Libertad académica y derecho a una educación de calidad afectados por la crisis en el sistema eléctrico nacional

El  7 de marzo de 2019 se registró una falla general del servicio eléctrico en Venezuela, cuya replica más reciente se registró el 09 de abril de 2019. Hasta 21 días de actividades académicas universitarias se han suspendido a nivel nacional producto del “apagón”, cuyos efectos someten a la población a la oscuridad por periodos ininterrumpidos de varios días.  

Clases de Fotogeología fuera del laboratorio por falta de luz. Escuela de ingeniería geológica, Universidad de los Andes (ULA)

El 10 de marzo de 2019 la Universidad de Oriente (UDO), núcleo Nueva Esparta, emitió un comunicado en el cual informó la suspensión de las actividades evaluativas y académicas desde el 11 de marzo hasta el 15 de marzo de 2019, con el objetivo de salvaguardar la integridad de toda la comunidad universitaria ante la falla eléctrica que afectó a todos los estados de Venezuela desde el 7 de marzo.

Un día después, la Rectora de la UDO, Milena Bravo de Romero, emitió un comunicado donde informó la suspensión del Consejo Universitario Ordinario a celebrarse ese día, por la imposibilidad de movilización de varios miembros, dada la situación de emergencia eléctrica. En consecuencia, en el comunicado se decretó la suspensión de las actividades académicas y administrativas los días lunes 11 y martes 12 de marzo de 2019. También se suspendieron las evaluaciones académicas y la toma de asistencia de los estudiantes de la UDO dada la imposibilidad de que los mismos llegaran a tiempo a sus respectivas actividades.

Lo ocurrido en la UDO es un patrón que se repitió en las principales universidades autónomas del país:

Universidades venezolanas paralizadas: actividades docentes, de investigación científica y extensión suspendidas en todo el país

Suspensión de actividades en la zona Oriente

Aun cuando el servicio eléctrico se restableció de manera paulatina en el estado Anzoátegui, así como en el resto del país, la Universidad de Oriente decidió el 12 de marzo suspender las actividades académicas y administrativas hasta nuevo aviso debido a esta contingencia. En sesión extraordinaria del viernes 15 de marzo de 2019 el Consejo Universitario acordó reiniciar las actividades académicas, administrativas y de servicios en todas sus sedes a partir del lunes 18 de marzo, sin embargo, esta última decisión fue reprogramada hasta el 01 de abril de 2019.

La UDO en el núcleo Anzoátegui y sus extensiones de Anaco y Cantaura reanudaron actividades el miércoles 03 de abril, y se suspendieron las evaluaciones durante los ocho días siguientes.

De acuerdo con Tirso González, delegado de Apudo, solo el 30% de los 10.000 estudiantes de este núcleo ha asistido a clases. Asimismo, el delegado confirmó que se está discutiendo la reprogramación del semestre dados los 20 días de clases perdidos a partir del 7 de marzo.

Otro de los casos documentados, fue el de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB, sede Guayana), que reanudó sus actividades académicas y administrativas el jueves 14 de marzo (a diferencia de la sede Montalbán que reinició el 18), de acuerdo con el comunicado enviado por las autoridades el miércoles 13 de marzo y posterior a sesión del CU.

En todas las sedes de la UCAB se modificó el calendario por la semana de clases perdida entre el 25-29 de marzo. Además, se creó un reglamento sobre situaciones excepcionales, que norma e indica cómo proceder en estos casos de crisis de movilidad que llevan a una pérdida de actividades.

Colapso en la zona occidental

La Universidad del Zulia (LUZ) fue la casa de estudios que presentó la cifra más alarmante en cuanto a los días de suspensión de actividades académicas que presentó debido a los problemas eléctricos. Cabe destacar que la Universidad del Zulia (LUZ) está ubicada en un estado afectado particularmente por el colapso del sistema eléctrico y por los racionamientos, hecho que se ve reflejado en los 21 días en total de suspensión de actividades académicas que acumuló la institución durante los meses de marzo y abril de 2019.

