Profesores protestan “por desesperación”, con sueldos de hambre y sin servicio de salud
La precariedad a la que están sometidos los docentes universitarios es reconocida por los venezolanos y su decadencia de más de 20 años salió a relucir con el caso del profesor de la Universidad de Los Andes (ULA), Pedro José Salinas y su esposa.
Las exigencias por los derechos laborales no cesan en este país, sobre todo la que llevan los profesores universitarios.
Desde el 31 de enero, las distintas asociaciones de profesores vienen desarrollando una serie de protestas continuas para denunciar la situación que padecen y presionar al Estado ante su imposición unilateral de mantener tablas salariales de pobreza.
Los gremios universitarios de la Universidad de Los Andes fueron los primeros en tomar acciones para mantener vivas las manifestaciones. Desde finales de enero de este año, cada semana los trabajadores se reúnen para rechazar y reclamar por los bajos salarios y la precarización de los beneficios de seguridad social.
Estas acciones nacen luego de que se conociera que su integrante de la ULA, el profesor Salinas, fue hallado por bomberos de la ULA en estado de descompensación, luego de estar tres días incomunicado en su vivienda y junto al cadáver de su esposa fallecida por infarto.
“El caso de Salinas es ejemplo de las consecuencias de la práctica del Estado de la asfixia presupuestaria y la imposición de salarios precarios a los docentes”, señaló Virgilio Castillo, presidente de la Asociación de Profesores de la ULA.
Primeras protestas en febrero
El 7 de febrero del 2022, los trabajadores de la ULA continuaron sus actividades de protestas, a las que se sumaron los estudiantes con la premisa de que los bajos salarios afectan el derecho a la educación de calidad, al incidir en la fuga de talento humano profesoral.
En la referida protesta el presidente de APULA reiteró que los empleados universitarios ganan, al menos, 10 dólares mensuales y que sus colegas no aceptarán un monto que no corresponda a su trabajo.
Los representantes del gremio docente de la Universidad Simón Bolívar (USB) y la Universidad Central de Venezuela (UCV) se concentraron en el rectorado de esta última para reclamar sus derechos.
En una declaración realizada para Aula Abierta, el presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, Víctor Márquez, dijo que el Estado venezolano tiene un plan para “destruir la institución universitaria a través de lo que implica la destrucción del personal que labora en ella”.
“Los sueldos del profesorado son de miseria y los sueldos de todos los trabajadores. Han destruido nuestra seguridad social, no tenemos ahorros porque el Gobierno acabó con todo el sistema de ahorros y el sistema previsional”, apuntó.
Por su parte, William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la USB, reconoció que se encontraba luchando por sus derechos y que el profesorado “quiere una respuesta inmediata a toda la angustia que se vive por el abandono de los derechos laborales en las universidades.
“Necesitamos un sueldo que no tenemos, necesitamos una protección social que ha sido abandonada por completo, como una necesidad inmediata”, sentenció Anseume.
Este mismo 8 de febrero también los profesores de la Universidad de Carabobo (UC) realizaron una protesta frente a la avenida Bolívar norte, en la ciudad de Valencia, donde con pancartas y consignas exigían un aumento salarial digno.
“Nosotros hicimos una carta pública donde emplazamos a la titular de la cartera universitaria a darnos la cara y a la fecha no hemos tenido respuesta”, denunció el presidente de la Asociación de profesores de la UC, Euclides Querales, sobre una carta que le hicieron llegar a la ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena.
Persisten sin descanso
En el marco de las protestas que se realizan semanalmente en la ULA, el pasado 14 de marzo los gremios y sindicatos se concentraron frente al centro médico integral CAMIULA.
La presidenta de la Federación de Centros Universitarios de dicha institución, Ornella Gómez, se unió en nombre de los estudiantes para apoyar las exigencias de los docentes y demás empleados.
Al siguiente día, los gremios de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) se unieron a las jornadas de protestas nacionales realizando una actividad de protesta frente a la defensoría del pueblo en el estado Táchira.
La presidenta encargada de la Asociación de profesores de la UNET, Lezdy Casanova, declaró a Aula Abierta, que los profesores no cuentan con ninguna seguridad social.
“No contamos con seguro HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad), y no podemos pagar un seguro privado cuando no alcanzamos a pagar la canasta básica”, reseñó.
En la última protesta de la ULA, el pasado 21 de febrero, el Consejo Universitario acompañó a los docentes en su demanda.
Protestan “por desesperación”
El profesor de la ULA, Ángel Andara, quien se desempeña como representante de los profesores ante el Consejo Universitario de esa casa de estudios e investigador de Aula Abierta, manifestó que la desesperación los lleva a buscar las únicas salidas que le quedan, ya que “se encuentran en peor situación que los esclavos.
“Los trabajadores universitarios no pueden pagar techo, comida, ni mucho menos medicamentos”, enfatizó.
Por su parte, el profesor Marcos Pino en declaraciones ofrecidas dijo: “hay profesores que sufren angustia cuando no tienen insulina o por dolores de cabeza, porque no les da el salario para una cajita de medicinas”.
El 81% no tiene acceso a un servicio de salud
En el informe preliminar “Violaciones a derechos económicos y sociales de los profesores universitarios derivadas de la violación a la libertad de asociación del sector profesoral en Venezuela (diciembre 2021)”, se documentó que el 81% de los profesores universitarios encuestados por Aula Abierta señaló que la universidad donde laboran no tiene un servicio de previsión social digno, dejando en desprotección en materia de salud a los profesores universitarios.
Además de ello, el 99,5% de los docentes encuestados señaló no poder costear un seguro médico privado con su salario de profesor universitario.
La actual situación de los trabajadores universitarios tiene un culpable que ha violentado los derechos laborales y arriesgando la alimentación de cientos de empleados con un salario de pobreza extrema, según los estándares internacionales.
El Estado inobservando y desconociendo los instrumentos normativos laborales, acordados por los grupos gremiales del sector universitario, incumple el artículo 13 de las Normas de Homologación.
