Universitarios en Venezuela: Ataque, represión y muerte durante el 2017 y 2018

Aula Abierta, en conjunto con otras organizaciones universitarias de derechos humanos, ha visibilizado durante el 2017 y 2018 en el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos la situación de los universitarios en Venezuela: Violaciones a la libertad académica, criminalización de la protesta, ataques del Poder Judicial venezolano a la autonomía universitaria, crisis presupuestaria, situación de los universitarios en el marco de la emergencia humanitaria compleja y otros ataques a derechos humanos en el ámbito universitario.

Históricamente las universidades han sido el epicentro del pensamiento crítico y plural de una nación, donde las ideas nacidas de un proceso científico-académico afloran y nutren directamente la democracia misma, razón por la cual las dictaduras comúnmente han tomado a la comunidad universitaria como principal blanco de ataque. El contexto de las universidades venezolanas durante el 2017 y 2018 ha arropado una realidad en estos términos, donde Aula Abierta pudo determinar que el Estado venezolano, a través de los distintos órganos que conforman los Poderes Públicos, ha implementado una política dirigida a pulverizar los derechos humanos que protegen a los universitarios, materializándose de distintas maneras:

Criminalización de la protesta y persecución contra universitarios

Las protestas en Venezuela se originaron a finales del mes de marzo de 2017, a raíz de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales agravaron la ruptura del orden constitucional en Venezuela al usurpar las funciones de la Asamblea Nacional (AN) electa el 6 de diciembre de 2015, iniciando así una ola de protestas de 4 meses de duración por parte de la sociedad civil, exigiendo el restablecimiento de la institucionalidad y democracia en el país. Esta oleada, cuya duración fue de unos 4 meses (Abril-julio), incrementó su intensidad cuando el Presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó la convocatoria inconsulta a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

A lo largo de estos 4 meses la comunidad universitaria, conformada por profesores y estudiantes, se erigió como uno de los principales protagonistas de las manifestaciones donde el uso desproporcional de la fuerza, represión e incluso uso de armas de fuego fue la regla por parte de los órganos de seguridad del Estado venezolano y en oportunidades, por civiles armados (Paraestatales) que actuaron con la aquiescencia del Estado. En este sentido Aula Abierta, en el marco del Observatorio de Derechos Universitarios, en un trabajo en conjunto con distintos centros universitarios de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, pudo registrar que al menos 92 manifestaciones convocadas por la comunidad académica o que contaron con una amplia participación de la misma resultaron reprimidas, registrándose al menos 21 irrupciones al recinto universitario. Paradójicamente un cuerpo como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), llamado a garantizar la seguridad de la ciudadanía, terminó siendo el principal componente represor del Estado venezolano al liderar un 82% de las represiones.

El saldo del referido actuar desmedido y sistemático del Estado es alarmante: Al menos 17 profesores fueron detenidos arbitrariamente en el transcurso del 2017. Los motivos fueron de distinta naturaleza: desde publicación de ideas críticas en contra de las políticas públicas estatales hasta la participación en manifestaciones en contra del actual gobierno venezolano. De estos 17 profesores, 8 fueron presentados ante la justicia militar, 6 ante la justicia ordinaria y 3 liberados desde los centros de detención de los cuerpos de seguridad.

Dentro de estos casos, destaca el del profesor Santiago Guevara Santiago Guevara, profesor de la Universidad de Carabobo (UC) quien fue detenido arbitrariamente el día 21 de febrero de 2017 en el estado Carabobo bajo el cargo de “traición a la patria”, luego de haber publicado un artículo de opinión en el diario “El Boletín” de Madrid, España titulado “De goya a la sana prospectiva” donde abordó el tema de políticas públicas y situación actual de Venezuela. Durante su reclusión, estuvo comprometido su estado de salud al padecer múltiples afecciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medida cautelar No.383-17 solicitando al Estado venezolano adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal del señor Guevara García. Luego de 10 meses, fue liberado bajo medida cautelar el 23 de diciembre de 2017.

En la actualidad, los profesores que fueron presentados ante tribunales, aun cuando no estén privados de libertad físicamente, se encuentran afectados por medidas que perjudican la misma, como la prohibición de salir del país o hacer cualquier tipo de declaraciones a medios de comunicación sobre su caso.

