Profesores universitarios en resistencia frente al Gobierno de facto

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Un déficit presupuestario del 97%, ataques contra la autonomía universitaria y la libertad académica a través de sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un servicio de salud casi inexistente y una crisis eléctrica aguda, son los principales componentes de uno de los fenómenos más dramáticos de los últimos 10 años en la historia de la educación superior del país: la deserción de los profesores universitarios que, junto a la de estudiantes, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) la ubica en un 40 % desde el 2013.

Desde principios de la década del 2000 existe una política restrictiva contra la libertad académica y la autonomía universitaria, la cual se evidencia en diversos planos: existe una asfixia presupuestaria de hasta un 97%, que impide impartir una educación de calidad, el desarrollo de la investigación o contar con la infraestructura mínima adecuada.

El Ministerio del Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT) ha inobservado de manera desproporcionada los proyectos presupuestarios que han presentado las universidades públicas venezolanas. Un claro ejemplo de ello es la Universidad de Los Andes (ULA), a la cual se le impuso un monto económico que solo podía ser distribuido en 7 meses del año 2019, dejándola así durante 5 meses sin presupuesto asignado.

En ese sentido, no solo las universidades se vieron en aprietos debido al bajo presupuesto otorgado por los organismos del Estado, sino también los bolsillos y la estabilidad económica del profesorado cuyo salario no supera los 10 dólares mensuales, en un país donde la canasta alimentaria superó los 142 dólares en noviembre, según el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas).

Otro intento de asfixiar a los profesores, ocurrió el 15 de julio de 2019, cuando el MPPEUCT elaboró un sistema que pretendía centralizar el pago de nómina del personal universitario “en aras de proteger al pueblo”, según el organismo, dotándose de atribuciones que son competencia propia de las universidades reconocido en el artículo 109 de la Constitución Nacional y la Ley de Universidades vigentes.

Por tal razón, el MPPEUCT solicitó con carácter de urgencia la entrega de una data relacionada con el pago de los sueldos y salarios del personal administrativo técnico, obrero y profesoral, hecho que denunció el rector de la Universidad de los Andes (ULA), Mario Bonucci.  

Poco tiempo después, el 10 de agosto, la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV), afectos al Gobierno de facto, publicó un acuerdo con el Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria para la modificación de la tabla salarial de los docentes, saltándose la consulta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), representación oficial de los profesores universitarios en el país.

Bajo amenazas

Desde el Gobierno nacional han intentado enjuiciar y hostigar a los profesores y a sus representaciones en los distintos organismos, como es el caso de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), cuando el Consejo Nacional de Universidades (adscrito al Ministerio del Poder Popular de la Educación Universitaria) solicitó al Ministerio Público en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 41.684, de fecha 31 de julio de 2019, el inicio de una investigación penal en contra de los Rectores de las Universidades Nacionales agrupadas en la  AVERU, con motivo de pronunciamientos públicos en una supuesta reunión virtual celebrada el 30 de mayo, en los cuales desconocen el gobierno de Nicolás Maduro, hecho que los rectores desmintieron.

La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, rechazó los ataques en contra de la AVERU: “Aparentemente es falsa, pero la amenaza y la persecución están allí. Tendrán que perseguir a toda la comunidad universitaria, así como también a casi todos los estudiantes del país por manifestar su derecho a la libertad”, aseguró.

García Arocha agregó también que de ser “veraz” la información de la gaceta, nos “encontrarán con firmeza y con ganas de seguir adelante”.

Sin atención médica

Aula Abierta y organizaciones de Derechos Humanos dentro de algunas universidades venezolanas, denunciaron en el “Informe preliminar: situación de los profesores universitarios en Venezuela”, que el sistema de salud de los docentes se encuentra en crisis.

Hasta febrero del 2017, las universidades públicas habían administrado el servicio de salud asistencial para su componente profesoral en el ejercicio de la autonomía universitaria reconocida en el artículo 109 de la Constitución Nacional y la Ley de Universidades vigentes. Sin embargo, para el año 2019 hubo un incumplimiento del pago de los seguros para los trabajadores del sector universitario en las clínicas privadas.

En ese sentido, es necesario hacer mención que en fecha 13 de Abril de 2019, la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), se declaró en estado de emergencia.

El profesor William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB), denunció ante los medios de la referida casa de estudios que “el Sistema Integral de Salud del MPPEUCT (SISMEU) ha significado la pérdida casi absoluta de la protección social, dado el caso que ahora los profesores no podemos tener ingreso a las clínicas indispensables o de nuestro parecer, sino aquellas que el SISMEU acepta, muy limitadas en número y capacidades de atención”.

“Los profesores no somos recibidos, por ejemplo, en ninguna clínica tipo A. De esta forma, hemos perdido la protección social que se nos debe brindar”, añadió.

La Universidad del Zulia no escapa de esta realidad. Recientemente la presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (FAPUV), Molly González, denunció que el profesorado no puede gozar de asistencia médica, debido a que el presupuesto de LUZ “está trancado. Básicamente el HCM (servicio de hospitalización, cirugía y maternidad) es inutilizable”.

Sin investigaciones, sin futuro

Por otra parte, las universidades tienen comprometida la producción intelectual debido a que los profesores no pueden desarrollar sus proyectos de investigación, puesto que la realidad presupuestaria se los impide.

Por ejemplo, en la UCV, desde el año 2009 se maneja el mismo presupuesto en el Consejo de Desarrollo Humanístico y Científico, situación que ha desmejorado las investigaciones, ya que los montos de financiamiento han quedado solapados por la hiperinflación que no paró de crecer durante 2019.

Clases sin luz y con un calor infernal

Asimismo, la dramática crisis eléctrica que vive el país marcada por apagones nacionales y locales ha afectado el sector universitario sobre todo en el estado Zulia, conocido por sus altas temperaturas que pueden llegar a los 40 grados centígrados, algo que fue denunciado durante 2019, incluso por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

Suspensiones de actividades, horarios de contingencia, dictado de clases y presentación de evaluativos en condiciones precarias y en espacios inapropiados, estudiantes y profesores agotados física y mentalmente, forman parte de las realidades de las máximas casas de estudio de la región zuliana, pero también de otros estados del país como Mérida.

A seguir en pie de lucha

El 2019 estuvo caracterizado por la lucha de los profesores universitarios. Las sentencias, persecuciones, bajos salarios, el casi inexistente sistema de salud, las amenazas y un espacio universitario no apto para dar clases, sitúan este año como uno de los más oscuros para la universidad venezolana.

Desde Aula Abierta alertamos que el 2020 podría ser mucho más lúgubre, mientras el Gobierno de Facto permanezca en el poder y restrinja a las casas de estudios de su pensamiento crítico, abierto e incluyente.

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