Destrucción por diseño: de cómo el Gobierno venezolano asfixió a las universidades y ahora las culpa del deterioro

Foto: Tairy Gamboa / Archivo.

Las universidades públicas venezolanas han padecido el recrudecimiento de políticas públicas de reducción presupuestaria desde el año 2008 y hasta la actualidad. A pesar de ello, el Gobierno nacional ha llevado a cabo desde hace años una serie de acciones arbitrarias que han sido acompañadas por campañas de deslegitimación para atentar directamente contra las casas de estudio superior y sus autoridades. Una muestra de esto, son los nombramientos ilegítimos de “protectorados” y otros cargos directivos, con los que afirman que “rescatarán” diversas instalaciones a lo largo y ancho del país, obviando intencionalmente que el presupuesto para ello ha disminuido con el pasar de los años e incluso, se ha dejado de aprobar.

El caso más emblemático es la visita no autorizada del presidente Nicolás Maduro a la Universidad Central de Venezuela (UCV) en horas de la noche del pasado 21 de noviembre, donde comparó a la histórica casa de estudios con el retén de Catia debido al “abandono”. “Tenían abandonada a la Universidad, se había destruido todo”, expresó el primer mandatario, quien luego anunció, de manera no oficial, que la dirigente política Jacqueline Farías sería la “protectora” de la UCV.

La UCV, cuyo Consejo Universitario rechazó esta supuesta designación de un “protector” argumentando que “contraviene preceptos constitucionales y legales”, presentó un déficit presupuestario en 2021 de 97,73%, como se documentó en el Informe preliminar: Violaciones a la autonomía financiera de las universidades venezolanas y sus implicaciones en el derecho a la educación de calidad y la libertad académica (2004-2021), producido por Aula Abierta.

Por esto último, en la UCV, como en la mayoría de los casos, el presupuesto que es impuesto solo corresponde a gastos de personal, generando que las partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento e inversión de la universidad alcancen hasta una media de máximo 10%. De esta manera, se dificulta cualquier posibilidad de realizar mantenimiento a la infraestructura existente, así como de invertir en la renovación de aulas de clases, laboratorios, bibliotecas y otros espacios e insumos necesarios para desarrollar sus funciones de docencia, investigación y extensión. 

De hecho, este déficit incrementó con el pasar de los años. El porcentaje aprobado con respecto a lo que se solicitó por parte de la UCV en la última década se desglosa de la siguiente manera: 2011: 45%; 2012: 34,53%; 2013: 33%; 2014: 49,66%; 2015: 32,66%; 2016: 32 %; 2017: 30%; 2018: 20%; y 2019: 32%.

El anteproyecto de presupuesto y los “créditos adicionales”

El drama de la asfixia presupuestaria, que se repite en el resto de las casas de estudio superior como la Universidad de Los Andes, la Universidad del Zulia o la Universidad de Oriente, inició con la aplicación de “lineamientos” al anteproyecto de presupuesto, lo que vulneró la autonomía financiera de las universidades. Desde el Estado se empezó a obligar a la universidad a planificar el presupuesto con base en una cantidad de meses menor a la duración del año académico, generando un déficit existente desde la planificación misma del presupuesto.

Además, el Estado ordenaba a la universidad requerir “créditos adicionales” para solventar las posibles deficiencias, pero estos créditos serían liquidados desde un principio con retraso de hasta un año, generando que las universidades no pudieran disponer de su presupuesto e incluso incurrieran en incumplimiento de obligaciones legales frente a sus proveedores de servicios y bienes.

A ello hay que agregar que a través de este proceso la OPSU podía realizar ajustes para “equilibrar el presupuesto” de manera discrecional, afectando la planificación de la universidad.

La deficiencia presupuestaria produce un impacto nocivo en el desarrollo de las actividades de docencia, extensión e investigación en las universidades, lo que a su vez produce una afectación a la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a una educación de calidad.

Un caso que refleja las consecuencias de esta política presupuestaria en contra de las universidades ocurrió en 2019, en la Universidad del Zulia, cuando a causa de la falta de presupuesto para el mantenimiento (para ese año solo se aprobó un 0,14% de lo solicitado por la casa de estudios), los estudiantes debieron desarrollar iniciativas para despejar las áreas de paso, para acceder al recinto universitario, como en el caso de la Facultad Experimental de Arte, lo cual se reseña en el Informe preliminar: Violaciones a la autonomía financiera de las universidades venezolanas y sus implicaciones en el derecho a la educación de calidad y la libertad académica (2004-2021).

Esta facultad es una muestra de las precarias condiciones de infraestructura de los espacios universitarios, en los que se evidencian grandes cantidades de escombros que no han sido removidos por años, falta de higiene y, en general, los espacios denotan una situación de abandono. Esto repercute directamente en derecho a la educación de calidad de los estudiantes, pues los espacios quedan inutilizables para impartir actividades académicas.