Las cifras en relación al caso de los estudiantes no son más alentadoras: 21 estudiantes fallecidos en contexto de las manifestaciones. Adicionalmente al menos 339 estudiantes universitarios resultaron detenidos arbitrariamente durante el período de abril a julio de 2017, siendo muchos de ellos presentados ante la justicia militar y quedando afectados por medidas privativas de libertad.

Recientemente, el 7 de agosto de 2018, el estudiante universitario y diputado Juan Requesens fue detenido arbitrariamente por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). A pesar de tratarse de un parlamentario que goza de inmunidad, esta condición no ha sido tomada en cuenta durante su detención: se han presentado violaciones al derecho al debido proceso y al derecho a la defensa, reflejadas en el intento de designarle un defensor público, distinto al apoderado judicial que su familia había designado para su defensa. Luego de pasar más de 120 horas aislado e incomunicado, Requesens fue presentado ante el Tribunal 1° de Control con competencia en Terrorismo. La Fiscalía imputó al estudiante por los delitos de instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro, homicidio calificado en grado de frustración contra los militares de la Guardia Nacional Bolivariana, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir Financiamiento al terrorismo, daños a la propiedad y traición a la patria. Los familiares no han podido constatar el estado físico y psicológico de Requesens personalmente, solo su abogado ha podido verlo en una ocasión.

Asedio del Poder Judicial venezolano contra las universidades

Cuando se piensa en el Poder Judicial de una nación, lo que es lo mismo a tribunales y cortes, la noción de justicia regularmente aparece en la mente del intérprete. Lamentablemente, en el caso del Poder Judicial venezolano no puede concluirse lo mismo. Desde el 2010 se han registrado más de 43 decisiones que vulneran directamente el contenido de la libertad académica, la autonomía universitaria y por consecuencia el derecho a una educación de calidad.

En el referido año, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia venezolano inició una práctica que trajo como consecuencia la suspensión de las elecciones universitarias en más de 9 universidades. Posteriormente, en el 2015 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a todas las universidades públicas de la nación que debían acatar las asignaciones de cupos que desde la Oficina de Planificación del Sector universitario (OPSU) se realizarán sobre nuevos ingresos al sistema de educación superior, la cual es completamente arbitraria según han denunciado autoridades como la Rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha. Esto resulta lógico si se tiene en consideración que esta oficina designa hasta un 100% de la capacidad para nuevos ingresos que tienen las universidades públicas, es decir, mediante esta designación las universidades se quedan sin la posibilidad práctica de ingresar al estudiantado que haya aprobado los procesos de admisión diseñados por ellas.

Por si fuera poco, durante el 2017  Juzgados con competencia en lo contencioso administrativo en el estado Mérida y el Distrito Capital ordenaron a la Universidad Central de Venezuela y a la Universidad de Los Andes, respectivamente, suspender los concursos de oposición para profesores, vulnerando una vez más la autonomía universitaria y trastocando gravemente la libertad académica y el derecho a una educación de calidad.

El 28 de noviembre de 2017 se concretó la más reciente intervención del Poder Judicial contra las universidades: El Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la  Región Capital ordenó a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela suspender un acto de grado de culminación de carrera hasta tanto no se incluyera en la lista preliminar a un estudiante que, increíblemente, exigía ser parte de la misma sin haber aprobado la totalidad de la carga académica del pensum de estudios de su carrera.

Universitarios en el marco de la emergencia humanitaria compleja

Por si fuera poco el asedio constante de una deformada “justicia”, la realidad venezolana se encuentra marcada por una profunda crisis económica, política y social a la cual se le debe sumar la crisis presupuestaria que han venido denunciando las distintas casas de estudios superiores, las cuales afirman recibir entre un 20 % y un 30% del presupuesto requerido al Ministerio de Educación Superior, lo cual produce que los servicios estudiantiles como el comedor, el transporte e inclusos providencias (programas de subsidio cubiertos directamente por el Ministerio de Educación Superior) sean prácticamente nulos.

Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, reportaron para Aula Abierta que durante los meses de febrero, marzo y abril, solo recibieron el 50% del pago correspondiente a dichas providencias, es decir, 0,4 Bolívares Soberanos (lo que representa  0,003 € Euros calculados a tasa de mercado paralelo de 101,41 al 31-08-2018). Tomando en cuenta que estas situaciones se desarrollan en un país donde existen altos niveles de hiperinflación que, según proyecta el Fondo Monetario Internacional, llegaran a 1.000.000% en el 2018, los servicios estudiantiles se hacen cada vez más necesarios para poder sobrellevar sus actividades, sin embargo, estos “apoyos” han dejado a la población estudiantil universitaria desamparada.

Adicionalmente, la existencia de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), como figura centralista que interviene en los asuntos inherentes a las casas de estudio, funge como un factor causal y al mismo tiempo agravante. Esta oficina monopoliza la distribución de los alimentos proteicos de los comedores estudiantiles, la asignación y manejo de recursos de las divisiones de transporte de las universidades y asigna, de manera inconsulta con las universidades, nuevos ingresos de estudiantes para los cuales las casas de estudio no tienen la capacidad.

Al mismo tiempo, los profesores universitarios también han sido afectados por esta crisis, al recibir pírricos sueldos por su labor: un profesor titular dedicación exclusiva (más de 15 años de docencia y estudios de doctorado) devenga aproximadamente 7$ dólares mensuales mientras  que el de tiempo intermedio gana unos 2,5$ dólares. Estas cifras atienden a una conversión de 87,22 Bolívares Soberanos por 1 Dólar Americano (Tasa paralela), según estudios realizados por Aula Abierta.

Por otra parte, debido a los irrisorios montos otorgados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), la investigación científica se ha visto gravemente afectada en lo que respecta a las asignaciones de los institutos y dependencias de investigación de las casas de estudios superiores. Un ejemplo de esto se observa en la Escuela de Biología de la Universidad Central de Venezuela (UCV): el presupuesto anual de la facultad de Ciencias para el 2018 es 800 millones de bolívares, de los cuales el 80% corresponde a pago de nómina del personal docente, administrativo, técnico y de servicio y obrero; quedando sólo un 20% para funcionamiento, investigación y extensión, es decir, la facultad debe mantenerse activa e investigar con 160 millones de bolívares (unos 15,77€  a tasa de mercado paralelo de 10.141.000 para el día 31-08-2018), lo que es muy deficitario por tratarse de una planta física compleja, la inflación que existe en el país y por los costos en los equipos y reactivos de laboratorios.

Además de los sistemas internos de investigación de las universidades, el gobierno nacional venezolano creó el Programa de Estímulo a la Investigación e Innovación (PEII), el cual pretendía ser un incentivo en el desarrollo de la investigación, pero la realidad es otra: la insuficiencia en las contribuciones para las investigaciones también se evidencia dentro del PEII, donde los investigadores reciben una asignación económica que, dentro del contexto venezolano, no es útil para desarrollar ningún proyecto de investigación. Un investigador nivel C (el más alto) recibe un monto de hasta 47.152 Bolívares Fuertes, lo que representa 0,02 € euros, cifra calculada a una conversión en la tasa paralela de 2.225.849 Bolívares Fuertes por 1 Euro (€).

Aunado a los deficitarios montos de financiamiento, se ha podido constatar que existe un retraso manifiesto por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct) en el pago de estos aportes económicos. En este sentido, para el día 15 de marzo de 2018, dentro de la cuenta oficial del Oncti-Mppeuct  en la red social Twitter, había un tweet fijado desde el 31 de julio de 2017 donde se ofrecían disculpas por el retraso en el pago de las subvenciones PEII, estableciendo  que apenas recibieran los recursos honrarían los compromisos pendientes.

Otro factor que ha perjudicado a los catedráticos se debe a la crisis del sistema de salud de los profesores universitarios. En marzo de 2017, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct) anunció, la creación del Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación Universitaria (SISMEU). Esta apropiación, unilateral y arbitraria, por parte del Estado venezolano de competencias propias de las universidades, constituye un sistema con montos de cobertura casi nulos: para cubrir gastos de emergencias, los profesores universitarios y sus familiares reciben 100 Bolívares Soberanos, lo que equivale a 1 € Euro (tasa paralela al 31-08-2018), dejando a los mismos en estado de desprotección. Aunado a la falta de unos montos de cobertura adecuados, el MPPEUCT ha incurrido en impagos con las clínicas y otras entidades de salud afiliadas al SISMEU, lo que ha generado una negación de brindar atención médica a los docentes que acuden a estas entidades, según denunció el Vicerrector Administrativo de la Universidad de Carabobo (UC), José Ángel Fereira, en entrevista para El Carabobeño.

