Gobierno de facto amenaza investigación científica relacionada con el COVID-19 en detrimento de la libertad académica
Incluso antes de que se decretara la cuarentena social en Venezuela por la llegada del Coronavirus, el Gobierno de facto ya estaba atacando a médicos que alertaban sobre casos sospechosos de este virus en el país. Con el pasar de los días, los ataques han aumentado: desde amenazas a científicos, hasta detenciones de estudiantes, se han reportado en lo que se muestra como un claro ataque a la libertad académica.
Diosdado Cabello, presidente de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, amenazó con la operación “tun tun” a miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) por la publicación de un reciente informe donde alertan sobre un posible auge de casos de COVID-19 en Venezuela. En el informe de la Academia titulado “Estado actual de la epidemia COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios”, también se destaca un subregistro de casos de COVID-19 entre un 63 % y 95 %.
Cabello los amenazó el miércoles 13 de mayo durante su programa “Con el Mazo Dando” que transmite por Venezolana de Televisión. Según él, el trabajo publicado por la Academia es “una invitación para que los organismos de seguridad del Estado llamen a esta gente” por generar “alarma”, pues dijo que no tienen “una sola prueba” de que el gobierno no esté haciendo los exámenes correspondientes.
Cabe resaltar que se le denomina operación “tun tun” a los operativos ejecutados por fuerzas de seguridad del Estado, principalmente contra activistas, políticos o periodistas, que resulten incómodos contra el Gobierno de facto, por realizar denuncias con respecto a diversos temas. En estos operativos se violan los derechos derechos humanos de quienes son detenidos sin una orden judicial, en la mayoría de los casos.
Un día después de la amenaza de Cabello, el 14 de mayo de 2020, la ACFIMAN publicó un comunicado mediante el cual sus miembros rechazaron los ataques e indicaron que su investigación se trataba de un informe técnico para evaluar escenarios ante la pandemia del Covid-19 que pueden darse en Venezuela.
“Nos preocupa como científicos que se nos persigan y señalen por un informe técnico cuyo objetivo es el de contribuir al mejor manejo de esta pandemia. Un informe emitido en razón de la función asesora al Estado venezolano que nuestras leyes y reglamentos otorgan a las Academias Nacionales y en este caso particular, a la ACFIMAN”, señalaron los miembros de la ACFIMAN.
Ataques contra el Dr. Pachano y detenciones de estudiantes
En marzo de 2020, el médico Freddy Pachano, director del Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), fue amenazado con acciones legales en su contra por el Gobernador de la entidad, Omar Prieto, luego de haber publicado en su cuenta de Twitter la existencia de dos casos sospechosos de coronavirus, en el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM).
Prieto anunció a la prensa que Pachano debía informar a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) sobre sus declaraciones e informó que solicitaría de inmediato al Ministerio Público la apertura de una investigación penal en su contra, por tratarse de declaraciones relativas a temas de seguridad de Estado.
En su momento, Aula Abierta, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad del Zulia y otras organizaciones de la sociedad civil, emitieron un comunicado en el que se rechazaron categóricamente las declaraciones de Prieto, por tratarse de una política de Estado de represalias contra los universitarios de la salud al momento de visibilizar la grave crisis existente dentro de los recintos de salud en Venezuela.
También la Federación Médica Venezolana (FMV) y la Asociación de Profesores Universitarios del Zulia (APUZ), el 10 de marzo de 2020, se pronunciaron para rechazar las amenazas contra el Dr. Pachano.
Asimismo, en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) el 12 de marzo de 2020, Jesús Torres y Jesús Manuel Castillo, estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), Núcleo San Antonio de Los Altos, fueron detenidos por difundir un video en redes sociales con información sobre la existencia de 2 presuntos casos de Coronavirus en el hospital Victorino Santaella.
La detención fue practicada por funcionarios de las FAES y de la PNB, en la sede de la emisora Radio La Cima 96.7 FM, lugar donde laboraban como locutores los estudiantes. Ambos fueron presentados ante el Tribunal Tercero en Funciones de Control de la Ciudad de Los Teques, el cual les otorgó una medida cautelar sustitutiva cada 8 días.
Ataques contra la libertad académica escalaron un nuevo nivel
En la cuenta de Twitter del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología se publicó el 21 de abril de 2020 la Gaceta Oficial Nº 41.863, en la cual se incluyó la resolución conjunta, emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y para la Ciencia y Tecnología, mediante la cual se establecen los lineamientos generales para el desarrollo de las investigaciones relacionadas al Covid-19 en Venezuela.
De acuerdo a esta resolución, los estudios e investigaciones relacionados con el Covid-19 deben ser registrados en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología y ser aprobados por el Comité de Ética para la investigación de las instituciones y centros de investigación y docente asistenciales correspondientes.
Además, deben realizarse conforme a los principios de beneficencia, no-maleficencia, autonomía, justicia, privacidad, anonimato y confidencialidad.
Estas medidas adoptados por el Estado a través de esta Gaceta Oficial resultan preocupantes, al ser una decisión que impone limitaciones al desarrollo de la investigación científica en el país, pues se someten a la autorización de un órgano para su publicación.
La divulgación de esta medida implicó un nuevo episodio de los ataques del Gobierno de facto en contra del derecho a la libertad académica reconocido internacionalmente por los pactos y tratados suscritos y ratificados por la República.
Rechazo total
Desde Aula Abierta rechazamos estas amenazas que constituyen una nueva prueba de una política de Estado dirigida a criminalizar la labor de los universitarios de verificar la gestión pública del COVID-19. La universidad, como institución, se erige como protagonista en la construcción de la democracia al ser el epicentro donde confluyen todas las corrientes del pensamiento universal: lleva intrínseca la extensión y fundamentalmente la investigación, funciones que no pueden ser ejercidas si en la sociedad a la cual pertenece la casa de estudio no se respeta el derecho humano a la libertad académica.
Cabe destacar que, según la Observación General Nº 13 al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC), es un derecho humano la posibilidad de que los miembros de la comunidad universitaria puedan investigar y desarrollar ideas o conocimiento.
Además, según la recomendación Nº 34 de la Resolución 1/2020 sobre la Pandemia y los Derechos Humanos en Las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deben asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el Covid-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público.
