UNIVERSIDAD DE CARABOBO BAJO AMENAZA POR AUTORIDADES DEL ESTADO

Recientes declaraciones del Gobernador del Estado Carabobo, así como acciones de cuerpos de seguridad del Estado contra autoridades universitarias, constituyen amenazas graves contra la autonomía de la Universidad de Carabobo (UC) y actos de retaliación injustificados.

El 7 de julio de 2018, el Gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacava, publicó un video a través de su cuenta de Twitter en el cual expresó que “le vamos a meter la mano (a la universidad)” con el motivo de “mejorarla, recuperarla y rescatarla en donde la metieron estos bandidos”, refiriéndose de esta forma a la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo, y al secretario, Pablo Aure. Asimismo, manifestó que “hay que sacar a los malandros que la hundieron en la desidia y en la mediocridad y se esconden detrás del manto protector de la autonomía.” El mismo día, la rectora Jessy Divo, fue trasladada a la sede regional del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), donde fue interrogada por su presunta participación en un plan donde se pretendía “derrocar” al presidente de la al Presidente de la República, Nicolás Maduro, y “asesinar” al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, y a su familia.

Ante estas situaciones, en el marco del ejercicio del observatorio sobre derechos universitarios que desarrollan la ONG Aula Abierta junto a la Comisión de  Derechos Humanos de la Universidad del Zulia (LUZ), el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA) y el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), entre otras organizaciones, se alerta sobre la profunda preocupación ante la política sistemática desarrollada por parte de representantes del gobierno nacional y diferentes gobiernos regionales de atentar contra la autonomía universitaria. En particular, preocupa altamente la situación que enfrenta la Universidad de Carabobo, sus autoridades, y representantes de su cuerpo profesoral, ante las situaciones de violencia en entornos universitarios, irrupciones, ataques, amenazas y aprehensiones sin el respeto debido al ordenamiento jurídico venezolano ni  Internacional ocurridos en el 2017, lo cual ha configurado violaciones muy graves a los derechos humanos. Mención particular merece la privación de libertad por casi 11 meses de manera ilegítima al profesor y economista de esa Casa de Estudios, Santiago Guevara, por su actividad académica y su línea de investigación, en contravención de la libertad académica y otros derechos humanos.

Debe enfatizarse la protección constitucional que el Constituyente de 1999 brindó a la autonomía universitaria: “Art. 109. El Estado reconocerá la autonomía universitaria (…) Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley”. En concatenación al artículo 109 constitucional, la Ley de Universidades vigente prevé en su artículo 9: “Las Universidades son autónomas. Dentro de las previsiones de la presente Ley y de su Reglamento, disponen de: 1. Autonomía organizativa, en virtud de la cual podrán dictar sus normas internas. 2. Autonomía académica, para planificar, organizar y realizar los programas de investigación, docentes y de extensión que fueren necesario para el cumplimiento de sus fines; 3.Autonomía administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades y designar su personal docente, de investigación y administrativo;  4.Autonomía económica y financiera, para organizar y administrar su patrimonio.”.

Los continuos pronunciamientos por parte del Gobernador del Estado Carabobo se erigen como graves amenazas intervencionistas contra los bienes  y el funcionamiento interno de LUZ, razón por la cual debe destacarse que ninguno de estos órganos detenta competencia alguna dentro del marco legal venezolano para intervenir en los asuntos de las universidades públicas. Por el contrario, todos los órganos de la Administración Pública encuentran sus actividades supeditas a aquello que le ha sido expresamente facultado por el marco constitucional y las leyes, en cumplimiento al principio de legalidad de las competencias previsto en el artículo 137 de la Constitución Nacional.

Desde la ONG Aula Abierta, la Comisión de  Derechos Humanos de la Universidad del Zulia (LUZ), el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA) y el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), entre otras organizaciones, se condena cualquier  acción de autoridades del Poder Público que pretenda  mermar la  democracia a través de la vulneración de la libertad académica y la autonomía universitaria. En tal sentido, se hace un llamado enérgico a la Gobernación del Estado Carabobo y a las autoridades de seguridad del Estado Venezolano a apegarse al principio de legalidad y a limitarse a ejercer las facultades  dispuestas en el artículo 164 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El  llamado se hace también a la Defensoría del Pueblo como institución garante de velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República, según lo plasmado en el artículo 281 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que exhorte al Gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacava, a abstenerse de realizar actuaciones que constituyan restricciones y represalias en detrimento de la libertad académica y la autonomía universitaria derechos que se encuentran previstos a nivel internacional en la Recomendación Relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 1997), la Observación General 13 de los párrafos 3 y 4 del artículo 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración de Lima.