El 40% de los profesionales del sector salud ha emigrado en los últimos 5 años

El gremio de salud estima que desde el 2014, el 40% de los profesionales de la salud ha emigrado a otros países debido a la crisis económica, social y política que vive Venezuela.

La diáspora de los profesionales del sector salud es una de las consecuencias de la baja remuneración, condiciones de trabajo adversas en los diferentes centros de hospitalarios, falta de transporte y servicios públicos en general. Actualmente se ven afectados casi 3 mil trabajadores, además de los 2 mil jubilados y los 300 profesionales contratados.

Para noviembre de 2019, los salarios eran estimados entre 5 y 6 dólares mensuales, mientras que la canasta alimentaria está en 300 dólares aproximadamente, lo cual ubica a los trabajadores de salud en pobreza extrema, según los indicadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estimada en 1,5 dólares diarios.

Esta situación es producto de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro a partir del 2014, año que marca un decrecimiento en los salarios, puesto que para el año 2013 las remuneraciones correspondientes a los cargos de Profesional 1, Profesional 2 y Profesional 3 estaban entre 255 y 264 dólares mensuales.

Los profesionales de la salud, dependientes de la administración pública nacional, no han celebrado nuevas convenciones colectivas, ya que los salarios de los trabajadores se han establecido vía decreto presidencial de manera unilateral.

Por otra parte, desde el 2013 hasta la actualidad, se ha prohibido el acceso a los directivos de los colegios profesionales de la salud a los diferentes centros hospitalarios y ambulatorios del Estado. El personal de seguridad no permite el ingreso, alegando que tienen instrucciones de prohibir la entrada.

Además, cuando los delegados gremiales o coordinadores de los servicios de salud tratan de denunciar las respectivas irregularidades que se presentan en los centros de salud, como falta de insumos, materiales y medicamentos reciben amedrentamiento, en el 60% de los casos.

Otro aspecto en el que se vulnera el derecho a la asociación de los profesionales de la salud proviene del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, órgano que no reconoce grupos sindicales como el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (SUNEPSAS) y las federaciones de colegios profesionales legítimamente constituidos, representantes legales de los trabajadores, empleados administrativos y asistenciales, bioanalistas, enfermeras, nutricionistas y odontólogos.

En ese sentido, los trabajadores denuncian un paralelismo sindical a través de la creación de la Federación Nacional de Sindicatos Regionales y Conexos de Trabajadores del Sector Salud (FENASIRTRASALUD) en fecha 12 de abril de 2004, que representa arbitrariamente a todos los trabajadores del sector salud y en diferentes ámbitos de gobierno, cuya conformación es ilegítima de origen, evidenciada en la Resolución Nº 100325-0068, dictada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), publicada en Gaceta Electoral Nº 525 del 12 de mayo de 2010, mediante la cual se resuelve declarar con lugar la impugnación contra la Resolución dictada por la Comisión Electoral Permanente de FENASIRTRASALUD.

Desde el año 2006, por iniciativa del Ejecutivo Nacional, se realizó la reunión de normativa laboral del 31 de diciembre, sin estar contemplado en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), fijando las condiciones laborales únicamente con la representación de FENASIRTRASALUD, el cual es un sindicato pro gobierno, que tiene como presidente al licenciado Octavio Solórzano, quien públicamente ha manifestado su apoyo al Gobierno venezolano de facto, quien actúa de acuerdo a los intereses del sector oficialista.

Otras irregularidades presentadas por el sector salud son la denegación de permisos hacia gremios y sindicatos por parte del Estado Venezolano desde el año 2013.Los miembros de juntas directivas mantienen en riesgo su estabilidad laboral, ante la posible suspensión de salarios, beneficios económicos y sociales y, en última instancia, la destitución del cargo si no se incorporan a sus labores asistenciales.

Estas actuaciones constituyen otra violación reiterada contra los derechos de libertad de asociación y la libertad sindical de los trabajadores del sector de la salud pública.Los resultados de este informe derivan del programa de formación “Libertad de asociación y reunión pacífica para líderes sociales” realizado por Aula Abierta, que ha visibilizado la emergencia humanitaria compleja venezolana, a través de denuncias ante distintos órganos internacionales de protección de derechos humanos sobre la inestabilidad política, conflictividad, desigualdades sociales, pobreza y otros factores.

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