Anulación o retención de pasaportes y restricciones a la libertad de circulación contra venezolanos
Prensa Aula Abierta-. Gobierno de Maduro ejecuta como nueva práctica represiva, la anulacion o revocación de pasaportes a opositores políticos y académicos críticos tanto dentro como fuera de Venezuela, tal como se ha realizado en Nicaragua en los últimos años.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha adoptado y perpetuado una serie de prácticas represivas que limitan gravemente las libertades fundamentales en Venezuela.
Estas prácticas se han agravado desde el 28 de julio de 2024, en el contexto de las elecciones presidenciales. Entre las medidas de represión implementadas está la retención arbitraria de pasaportes, una medida que está siendo utilizada como herramienta de hostigamiento contra políticos opositores, académicos criticos, activistas y defensores de derechos humanos; lo cual nos recuerda las tácticas represivas observadas en otros regímenes autoritarios particularmente en Nicaragua, representando una grave violación de los derechos humanos y de las normas internacionales que garantizan la libertad de movimiento, el derecho a la identificación, inclusive el derecho a la nacionalidad.
La retención de pasaportes como forma de represión política no solo limita la capacidad de las personas afectadas para viajar y participar en actividades académicas internacionales, sino que también sirve como un medio para silenciar la disidencia al no permitirles poder identificarse, lo cual se traduce en violación de sus derechos humanos.
Las acciones del Gobierno de Maduro en relación con la restricción de pasaportes deben ser vistas como parte de un patrón más amplio de represalias contra aquellos que critican o desafían el poder establecido. Este patrón no sólo socava los principios democráticos fundamentales, sino que también contraviene las normas constitucionales y principios internacionales en materia de derechos humanos, tales como los establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales ratificados por Venezuela.
Retención de pasaportes en Venezuela
El 03 de agosto de 2024, fue retenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar por 6 horas al activista y defensor de DDHH, Yendri Velásquez, quien es director del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTQ+. Velázquez, quien tenía como destino Ginebra, Suiza, para participar en el 113ª período de Sesiones del Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación de la ONU. Sin embargo, las autoridades del aeropuerto le retuvieron el pasaporte debido a que estaba “anulado”, según lo informó la periodista y activista Gabriela Buada.
Anulación de pasaportes de venezolanos en otros países
El 05 de agosto de 2024, el periodista residenciado en Ecuador, Jefferson Díaz, denunció en sus redes sociales que su pasaporte venezolano fue anulado. Asimismo, el 06 de agosto indicó que recibió, posterior a su denuncia pública, 10 testimonios de migrantes venezolanos en Ecuador a quienes se les notificó la anulación del pasaporte. Expone que entre los 10 venezolanos afectados se encuentran su esposa, activistas políticos y sociales.
El 06 de agosto de 2024, el académico, abogado y activista Romer Rubio, quien fue profesor universitario en Venezuela, denunció desde la Embajada de Venezuela en Chile que su pasaporte fue anulado, lo que representa una violación al derecho a la identidad, la identificación y la libertad de tránsito. En su cuenta en la red social Instagram, el profesor indica que es una acción que promueve el Estado venezolano para “desterrar” a los ciudadanos críticos contra el sistema de gobierno. “Es una nueva forma de destierro, una nueva forma de apatridia, en la cual se trata de emular a la dictadura de Nicaragua y a la dictadura cubana para amedrentar las voces de quienes hoy estamos diciéndole al mundo que lo que hubo en Venezuela fue un fraude electoral”, expresó públicamente el abogado.
El 06 de agosto de 2024, el coordinador del partido político Voluntad Popular en Ecuador, Luis Magallanes, denunció ante los medios de comunicación que su pasaporte fue anulado. Aseguró que su pasaporte vencía en el 2032, a pesar de ello les notificaron el procedimiento irregular. También reportó que tiene casos confirmados de países como Chile, Argentina y Colombia, en donde han anulado los pasaportes de activistas, políticos, miembros de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos en general.
Algunas referencias a la retención arbitraria de pasaportes en Nicaragua como práctica de represión política desde 2021
En Nicaragua la retención arbitraria de pasaportes forma parte de la de represión política desde 2021. Esta práctica es utilizada como una herramienta para silenciar y controlar a los opositores políticos y limitar su capacidad de movilización.
Negativa de entrada al país del padre Jose Idiaquiz, exrector de la UCA.
En junio de 2022, el gobierno de Nicaragua prohibió el ingreso del padre José Idiáquez al país mientras regresaba para la toma de posesión del nuevo rector de la UCA. La Dirección General de Migración y Extranjería también se negó a renovar su pasaporte en el extranjero.
Negativa de entrada al país Jorge Huete, al vicerrector de la Universidad Centroamericana (UCA).
El 24 de septiembre de 2022, el gobierno de Nicaragua impidió el ingreso al país del vicerrector de la Universidad Centroamericana (UCA), Jorge Huete, quien regresaba de un viaje de trabajo en Córdoba, Argentina.
Retención de pasaporte de Silvio Fonseca
7 de noviembre de 2021: Retención del pasaporte de Silvio Fonseca en el Aeropuerto Augusto C. Sandino, en Managua. Fonseca, crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sufrió esta medida como parte de las represalias por sus opiniones políticas.
Retención de pasaporte de Mauricio Madrigal
9 de septiembre de 2021: Retención arbitraria del pasaporte de Mauricio Madrigal, jefe de prensa del Canal 10, en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua.
Retención de pasaporte del periodista Julio Lopez.
21 de junio de 2021: El periodista Julio López sufrió la retención de su pasaporte por parte de dos funcionarios de migración mientras intentaba salir a Costa Rica en la frontera de Peñas Blancas, al sur de Managua.
Retención de pasaporte a Maria Josefina Gurdian
2 de septiembre de 2021: Retención del pasaporte de María Josefina Gurdian, madre de la opositora y prisionera política Ana Margarita Vigil, por parte de funcionarios de migración en el paso fronterizo de Peñas Blancas. Gurdian se dirigía a Costa Rica para recibir un tratamiento de cáncer diagnosticado en 2019.
Una nueva forma de represión y hostigamiento en Venezuela en el contexto post-electoral
En Venezuela, la situación se ha agravado desde el día 28 de julio de 2024 en el marco de las elecciones presidenciales, con la retención arbitraria de pasaportes como parte de un patrón más amplio de represión, especialmente de aquellos que se oponen al gobierno y cuestionan el resultado de las elecciones presidenciales. La medida se emplea como una forma de hostigamiento y represalia,reflejando un desprecio por las normas nacionales e internacionales y los derechos fundamentales que protegen la libertad de movimiento.
En el ámbito constitucional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho al libre tránsito en el Artículo 50 que establece que “Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional”. (CRBV, 1999)
Asimismo el Artículo 12, punto 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza que “ Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio” (PIDCP, 1966). Además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su Artículo 22 establece: “1 Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. (OEA,1969).
La retención de pasaportes como forma de represión no solo limita la capacidad de las personas afectadas para viajar y participar en actividades internacionales, sino que también contraviene principios fundamentales de la democracia y consolida una especie de “apatridia”. Este patrón de conducta del gobierno de Maduro debe ser considerado una violación de las normas internacionales y constitucionales que protegen la libertad de movimiento y los derechos humanos en general, y requiere una respuesta firme de la comunidad internacional para restaurar y proteger estos derechos esenciales. La retención arbitraria de estos documentos no sólo constriñe la libertad de movimiento, sino que también provoca la exclusión social y económica, afectando la dignidad y el bienestar de las personas afectadas.
