Universidades venezolanas: ¿Qué esperar para el periodo académico final del 2018?

Venezuela atraviesa una profunda crisis económica, política y social que ha permeado en cada uno de los sectores de la sociedad venezolana. La comunidad universitaria no escapa de esa realidad, viéndose enfrentada a críticos retos como la asfixia presupuestaria, violaciones a los derechos laborales de profesores y otros actores universitarios, entre otros factores que ponen en riesgo el goce efectivo de la libertad académica, la autonomía universitaria y otros derechos universitarios.

Asfixia presupuestaria: “El presupuesto de la universidad disponible en caja alcanza para comprar 2 neumáticos”

Con esta clara afirmación, el Rector de la Universidad de los Andes (ULA), Dr. Mario Bonucci, explicó en entrevista para Aula Abierta[1] cuál era el panorama financiero que su casa de estudios, y todas las universidades nacionales, enfrentarán durante este periodo académico final de 2018.

Lo anterior ratifica las denuncias visibilizadas por Aula Abierta en conjunto con los distintos centros de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que hacen vida en la comunidad universitaria, en el trabajo “Informe preliminar: deserción universitaria en Venezuela”[2], donde se denuncia que las universidades reciben del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT) hasta un 20% del presupuesto que solicitan (en el mejor de los casos), debiendo destacarse que de ese 20% deficitario, las universidades deben tomar hasta un 87% para pago de nómina del personal universitario, por lo que el presupuesto que podría ser dedicado para el mantenimiento de las instalaciones así como para el desarrollo de actividades de investigación y extensión es casi nulo.

Posible conflicto gremial por violaciones a los derechos laborales de los profesores y otros actores universitarios

En fecha 06 de septiembre de 2018 el MPPEUCT remitió un instructivo a las universidades públicas venezolanas indicando como deberían realizar el cómputo para el pago del personal universitario. El referido instructivo fue rechazado por las casas de estudios por vulnerar los derechos laborales consagrados en la III Convención Colectiva Única para el Sector Universitario.Una de las principales violaciones radica en la disminución de la base para el cálculo del escalafón profesoral universitario de 4.75 salarios mínimos (consagrados en la Convención colectiva vigente) a 1.5 salarios mínimos.

Al respecto, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) desconoció categóricamente las condiciones salariales impuestas por el Ministerio y consignó un escrito exigiendo el respeto de las bases salariales y una respuesta oportuna de las autoridades,a pesar de las intimidaciones realizadas por miembros de los cuerpos policiales venezolanos.

 

Sin embargo, lo anterior implica solo un nuevo episodio en la crítica realidad del profesor universitario.

En el “Informe preliminar sobre la situación de los profesores en Venezuela”[3] realizado por Aula Abierta, se  denunció la crisis en el sistema de seguridad social de los profesores, quienes han encontrado en el Sistema Integral de Salud del  Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (SISMEU) una desprotección total, contando con montos que no superan los USD $2 para la asistencia de emergencias y compra de medicamentos. Debiendo destacarse que algunos miembros del sector universitario han denunciado haber sido rechazados por las clínicas al tratar de usar el SISMEU, debido al  incumplimiento de los compromisos patrimoniales por parte del MPPEUCT.

Ante lo expuesto, distintas casas de estudios como la Universidad de Los Andes (ULA), la Universidad Central de Venezuela (UCV)[4], entre otras[5], han convocado para la semana del 24 al 29 de septiembre de 2018 asambleas generales con la finalidad de discutir las acciones a seguir y la posibilidad de entrar en un paro nacional, el cual cada vez pareciera estar más cerca ante la falta de respuesta del Ministerio de Educación Superior.

Crisis en los servicios estudiantiles

Durante el periodo académico 2017 la crisis en el funcionamiento de los servicios destinados a estudiantes pudo evidenciarse. En el referido informe sobre la deserción universitaria realizado por Aula Abierta, en conjunto con los distintos centros de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que hacen vida en la comunidad universitaria, se visibilizaron graves preocupaciones en relación a los servicios del comedor y transporte estudiantil.

En este orden de ideas, los comedores de las universidades publicas denunciaron constantemente la falta de suministro de alimentos proteicos por parte del MPPEUCT, lo que sumado a las asfixia presupuestaria a la que están sometidas las universidades, produjo que el cierre temporal de comedores fuera una constante, alcanzando en algunos casos hasta 8 meses sin poder contar con este servicio fundamental para los estudiantes.