Inicialmente, el rector Jorge Palencia, informó la suspensión de las actividades académicas y administrativas en LUZ por 72 horas desde el 12 de marzo, salvo la seguridad y emergencias de salud. El 14 de marzo las autoridades de LUZ, reunidas en Consejo Universitario decidieron mantener hasta nuevo aviso la suspensión de las actividades académicas.

Nuevamente, el 2 de abril de 2019 el Rector Palencia suspendió por 72 horas más las actividades académicas y administrativas debido al prolongado apagón. El 8 de abril el Consejo universitario anunció el reinicio de las actividades académico-administrativas (excepto las de aula en pregrado) a partir del miércoles 10 de abril y el reinicio de las actividades docentes de pregrado a partir del lunes 22 de abril.

En este mismo orden de ideas, la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), informó el 11 de marzo que la grave situación generada por la problemática en la prestación del servicio eléctrico obligó a la suspensión de actividades académico-administrativas en resguardo del bienestar de su comunidad hasta que se restablezca el servicio.

El 27 de marzo el CU ratificó la decisión de suspender las actividades académicas y administrativas en la UCLA hasta tanto se restablezca el servicio eléctrico, decisión que fue prolongada hasta el 02 de abril de 2019.

Finalmente, el 6 de abril el Consejo Universitario acuerda autorizar el reinicio de las actividades académicas-administrativas sólo al V y VI año de Medicina, V y VII semestre de Enfermería, además de las pasantías, tesis y servicio comunitario de todos los programas académicos. Hasta la actualidad no existe una reanudación de las actividades en condición de normalidad.

Consecuencias del apagón en la zona centro   

La problemática en la prestación del servicio eléctrico también impactó en el centro de país. La Universidad de Carabobo (UC) fue la segunda casa de estudios que presentó la mayor acumulación de días de suspensión de actividades, sumando 20 días en total.

El Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo (UC) se pronunció en diferentes comunicados a partir del 14 de marzo anunciando que decidían mantener la suspensión de clases por la irregularidad del servicio eléctrico anunciaron la suspensión de las actividades.

Finalmente, el Consejo Universitario decidió reiniciar las actividades académicas de pregrado y postgrado, administrativas y obreras en todas sus sedes el 22 de abril de 2019.

Asimismo, la Universidad Central de Venezuela (UCV), inicialmente acordó suspender las actividades académicas y administrativas hasta el miércoles 13 de marzo. La Secretaría de la UCV también informó sobre la suspensión temporal del “SISTEMA DE INGRESO POR MÉRITO ACADÉMICO Y DIAGNÓSTICO INTEGRAL UCV 2019”, debido a la crisis eléctrica a nivel nacional.

Posteriormente, el Consejo Universitario decidió reanudar las actividades académicas el 20 de marzo, sin embargo, el 25 de marzo se conoció que el servicio eléctrico no se pudo restablecer debido a una falla en un transformador que dejó sin energía eléctrica a 80 por ciento del campus universitario, según información suministrada por Carmen Yegres, Directora de Mantenimiento de la UCV, y Agustín Chirinos, Director de Seguridad.

Entre las áreas afectadas resaltaron la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Ingeniería, Arquitectura, Farmacia, Humanidades, Odontología y Medicina. En esta última se encuentran equipos, laboratorios e insumos que requieren refrigeración para su mantenimiento, por tal motivo, el Instituto de Medicina Tropical de la UCV se vio en la obligación de realizar una campaña para recaudar fondos y poder adquirir una planta eléctrica para la conservación de valiosas muestras y medicamentos para pacientes con enfermedades tropicales que estaban en riesgo de perderse.