Ese mismo año, las autoridades de la Universidad de Oriente (UDO), Núcleo Anzoátegui, denunciaron que para el período estudiantil solo les había sido aprobado 11% del presupuesto que requieren para cubrir parte de los gastos de todo el año. “Nuestra casa de estudios está en condiciones nunca vistas y necesita la pronta atención de las autoridades competentes, necesita una inversión mínima para recuperar algunos espacios indispensables para las bachilleres, además de la seguridad para conservarlos”, denunciaron.

Otro caso del drama presupuestario se refleja en la Universidad de Los Andes. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina donde, con una matrícula aproximada de 3.000 estudiantes, para el 2020 se aprobó un presupuesto aproximado de 6,45 dólares por estudiante en el año, lo cual resultó insuficiente para la compra de reactivos, material de limpieza, papelería, dotación de equipos.

Además, la pandemia también ha colaborado con el deterioro y la destrucción en la ULA, así como en el resto de universidades, debido a los incidentes de inseguridad y que la asfixia presupuestaria provoca un déficit de personal de seguridad, pues cada vez más personas renuncian a sus puestos de vigilantes por los bajos salarios.

“Tenemos un déficit de más del 80% de los cuerpos de vigilancia y además unos salarios para nada atractivos que no permite abrir un concurso para nuevos vigilantes ya que nadie se va a postular. Cada planta física, cada facultad tiene aproximadamente de dos a cinco vigilantes, facultades que en circunstancias normales deberían tener más de 15 vigilantes”, expresó Angélica Ángel, coordinadora de la Federación de Estudiantes Universitario por los Derechos Humanos (FEDEHU), a finales de octubre en una entrevista para el programa Aula Abierta Radio.

Algo similar ocurre en la UDO, donde el hampa ha debilitado y destrozado gran parte de sus instalaciones, al punto de verse sumergida en una situación “caótica” y sin recursos para reponer lo robado y hacer mantenimiento a su estructura. 

Luis Suárez, dirigente estudiantil de la UDO, manifestó en entrevista para Aula Abierta en septiembre que “la realidad actual de la Universidad de Oriente es totalmente caótica y si bien esto es un caos que no nació de un día sino que ha ido creciendo con el paso del tiempo, hoy llega a niveles que en ningún momento nos imaginamos”.

“Una tragedia para la nación”

Resulta alarmante que en la medida en la que el precio del barril del petróleo llegó a alcanzar aumentos y valores históricos en alza como ingresos principales para la República, la asignación de los recursos solicitados por las universidades autónomas fue disminuyendo de manera desproporcionada e injustificada.

Pero aún, en los casos en los que el precio del barril de petróleo empezó a mostrar ciertos valores bajistas en los últimos años previos a las sanciones impuestas, la tendencia sobre la reducción de la asignación presupuestaria para las universidades autónomas fue recrudeciéndose alarmantemente.

En agosto del presente año, académicos de diversas instituciones de estudios superiores y ciudadanos preocupados por la situación de la universidad venezolana manifestaron su rechazo a lo que catalogaron como “destrucción por diseño”, a la que ha sido sometida la institución por parte del Gobierno venezolano.

“La destrucción de la universidad no es simplemente el resultado de políticas inadecuadas, es un proceso orquestado por diseño para eliminar o reducir a su mínima expresión a los centros de pensamiento y producción de conocimiento de la nación”, se lee en el documento que firmaron más de 440 personas. “Los universitarios nos tornamos hacia el conjunto de nuestra sociedad, para que se entienda que la destrucción de la universidad es, en su sentido más profundo, una tragedia para nuestra nación”.

Por una universidad libre y autónoma

La autonomía universitaria se acciona como el mecanismo esencial que permite ejercitar de manera plena la libertad académica dentro de todo Estado. En el caso de Venezuela, el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece su protección y que también se desprende de los artículos 6,7 y 9 de la Ley de Universidades de 1979.

Asimismo, la Observación General N° 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 13 del Protocolo de San Salvador y el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son algunos de los principales instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela en materia de educación, que alcanzan en su contenido interpretativo el derecho que tienen las universidades de actuar bajo su propia autonomía.

Desde Aula Abierta se solicita respetuosamente a los órganos internacionales de protección en materia de derechos humanos realizar un llamado público al Estado Venezolano a garantizar un presupuesto adecuado y suficiente para la educación superior a los efectos de lograr el disfrute pleno del derecho a la libertad académica y a una educación de calidad.

Por otra parte, se exige al Estado venezolano a abstenerse de realizar cualquier práctica que pueda vulnerar el ejercicio de la autonomía de las instituciones de la educación superior y consecuencialmente el derecho humano a la libertad académica y el derecho a una educación de calidad, como la designación arbitraria de “protectorados” en las universidades, entre otras prácticas.

El respeto a las universidades, su autonomía y la libertad académica, es fundamental para el futuro de la nación. No hay futuro, progreso o democracia posible sin una universidad libre y autónoma.

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