García Arocha: autoridades universitarias son perseguidas por defender la democracia

Las autoridades de las casas de estudios superiores desde hace más de 8 años son víctimas de persecuciones y, en algunos casos, de allanamientos y medidas cautelares de prohibición de movilización.

La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, manifestó en la “Conferencia Internacional Online por la Libertad Académica”, organizada por Aula Abierta, que todos los miembros de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) han sido objeto de persecución política por promover el pensamiento crítico y defender la democracia.

“Durante mi estadía en la UCV, la universidad ha sido víctima de amenazas por los presidentes de turno y sus ministros. Ha habido múltiples situaciones de ataques a la universidad, que han sido denunciados ante la Fiscalía”, indicó García Arocha.

Asfixia presupuestaria: instrumento de persecución

También, la rectora dijo la educación de calidad está afectada por la asfixia presupuestaria. “Desde el año 2008, esta situación se ha agravado. Para el 2021, la UCV fue informada que sería adjudicado sólo el 2.7% del monto solicitado. La matrícula estudiantil también ha disminuido. Desde el año 2020, se adeuda a la universidad los montos para los servicios estudiantiles, como alimentación, traslado y becas para los grupos más vulnerables”, comentó García Arocha.

Se han violentado los derechos laborales, al suprimir beneficios y someterlos a salarios que se encuentran por debajo de los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Gobierno asigna unilateralmente los salarios, sin aprobación del sector universitario.

En marzo de 2020, el Estado exigió migrar las nóminas de las universidades al Sistema Patria, lo que viola la autonomía financiera, la libertad sindical y los derechos de los trabajadores, debido a que muchos se encuentran sin recibir sus salarios. Las coberturas de seguros no alcanzan para cubrir el tratamiento del COVID-19.

“Desde marzo de 2021, se ha exigido al Ministerio de Salud y de Educación Universitaria que se incluyan a los universitarios como grupos prioritarios para las jornadas de vacunación”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Los Andes, Mario Bonucci, afirmó que en Venezuela no existen datos confiables en torno al presupuesto. “Para el año 1998, el presupuesto del sector 989 millones de USD; para el 2000, 1630 millones; para el 2001, 2172 millones; para 2003, 1330 millones; para 2008, 1852 millones; para el 2012, 1300 millones; 2015, 85 millones; y, para el 2018, 39 millones, equivalentes al 3.94% que se tenía para 1998”, reseñó Bonucci.

Actualmente, las universidades tienen más del 50% del presupuesto dedicado a inversión y gastos de funcionamientos y el 40% a pago de personal. Sin embargo, al finalizar el año, si se comparan los egresos, la constante es que en gastos de funcionamiento se consume entre 1 y 3%, el resto es para el pago de nóminas.

“La hiperinflación en Venezuela ocasiona que las cantidades asignadas caigan entre un 70% y 87%, aproximadamente, cuando finalmente se entregan a las universidades públicas. En el 2007, hubo una repetición de los gastos de funcionamiento del año anterior, no se contempló el crecimiento de la universidad ni el nivel de inflación”, agregó Bonucci.

Además, el rector de la ULA aseguró que “los conceptos de presupuesto y salario ya desaparecieron. Dentro de la autonomía universitaria, se encuentra la financiera, la cual ha sido borrada en las universidades venezolanas”, concluyó.

Investigación científica y libertad académica: desafíos en Venezuela

Benjamín Scharifker, Rector de la Universidad Metropolitana de Caracas, explicó que a lo largo de una persistente lucha del poder contra el conocimiento en Venezuela, se interrumpió el acceso abierto a las becas de investigación competitivas, y la investigación científica se sustituyó por hechos alternativos y políticas de posverdad.

El rector asegura que “en este proceso, la ciencia ha sufrido importantes reveses, entre ellos, la desinversión en las universidades públicas y los centros de investigación, la injerencia del gobierno en la autonomía institucional y la libertad académica, el surgimiento de un sistema universitario paralelo bajo control directo del gobierno, la violación sistemática de los derechos humanos”.

Para Sharifker como resultado, “se ha producido una grave fuga de cerebros de científicos, con el consiguiente estancamiento de los programas académicos, la deserción de los estudiantes y el fuerte descenso de la producción científica”.

A principios de siglo, casi el 5% de las publicaciones científicas de América Latina procedían de laboratorios venezolanos y Venezuela era, después de Brasil, México, Argentina y Chile, el quinto productor de conocimiento científico de la región. A 21 años del siglo XXI, se encuentra en el 10º lugar, por debajo de Colombia, Perú, Ecuador, Cuba y Uruguay, produciendo menos del 1% del conocimiento de la región.

Venezuela se enfrenta a enormes retos para reconstruir sus capacidades de investigación y recuperarse de las paralizantes limitaciones a la libertad académica soportadas durante las dos últimas décadas.

“En la segunda mitad del siglo XX hubo una afluencia continua de investigadores en Venezuela. Gente que entraba a la investigación en Venezuela y luego, durante el siglo XXI es lo contrario, la cantidad de gente que ha salido de la investigación en Venezuela es en este momento muy dramática”, expuso Scharifker.

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