Otro de los graves problemas que enfrentaron los estudiantes estuvo relacionado con el transporte. Las universidades públicas no cuentan con un número de unidades de transporte suficientes para atender a la población estudiantil ni presupuesto para mantener las pocas con las que cuentan. Instituciones como la Universidad de Carabobo (UC) contaban en el año académico 2017 con solo 7 unidades para atender a toda la comunidad estudiantil.

La referida crisis puede ser graficada en un episodio donde varios estudiantes tuvieron que pernoctar en la universidad. Según información suministrada por Oliver Bernal, representante del Movimiento Estudiantil GENTE FCS de la Facultad de Ciencias de Salud, la primera semana de noviembre de 2017 unos  23 estudiantes se vieron forzados a pernoctar en las instalaciones de la UC ante la falta de funcionamiento del servicio de rutas estudiantiles y recursos propios para utilizar los medios de transporte privados.

Ante estas situaciones, el Rector de la ULA, indicó al equipo de Aula Abierta que la extrema asfixia presupuestaria provocada por el Estado produce que los servicios estudiantiles estén convulsionados, sin embargo los estudiantes encontrarán una universidad abierta con la mejor disposición para servirles.

Inseguridad en el recinto universitario

Las instalaciones de las universidades públicas y su sustrato personal se han visto gravemente afectados por la inseguridad. Desde Aula Abierta se han podido registrar al menos 40 incidentes de inseguridad dentro del recinto universitario de las distintas casas de estudios durante el 2018, existiendo en oportunidades falta de impulso a las investigaciones por los cuerpos policiales del Estado.

Deserción estudiantil y fuga de talento profesoral

Las situaciones expuestas han fomentado que las universidades se queden sin su mayor componente: estudiantes y profesores. Durante el 2018 las distintas regiones del país han sufrido los embates de este fenómeno, donde se pueden destacar las siguientes cifras de deserción estudiantil: la Universidad Central de Venezuela (29.10%) , la Universidad de Los Andes (40%), la Universidad del Zulia (+40%) y la Universidad De Oriente (40%).

En cuanto a los profesores, el panorama no parece mejorar.  En mayo de 2018 Instituciones como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Los Andes, La Universidad del Zulia y la Universidad De Oriente habían estimado los índices de fuga de talento profesoral entre un 20% y un 50% .

Sin embargo, Tulio Olmos, Vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV),  afirmó que lamentablemente podría verse una cifra superior al 50% de fuga de talento profesoral para el periodo académico del semestre final de 2018, pues “semanalmente se registran 2 renuncias de profesores universitarios en la UCV”. [6]

Desde Aula Abierta se condena la existencia de las situaciones descritas, las cuales constituyen elementos que limitan el libre ejercicio de la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a una educación de calidad. En este sentido, se hace un llamado público al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y demás autoridades del Estado para que actúen de conformidad al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno venezolano, garantizando en consecuencia el ejercicio de los referidos derechos.

 

[1] Véase programa de radio “Aula Abierta” del 20 de septiembre de 2018. Disponible en: http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2018/09/21/educacion-en-peligro/

[2] Informe preliminar: deserción universitaria en Venezuela. Disponible en: http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2017/12/AULA-ABIERTA-VENEZUELA-INFORME-PRELIMINAR-DESERCI%C3%93N-UNIVERSITARIA-EN-VENEZUELA.pdf

[3]Informe preliminar sobre la situación de los profesores en Venezuela. Disponible en:  http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2017/08/Informe-profesores-29062018.pdf

[4][4] Convocatoria a asamblea universitaria en la Universidad de Los Andes (ULA). Vease perfil del Rector, Dr.Mario Bonucci: https://twitter.com/bonuccimario/status/1042867241405034496

[5] Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar convocan a asamblea para discutir las violaciones a sus derechos laborales. Vease: https://twitter.com/APUSB/status/1043252902301761538

[6] Véase programa de radio “Aula Abierta” del 20 de septiembre de 2018. Disponible en: http://aulaabiertavenezuela.org/index.php/2018/09/21/educacion-en-peligro/ 

 

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