Comunidad Universitaria Internacional exige conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (México)

43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, querían participar en la conmemoración de la matanza estudiantil de Tlatelolco, en su camino se toparon con las fuerzas de seguridad, los estudiantes desaparecieron y no volvieron a ser vistos. Este caso es un misterio que involucra a sicarios, policías y políticos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos designó por solicitud de las familias de los desaparecidos un colectivo de especialistas llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para ayudar a arrojar luz sobre la tragedia. El Gobierno mexicano negó a los expertos la posibilidad de prolongar sus investigaciones, por lo que después de concluir la primera prorroga  tuvieron que abandonar el país.

La Fiscalía General de la República de México, ha mantenido una versión donde establecían que los estudiantes desaparecidos fueron cremados en el vertedero de una localidad vecina y sus restos acabaron en el río. En septiembre de 2015, el grupo de expertos designado por la CIDH descartó mediante un informe que los estudiantes hubieran sido quemados. Al menos no en el basurero de Cocula, situado a 22 kilómetros al sureste de Iguala, en el estado de Guerrero.

El peritaje concluye que pese a los numerosos incendios en fechas distintas y con intensidades diferentes, la noche de la desaparición no hubo un fuego de la magnitud y duración requerida para reducir a cenizas a los 43 estudiantes.

El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), ha argumentado que se necesitan días y toneladas de material para incinerar unas 43 personas, lo que contradice el relato oficial. Asimismo, el área circundante al vertedero no mostraba daños que un fuego de esa magnitud hubiera provocado.

La CIDH realizó en marzo de 2017 una audiencia sobre el caso Ayotzinapa durante el 161º Período Ordinario de Sesiones, donde el gobierno mexicano declaró una vez más que su principal teoría sobre lo que pasó con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa es que fueron asesinados y quemados en un basurero por miembros de un grupo de la delincuencia organizado, a pesar de que esta teoría ya ha sido desacreditada por numerosos análisis científicos.

Los expertos establecen que existen indicios evidentes sobre la participación de varias fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno estaban presentes en el área donde los estudiantes se enfrentaron con la policía local y que estaban al tanto de los ataques contra los estudiantes pero no intervinieron para protegerlos. También hay evidencia de que algunos miembros de la Policía Federal participaron en la desaparición de los estudiantes.

En relación con el seguimiento y análisis de los datos de teléfonos celulares de los estudiantes y sospechosos ha llevado a varios avances importantes en el caso, incluyendo la confirmación la Policía Municipal de Huitzuco, estuvo involucrada en la desaparición de los estudiantes.

La CIDH realizó una segunda audiencia sobre el caso Ayotzinapa durante la 163ª Sesión Especial realizada en julio de 2017, donde el gobierno mexicano informó que aún no se había avanzado en la determinación del paradero de los estudiantes ni en identificación de los responsables de su desaparición.

En el contexto de la audiencia, la CIDH anunció su grave preocupación por los supuestos intentos de espionaje contra miembros del Grupo de Expertos mientras aún estaban trabajando en México. Estas acusaciones fueron confirmadas posteriormente por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto.

El análisis forense de Citizen Lab demuestra que los investigadores fueron atacados por Pegasus, un software de espionaje sofisticado que se vende exclusivamente a los gobiernos bajo la condición de que sólo sea usado para combatir a terroristas y criminales.

En un comunicado oficial de septiembre de 2017 la CIDH urge al Estado mexicano a tomar las medidas necesarias para concretar la detención de los policías de Huitzuco que estarían involucrados en los hechos como medida tendente a esclarecer lo ocurrido y sancionar a todas las personas responsables. Asimismo, exhorta al Estado a avanzar en la investigación de los policías federales quienes fueron individualizados como presuntos responsables de encubrimiento de los hechos.

La CIDH recibió información en el marco de la asistencia jurídica solicitada al gobierno estadounidense. La línea de investigación sobre la posible conexión de los hechos con el traslado de estupefacientes o de dinero hacía los Estados Unidos sigue siendo de suma importancia y debe profundizarse más a la luz de todos los elementos de investigación que se encuentran en el expediente. La Comisión exhorta al Estado a priorizar pruebas y diligencias en relación con la ubicación del quinto autobús.

El jueves 29 de marzo, James  Cavallaros, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizó un conversatorio donde disertó sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. El Profesor James Cavallaro, supervisó la investigación independiente como Comisionado y Relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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