una cuarentena de dos semanas, entre los que destacó las instalaciones de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Rubio (UPEL – Rubio), sin que existan las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad en dichos espacios.

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