El éxodo venezolano y la universidad

La crisis actual que enfrenta Venezuela, ha traído como consecuencia el éxodo masivo de venezolanos, lo que se traduce en que las universidades venezolanas carezcan de su componente más importante: estudiantes y profesores. Del trabajo realizado por Aula Abierta, en conjunto con distintos centros universitarios de derechos humanos, se obtuvieron los siguientes hallazgos: La Universidad del Zulia presenta una cifra de deserción de más de un 40%. En esta línea, en la Universidad de Oriente (UDO) y la Universidad de Los Andes (ULA) se manifiesta un 40%, mientras que en la Universidad Central de Venezuela (UCV) la deserción de estudiantes es de 29.10%.

Por otra parte, las cifras de deserción profesoral no parecen mejorar. Según declaraciones ofrecidas al periódico El Nacional por el presidente de la Asociación de Profesores Universitarios, Víctor Márquez, entre el 30% y 50% del profesorado se está yendo del país. Esta fuga de talento calificado al exterior atiende a la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Aula Abierta visibiliza los derechos universitarios en la comunidad internacional

 

Lo expuesto ha servido como combustible para la sociedad civil, que más allá de ver estas situaciones con preocupación, ha entendido la importancia de reivindicar el goce y respeto efectivo de estos derechos, tanto nacional como internacionalmente. Es así como Aula Abierta, en un trabajo colaborativo con distintas organizaciones y cátedras de derechos humanos que hacen vida en la comunidad universitaria, logró un hito al exponer por primera vez en la historia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, las violaciones y amenazas que sufren  la libertad académica y la autonomía universitaria en el marco del 165 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sin embargo, el sistema interamericano no fue la única instancia internacional donde Aula Abierta Venezuela visibilizó el tema universitario durante el 2017. En el marco de las actividades de la CIDH en Montevideo, David Gómez Gamboa, Director de Aula Abierta junto a Mayda Hocevar, Directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), pudieron  mantener una reunión con  Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se hizo de su conocimiento las preocupaciones que la sociedad civil tiene en relación al respeto y promoción de la libertad académica y la autonomía universitaria.

Los resultados de dicho trabajo se visibilizaron el 12 de febrero de 2018, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo público su informe “Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”. Con él una radiografía general de la situación de los derechos humanos en Venezuela, en la que se encuentran preocupaciones de la CIDH en relación al respeto de derechos humanos vinculado al ámbito universitario, como por ejemplo la libertad académica. Esto constituye un hito y un paso más para la conquista de estos derechos en favor de la humanidad, el cual ha sido propulsado por el movimiento de derechos humanos venezolano, especialmente por Aula Abierta y el conjunto de organizaciones de la sociedad civil, cátedras y centros de derechos humanos que hacen vida en la comunidad universitaria.

En este orden de ideas, el 29 de mayo de 2018 fue publicado un informe por un panel de expertos internacionales independientes designado por el Secretario General de la Organización de Estado Americanos (OEA), donde se concluyó que existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014. El informe enfatiza la situación lamentable ocurrida en contra de los universitarios en Venezuela: grupos de expertos hacen alusión a denuncias realizadas por Aula Abierta, organización que en los últimos años se encuentra documentando violaciones de derechos humanos en el ámbito universitario en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia.

Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó el viernes 22 de junio de 2018 un nuevo informe titulado “Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral ascendente que parece no tener fin”. Entre otros aspectos, el informe enfatiza los ataques dirigidos a los universitarios en Venezuela, haciendo alusión a denuncias realizadas por Aula Abierta, en conjunto con una coalición de centros universitarios en materia de derechos humanos.

En definitiva, la conquista de los derechos universitarios es una lucha que desde Aula Abierta se pretende desarrollar con más fuerza los años siguientes, donde se vislumbra la consolidación de estos derechos humanos a lo largo y ancho del continente americano.

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