Protocolo de San Salvador, un nuevo instrumento para la denuncia y la lucha por los derechos humanos en Venezuela

La ratificación del Protocolo de San Salvador, por parte del Gobierno interino de Venezuela, implica que los venezolanos ahora tienen la posibilidad de exigir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el respeto a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, explicó Ricardo Villalobos, Coordinador de Investigación e Incidencia Internacional de Aula Abierta. 

“Antes no se podía ratificar violaciones en el marco del Protocolo de San Salvador. A partir de las acciones de incidencia de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos se logró que la presidencia interina depositara la ratificación de que el Estado venezolano es responsable de las obligaciones que se deprendan de este Protocolo”, aseguró.

Este es un Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, que entró vigor el 16 de noviembre de 1999. El Plan de Acción de la Cuarta Cumbre de las Américas (Mar del Plata, Argentina, noviembre de 2005) exhortó en su párrafo 63 a los Estados Miembros a que consideraran firmar y ratificar o adherir, según sea el caso, además de colaborar en el desarrollo de indicadores de progreso en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En cuanto al caso venezolano, en marzo de 2005 el Protocolo fue discutido y aprobado por la Asamblea Nacional, bajo la presidencia de Nicolás Maduro, actual gobernante del Gobierno de facto. El fallecido presidente Hugo Chávez dio el visto bueno en mayo de ese mismo año, pero nunca se cumplió con el depósito ante la Secretaría General de la OEA, el último e indispensable requisito para la ratificación definitiva del Protocolo. Ahora, 15 años después, el Gobierno interino lo ratificó el pasado 24 de julio.

Cabe resaltar que en Artículo 23 de la Constitución de Venezuela se aclara que los “tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno”. Además, “son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

En el artículo 19 del Protocolo de San Salvador, los Estados que lo suscriban se comprometen a presentar informes periódicos respecto de las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo documento. Sobre esto último, Villalobos afirmó que el Gobierno interino es reconocido por la Organización de los Estados Americanos, “aunque algunos tengan sus reservas”. Sin embargo, al no estar en el poder, existen problemas en la “eficacia” con la que se pueda aplicar el Protocolo de San Salvador. 

“¿Qué vamos a hacer cuando en el marco de este protocolo el Gobierno de facto, que tiene el poder interno, no cumpla con sus obligaciones de respetar y garantizar los Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Esa es una buena pregunta y nos lleva al mismo problema con la CIDH y las recomendaciones que hace, porque el Gobierno de facto se niega a cumplir las obligaciones que le corresponde”, comentó. 

No obstante, resaltó que la “buena noticia” es que estas obligaciones no prescriben y que si hay un cambio de Gobierno, existirá la posibilidad de exigir que se haga justicia con base en las denuncias pendientes.

“Y las víctimas, quizás tarde, tendrán la posivilidad de solicitar y recibir justicia; una justicia que le está siendo negada ahora”, señaló Villalobos. 

Educación, salud, huelga y medio ambiente

Además del artículo 19 del Protocolo de San Salvador, hay otros importantes relacionados con la educación, la salud, el derecho a la huelga y el medio ambiente.

En el artículo 13, enfocado en el Derecho a la Educación, se puede leer que “la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”. 

También se agrega que “nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados partes”, lo cual está relacionado directamente con la libertad académica y la autonomía universitaria, actualmente amenazada en Venezuela.

Asimismo, en su artículo 10, enfocado en la Salud, se destaca: “con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho”. Este artículo es importante, especialmente, porque con hospitales colapsados, sin insumos ni medicinas, incluso ante de la pandemia COVID-19, el Gobierno de facto venezolano incumple con este derecho. 

El Protocolo de San Salvador también dedica un artículo a los Derechos Sindicales (artículo 8), donde exhorta a los Estados a garantizar “el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses”, así como también “el derecho a la huelga”. Cabe destacar que se han reportado inumerables ataques y persecuciones contra dirigentes sindicales en Venezuela durante los últimos años -algunos incluso están detenidos-, por reclamar derechos relacionados a condiciones dignas de trabajo o bajos salarios. 

Por su parte, el artículo 11 subraya que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”, lo que representa otro derecho violado por el Gobierno de facto, debido a las constantes denuncias de ataques contra el medio ambiente en Venezuela -incluso en recintos universitarios-, además, de la crisis de servicios públicos que hay en el país, documentada por Aula Abierta a través del proyecto #LaUporlaCiudad.

“Estamos muy contentos de esta victoria”

Miguel Barone, Secretario de Asuntos Nacionales de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, quien llevó las denuncias de los estudiantes venezolanos al 175 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que tiene muchas expectativas sobre esta “victoria” conseguida por la sociedad civil.

“Estamos muy contentos de esta victoria importa para la causa de la libertad y los derechos universitarios que tanto defendemos como representantes estudiantiles”, dijo en entrevista para Aula Abierta, el también coordinador nacional de la plataforma de jóvenes Gritemos con Brío.

“No solamente me regresé a Venezuela con el ímpetu de que estamos haciendo cosas grandes y de que estamos llegando lejos, sino con la creencia de que estamos transformando poco a poco nuestra realidad, cuando damos a conocer lo que estamos viviendo a nivel internacional”, expresó.

“Siempre he sentido y creo de forma clara que estos mecanismo de incidencia internacional tienen impacto y que es importante que se conozca la realidad de los jóvenes venezolanos”, sentenció.