Desde hace 11 años el TSJ ignora los recursos legales presentados por la ULA

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Foto: Archivo.

El Servicio Jurídico de la Universidad de Los Andes denunció que distintos tribunales del Estado han ignorado, al menos, 13 recursos legales que desde el año 2011 fueron reportados, documentados y denunciados por esa casa de estudios, en el marco de la insistencia de que se garantice y se haga valer los derechos consagrados con relación a la garantía y principio jerárquico de la autonomía universitaria.

En esa misma línea detallaron al equipo de investigación de Aula Abierta que de los 13 recursos legales reportados, 6 se realizaron ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; 3 ante la Sala Constitucional; 2 ante el Tribunal Agrario; y 2 entre el Tribunal Contencioso Administrativo y Tribunal Agrario. 

Entre estos recursos destacan los 5 interpuestos sobre salario y demás beneficios socioeconómicos; por eliminación del concepto salarial denominado “Complemento salarial”. También se han interpuesto recursos por la “usurpación del procedimiento del trámite y pago de salarios y retenciones” a través del Sistema de Plataforma Patria, además de un recurso de nulidad con amparo cautelar por recurrencia en la violación de los acuerdos aprobados y contenidos en las convenciones colectivas internas.

Con relación a la autonomía académica y organizativa se han interpuesto los siguientes recursos: 1. Elecciones universitarias: Un (1) recurso por inconstitucionalidad; 2. Recurso Nulidad contra la Ley Orgánica de Educación, que fueron impulsadas por todas las universidades de la AVERU; 3. Represión de protestas: se interpuso un recurso contra la Resolución del  Ministerio de la Defensa que establecía el uso moderado de la fuerza aplicable a protestas; 4. Recurso de Nulidad contra la “Normativa nacional de los sistemas multimodales de educación universitaria y educación mediada por las tecnologías de la información y comunicación”, aprobado por el Consejo Nacional de Universidades.

El Servicio Jurídico de la ULA aclaró que no han obtenido pronunciamiento sobre ninguno de los recursos legales mencionados, a pesar de que estos se han impulsado procesalmente.

Por otra parte, informó que desde el año 2006 la universidad es víctima de diferentes hechos irregulares, tipificados en el Código Penal como delitos; entre ellos se contabilizaron 75 hurtos, 8 robos y 16 invasiones, para un total de 99 delitos contra la propiedad que fueron reportados, documentados y denunciados ante los órganos de seguridad del Estado venezolano.

De estos delitos, el 13% fueron objeto de actos conclusivos por parte del Ministerio Público, mientras que el 86% todavía se encuentra en fase de investigación, lo cual resulta alarmante en un contexto de asfixia presupuestaria contra las principales casas de estudio del país.

Mientras desde hace 11 años el Estado venezolano ignora y no da respuesta a la ULA sobre los 13 recursos legales presentados en defensa de la autonomía y los derechos de los universitarios, el TSJ ha emitido, al menos, 50 sentencias o decisiones que atentan contra los derechos del sector universitario, en especial a la libertad académica y a la libertad de asociación de los universitarios.

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