El Consejo Universitario continuó extendiendo las suspensiones de actividades abril en virtud de la crisis recurrente que sufre el sistema eléctrico nacional con efectos sobre servicios esenciales para su funcionamiento, primero del 27 de marzo hasta el lunes 01 de abril, extendiendo la medida hasta el 3 de abril de 2019.

Adicionalmente, debido a las intermitencias en servicio eléctrico la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales a través de su consejo de facultad mantuvo suspendidas las actividades hasta el lunes 8 de abril mientras que el consejo de facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas decidió mantener suspendida sus actividades hasta el lunes 22 de abril.

Lo anteriormente expresado se evidencia en la nueva falla eléctrica suscitada en horas de la madrugada del miércoles 10 de abril, afectando nuevamente las actividades académicas en la UCV en sus campus Caracas, Cagua y Maracay.

En las Facultades de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria de la UCV, ubicadas en Maracay, estado Aragua se encuentran seriamente afectadas, debido a que en este estado, el servicio eléctrico mantiene fallas temporales debido al programa de administración de cargas, condicionando las actividades académicas y administrativas al no contar con el servicio eléctrico por cuatro horas durante los horarios matutinos y vespertinos. La falta de energía eléctrica en el Campus Maracay, mantiene en riesgo a un lote de animales y plantas utilizados en las actividades de docencia e investigación.

La suspensión de las actividades académicas más prolongada de la institución se evidenció en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, sumando un total de 21 días.

Paralización de actividades los Andes

La Universidad de los Andes (ULA) no escapó del colapso del sistema eléctrico nacional: tuvo una suspensión de 10 días a partir del 11 de marzo, según informó el Rector, Mario Bonucci. Asimismo, anunció que mientras no hubiese energía eléctrica se suspenderían todas las actividades en la ULA Mérida, con las excepciones de la vigilancia, bomberos, emergencia, jardín botánico, medios, pasantías/postgrados de Facultad de Ciencias de la Salud que laboran en centros hospitalarios, laboratorios esenciales, entre otros.

El reinicio de las actividades administrativas y de investigación de la ULA en el estado Mérida fue anunciado para el 14 de marzo de 2019, y las actividades docentes de pregrado se iniciarían a partir del 18 de marzo.

Posteriormente, en un boletín enviado el 27 de marzo por el Rector Bonucci, se informó que las actividades académicas se mantenían suspendidas por los persistentes problemas con el suministro de fluido eléctrico, insuficientes unidades de transporte público y otras situaciones que fueron consultadas a la comunidad universitaria.

Los problemas eléctricos afectaron además otras actividades programadas por la universidad: el acto de grado del 15 de marzo fuera diferido, así como los actos para conmemorar los 254 años de la institución.

Finalmente, el 1ero de abril el Consejo Universitario de la ULA decidió llamar a actividades administrativas y docentes el 3 de abril.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) muestra su preocupación por la crisis universitaria

Esta dramática situación no pasó desapercibida por los órganos internacionales. Luego de las denuncias realizadas por Aula Abierta y otras organizaciones de la sociedad civil sobre los efectos de la falla nacional del servicio eléctrico en el derecho a una educación de calidad y la libertad académica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales emitieron un comunicado donde observan con preocupación que debido a la falta de energía eléctrica se ha producido una paralización sustancial de las actividades académicas. En el comunicado la Comisión recordó que el derecho a la educación es considerado el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos, sirviendo de catalizador para generar una ciudadanía crítica y participativa, así como para influir en el propio desarrollo de las personas y las sociedades.

En particular, en la enseñanza superior, la libertad académica de docentes y estudiantes como la autonomía de las instituciones son pilares fundamentales para fortalecer las estructuras democráticas y evitar presiones o intervención de naturaleza política. El derecho a la educación permite atenuar el impacto psicosocial en situaciones de emergencia o conflicto, reforzar la capacidad de ayuda a las personas afectadas en el contexto de la crisis y ofrecer herramientas para la estabilidad y reconstrucción social.

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