Universitarios denuncian que el Sistema Patria los dejó sin aportes, caja de ahorro, ni dónde reclamar pagos
A tres meses de que el pago de los universitarios se centralizó mediante el sistema Patria, las asociaciones de profesores siguen denunciando las vulneraciones a sus derechos laborales, la inexistencia de una instancia a la cual acudir ante problemas de pago salariales y que dejaron de recibir los pagos de los afiliados.
En entrevista con Aula Abierta, la presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (APUCLA), Deborah Velázquez, señaló que la universidad ya no puede responder a los reclamos de los profesores porque perdieron el manejo de los recursos.
Velázquez afirma que “la universidad ya no puede responder al no manejar esos recursos, por lo que el reclamo no puede ser procesado ante esa instancia. Al no saberse ante quien tramitar el reclamo, la respuesta se dilata aún más, perdiéndose así también el derecho a la respuesta oportuna.”
La universidad no puede hacer el pago de los conceptos correspondientes a las asociaciones de profesores, porque esos recursos ya no son enviados a las instituciones de educación superior. Anteriormente, los profesores que tenían problemas con su pago contactaban al personal encargado, quien solventaba el problema, comentó Velázquez.
Por su parte, Katty Díaz, miembro el Comité Ejecutivo de Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (APULA), dijo en entrevista con Aula Abierta que desde la primera quincena de marzo “no se realizan descuentos de la nómina de los profesores para el aporte al gremio, lo cual ha afectado financieramente la sostenibilidad del personal en la institución”.
Otras asociaciones de profesores del país también han rechazado esta implementación hecha por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) puesto que ahora los docentes no reciben retenciones de aporte.
Ante las denuncias recurrentes emitidas por los presidentes de las asociaciones, Aula Abierta realizó una investigación sobre los “Recursos económicos de los grupos asociativos de profesores universitarios en Venezuela”. En una encuesta se preguntó a los representantes de los docentes universitarios: “¿el Gobierno Nacional cumple con las responsabilidades adquiridas con los gremios por medio de las actas convenios firmadas entre la universidad y la asociación?, la respuesta fue contundente. El 100% de las asociaciones encuestadas señaló un incumplimiento total de los referidos instrumentos jurídicos.
La vulneración a la autonomía financiera de las universidades afecta derechos humanos en el ámbito universitario, como el de libertad de asociación, derechos laborales y hasta el derecho a la seguridad social, que se incluye porque los profesores tienen por derecho el acceso a institutos de previsión social, las cajas de ahorro y los fondos de jubilados. Así lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
¿Por qué es un acto violatorio a las formas legales?
La decisión del pago centralizado de los trabajadores universitarios a través del sistema Patria carece de cualquier elemento de legalidad, además de vulnerar los derechos universitarios.
La forma en la que se dio a conocer la orden no cumplió con los requisitos para la exteriorización de los actos administrativos, formas normales de la administración pública, contenidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), ni con los requisitos para su ejecución, lo cual de acuerdo con la misma Ley debe hacerse mediante acto de notificación formal y no a través del servicio de mensajería de Telegram, como sucedió en este caso, el 6 de marzo de 2021.
De igual manera, al ser “un acto administrativo de carácter general” e interesar a un número indeterminado de personas (trabajadores de las universidades) debió ser publicado en Gaceta Oficial, según lo establecido en los artículos 12 y 72 de la LOPA, pero no se cumplió con los requisitos de ley establecidos para que el acto administrativo nazca y produzca efectos jurídicos; por tanto, el mismo puede ser anulable.
Existe un precedente de ataques financieros a las asociaciones de profesores universitarios en Venezuela por parte del Gobierno nacional a través del incumplimiento del envío de los recursos económicos correspondiente a las asociaciones, establecidos en las Actas Convenios, que son instrumentos originados a partir de procesos de negociación con el gremio profesoral universitario, y en los cuales se establecen obligaciones del Estado sobre asignación de recursos y otros beneficios de carácter laboral para los profesores universitarios.
En el resumen ejecutivo “Pago centralizado del sistema patria como afectación a la actividad de las asociaciones de profesores universitarios en Venezuela”, Aula Abierta expone cada una de las violaciones a los derechos laborales y las prácticas de discriminación política que sufren los profesores universitarios de Venezuela.
