CIDH muestra preocupación por exclusión de FAPUV y asociaciones de profesores de la IV Convención Colectiva

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Foto: Archivo.

La exclusión de la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), y de las distintas asociaciones de profesores de las universidades públicas del país, en las discusiones de la IV Convención Colectiva Única del Sector Universitario, “sería resultado de sus opiniones críticas contra las políticas de Estado como mecanismo de retaliación”, reseña la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe Anual 2021.

La comisión, junto a su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), informa que ha tomado nota de esta situación teniendo en cuenta “que de acuerdo a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, el derecho a la huelga, junto a la libertad sindical y la negociación colectiva, son pilares fundamentales para garantizar el derecho al trabajo y sus condiciones justas y equitativas”.

“La REDESCA toma nota de cómo la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y las asociaciones de profesores universitarios de las principales universidades públicas no han sido tomadas en cuenta – y de hecho, excluidas- en la discusión de las convenciones colectivas y de otros escenarios de discusión relacionados con sus derechos laborales”, se lee en el informe, que cita información de Aula Abierta publicada en el “Resumen Ejecutivo: IV Convención Colectiva Única Del Sector Universitario: Violaciones A La Libertad De Asociación, Académica Y Derechos Laborales en el Sector Universitario en Venezuela”.

El organismo agrega que, producto de esta exclusión, se firmó unilateralmente la IV Convención Colectiva Única del Sector Universitario, “la cual además de carecer de vicios por impedir su participación – pese a que diversas organizaciones habían expresado su rechazo categórico-, tendría cláusulas que atentan contra el bienestar del personal docente y sus derechos laborales – tales como el derecho a recibir un salario digno-, así como otras que implicarían la ideologización y adoctrinamiento en la educación universitaria”.

Esta situación, según la CIDH, afecta “la libertad de asociación del cuerpo docente, pues “según indican organizaciones de la sociedad civil, esto habría ocurrido como represalia por las opiniones críticas de sus integrantes hacia las políticas gubernamentales en materia laboral”.

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