CIDH y sus relatorías expresan preocupación por los reiterados ataques contra la libertad académica en Venezuela
Preocupación por las persecuciones y detenciones arbitrarias en contra de estudiantes y miembros de la comunidad académica por razones políticas, además de las medidas regresivas con relación a la autonomía universitaria y condiciones laborales del cuerpo docente en Venezuela, son algunos de los apuntes más importantes que resalta el Informe Anual 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En este informe, que documenta casos de violación de derechos humanos enfocados en la situación de la libertad académica y la autonomía universitaria en Las Américas, la CIDH también expresó su preocupación por la continuada política de asfixia presupuestaria en contra de las universidades venezolanas, que ha resultado en perjuicios sobre los servicios estudiantiles y en el aumento de la deserción de miembros de la comunidad académica.
Asimismo, las diversas denuncias de la comisión fueron ratificadas en los informes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA); esta última manifestó su gran preocupación sobre la centralización del pago de nóminas del personal universitario a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) el cual, “al estar directamente asociado a factores políticos, podría convertirse en una herramienta de control social mediante la que se toman represalias y medidas contra docentes y personal universitario por motivos políticos”.
Situación política contra la libertad académica
Citando información de Aula Abierta, la comisión y la REDESCA creen que en cuanto a la libertad académica “la situación política del país sigue generando un profundo impacto para su debida garantía”.
“Así, durante el 2021, se siguieron recibiendo reportes sobre persecuciones y detenciones arbitrarias en contra de estudiantes y miembros de la comunidad académica por razones políticas, aunado a medidas regresivas con relación a la autonomía universitaria y condiciones laborales del cuerpo docente, que continúan precarizando su situación”, expresaron.
En ese sentido, resaltan que en marzo de 2021 se registraron nuevos ataques a la libertad académica y autonomía universitaria en el país, cuando se hizo el “anuncio de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) indicando el pago de nóminas de docentes y personal de las universidades públicas a través del Sistema Patria, el cual, al estar directamente asociado a factores políticos, podría convertirse en una herramienta de control social mediante la que se toman represalias y medidas contra docentes y personal universitario por motivos políticos”.
“Dicha decisión se habría materializado con el consecuente pago que se habría realizado a parte del cuerpo docente mediante depósitos directos del Banco Central de Venezuela a mediados de marzo, que además de menoscabar la autonomía presupuestaria de las universidades públicas, habría agudizado la precaria situación económica del personal universitario”, dice el organismo citando la información de Aula Abierta publicada en el “Informe Preliminar: Libertad académica y autonomía universitaria en la educación superior en Venezuela (2021)”.
Alarma por asfixia presupuestaria
La comisión por otra parte informa que aunado a la crisis económica que atraviesa Venezuela, “las universidades seguirían enfrentando una asfixia presupuestaria, que ha resultado en perjuicios sobre los servicios estudiantiles (tales como la alimentación, el transporte y el acceso a bibliotecas), afectaciones a la calidad educativa, un incremento de la deserción estudiantil y la emigración de docentes y miembros de la comunidad académica”.
“A 2021, se reporta que la situación se ha venido agudizando en los últimos años y que hay universidades que enfrentarían más de un 99% de déficit respecto a sus asignaciones”, dicen con información del “Informe Preliminar: Libertad Académica y Autonomía universitaria en la educación superior en Venezuela (2021)” de Aula Abierta.
Recomendaciones
La CIDH recomienda al Estado venezolano abstenerse de cualquier acción o conducta que pueda limitar la autonomía de las universidades, investigando, revisando y modificando toda legislación o práctica que menoscabe la misma.
Desde Aula Abierta nos unimos a este llamado de la comisión, recordando que no puede haber democracia ni futuro posible, sin la Universidad ni el respeto a la libertad académica que protege a los universitarios y las universitarias.
