Continúan las violaciones a derechos laborales de los universitarios con pagos por el Sistema Patria

Entre las constantes violaciones a la autonomía universitaria, luego de la centralización de los pagos de salarios de los trabajadores a través del Sistema Patria, se dio a conocer un nuevo atropello por parte del Estado hacia quienes laboran en las instituciones de educación superior, al aprobar la cancelación del “Bono de Alimentación y Transporte”, a través de la misma plataforma. 

El Ejecutivo Nacional había anunciado que los salarios de los profesores y otros conceptos laborales serían pagados a través del Sistema Patria, acción que vulnera los derechos universitarios al quitarle a las universidades la potestad de gestionar sus propios recursos financieros. 

Ante la decisión arbitraria del Estado, los Consejos Universitarios de algunas casas de estudios superiores emitieron resoluciones para autorizar el envío “bajo protesta” de la información concerniente a las nóminas en archivos “.txt” para el pago de salarios y otros conceptos laborales al personal universitario. Asimismo, se conoció de la ejecución de pagos de manera unilateral por parte del Estado, sin previa consulta de las autoridades universitarias. 

Este episodio que ordena la cancelación del “Bono de Alimentación y Transporte”, por un monto de 21 millones 660 mil bolívares y del “Bono Complementario de Alimentación y Transporte”, por  24 millones 340 mil bolívares, constituye una nueva violación a la autonomía, tanto administrativa como financiera de las universidades, relativas a su potestad exclusiva de organizar, administrar y disponer de su patrimonio, según sus propias necesidades internas.

Durante más de diez años, el Estado venezolano ha ejecutado un conjunto de prácticas de represión, hostigamiento y amenazas en contra de los universitarios, a través del uso del Poder Judicial y la persecución efectuada desde los distintos cuerpos de seguridad oficiales, entre otras asechanzas, que han coaccionado y generado un temor fundado que condiciona la toma de decisiones de los miembros de la comunidad universitaria sobre la gestión de las casas de estudio. 

La aceptación “bajo protesta” de los Consejos Universitarios del envío de los archivos de nómina en formato “.txt” es una muestra evidente de que la manifestación de voluntad atiende a un contexto de violaciones de derechos humanos, en el que marcar una oposición a las conductas del Estado puede derivarse en amenazas a la vida e integridad personal de los universitarios.

Otra práctica contra la autonomía universitaria es la asfixia presupuestaria inducida por el Estado en contra de las universidades, al menos, desde el año 2008 y que, en la actualidad, genera que las principales casas de estudios enfrenten hasta el 99% del déficit en lo requerido para su funcionamiento. 

Esta política de Estado en contra de las instituciones de educación superior contraviene lo establecido en el artículo 109 de la Constitución Nacional, el artículo 9 de la Ley de Universidades y el contenido de la Observación General N° 13 al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (PIDESC), los cuales disponen la protección de la autonomía universitaria y señalan su importancia para garantizar la educación de calidad. 

Aula Abierta ha denunciado que la imposición de este sistema implicaría otros riesgos para los derechos humanos de los universitarios, además se considera que las universidades pierden la posibilidad de monitorear directamente y garantizar los derechos laborales de los trabajadores universitarios, ya que el gobierno sería el encargado último de gestionar el pago de salarios a través de la plataforma Patria.

Las situaciones expuestas, aunadas a la violación generalizada de derechos laborales de los profesores y demás trabajadores del sector, como los salarios de pobreza extrema, según lo establecido bajo estándares internacionales, pueden agravar aún más el éxodo de universitarios; lo que puede ocasionar que los procesos de docencia e investigación donde se genera el conocimiento y, por ende, el ejercicio puro de la libertad académica, sigan afectados.