Universitarios alarmados ante la posibilidad de cobrar salarios a través del sistema patria

Foto: Archivo.

El anuncio de que el pago de salarios de los docentes a partir de marzo será a través del Sistema Patria, constituye una violación a la autonomía y otra discriminación impuesta por el Gobierno de facto, en detrimento de los profesores universitarios.

Esta decisión, que fue reportada a través de Twitter por Mario Bonucci, rector de la Universidad de Los Andes, también vulnera la autonomía financiera universitaria, pues el pago de salarios nunca debe atender a motivos políticos, de conformidad con la Observación General N13 al PIDESC.

La medida altera la situación laboral de los docentes universitarios, sin un fundamento legal claro para lo que supone un cambio de patrono, ya que las universidades no serán quienes paguen su salario. Esta acción vulnera lo establecido en el art. 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual exige el respeto a todas las corrientes de pensamientos, como un pilar fundamental del ejercicio a la libertad académica.

Bonucci, quien también es vicepresidente de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), informó a Aula Abierta que esta “situación alarmante” ha producido que tanto la AVERU como el Consejo Universitario (CU) de la ULA, estén en una reunión virtual permanente.

De hecho, el CU de la casa de estudios andina aprobó una sesión extraordinaria presencial en el Aula Magna de la universidad, mientras que la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios solicitó al ministro para la Educación Universitaria que certifique si desde su despacho se emitió una instrucción relativa al pago de salarios de las Universidades mediante la plataforma Patria.

Por otra parte, Bonucci recordó un poco la historia de cómo los universitarios se han visto obligados a registrarse en el Sistema Patria poco a poco, el cual catalogó como un mecanismo de “control social”.

“Hubo un aguinaldo, creo que en 2018 o 2017, donde se ofreció medio petro para todos los funcionarios públicos. Muchos universitarios para cobrar el medio petro se registraron en la página patria porque, bueno, la necesidad obliga. Luego vino las pensiones: todo pensionado del seguro social universitario, sobre todo cuando alcanza la edad de jubilado, tenía que registrarse en el sistema patria. Y así se fue creando una Big Data. Luego fue la gasolina subsidiada y el bono Simón Rodríguez: si lo quieres tienes que registrarse”, contó.

“Ahora vienen los sueldos, y lo que se presume es que las intenciones son que si quieres cobrar el miserable sueldo que nos pagan, pero sueldo al fin, tienes que estar registrado en el sistema patria y esa Big Data sigue creciendo y con ello el control social”, añadió.

“Tenemos que luchar contra esta nueva amenaza”

Diana Romero La Roche, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ, hizo un llamado a todos los universitarios para que se unan a luchar contra esta medida que considera una “nueva amenaza” contra la autonomía universitaria.

“Esto es inadmisible, una violación a la autonomía financiera de la universidades, para lo cual se debe respetar el rango Constitucional de las mismas”, dijo la decana a Aula Abierta. “Específicamente en la Universidad del Zulia esto contraría no solo la parte de la autonomía universitaria sino los sistemas administrativos financieros con los que pagamos a nuestro personal. Tenemos que luchar contra esta nueva amenaza para exterminar cualquier posibilidad de que se nos siga violentando la  autonomía universitaria”.

Molly González, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, acusó a César Trómpiz, ministro de Educación Universitaria, y a la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), de iniciar una “cruzada” de “despidos indirectos”.

“Esto es la gota que derramó el vaso. Es el desprendimiento total, o mejor dicho, el arrebato total de la violación de la autonomía financiera universitaria que registran las universidades autónomas del país, concepto que tiene rango constitucional. Es decir, están pasando por encima de la Constitución con esta decisión”, expresó en entrevista para Aula Abierta.

“Acaban de iniciar una cruzada de despidos masivos indirectos, porque los docentes que no estén en esta plataforma no podrán cobrar los míseros salarios. Un modo más de control social”, sentenció.

Por su parte, Virgilio Castillo, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes, rechazó la medida y afirmó que nadie puede “obligar” a las universidades a “incumplir el estamento legal”.

“El Gobierno pretende obligar a la universidad a violar la Constitución y la Ley de Universidades, para que ceda el último vestigio de su autonomía administrativa. La institución no puede ni debe prestarse a esta maniobra intervencionista, nadie puede obligar a la Universidad a incumplir el estamento legal venezolano”, argumentó.

El objetivo es controlar el personal

Para Gregorio Afonso, Secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, esta nueva medida representa “un atentado a la autonomía universitaria”, ya que “se trata de arrebatarle a las casas de estudio del país la gestión del talento humano en sus instituciones”.

“El ejecutivo nacional de este modo sustituye la relación laboral existente entre los docentes y las autoridades universitarias. Se trata de un allanamiento vía administrativa de las universidades. El objetivo es controlar al personal y con esa sujeción dominar el pensamiento crítico que en ella se genera”, expresó en entrevista para Aula Abierta.

En ese sentido, opinó que “con esta medida se asfixia mortalmente los institutos de previsión social y las asociaciones de profesores, quienes reciben para su funcionamiento aportes de los docentes que se deducen de los salarios de sus agremiados”.

“Se desfigura las actas convenios, los acuerdos federativos e incluso beneficios de las convenciones colectivas que se desprenden de los montos de las nóminas. Se les arrebata a las universidades la posibilidad de administrar el presupuesto universitario en lo relativo a gastos de personal”, agregó.

¿Desaparición de los Institutos de Previsión Social?

Tulio Olmos, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la UCV, advirtió que esta medida además podría afectar directamente a los Institutos de Previsión de cada universidad e incluso condenarlos a la desaparición.

“De concretarse el rumor que anda corriendo, no solo es un atropello al concepto de autonomía universitaria, sino que además es prácticamente la sentencia de muerte de los Institutos de Previsión de cada universidad, puesto que ello centralizaría en ese mismo sistema los aportes que tiene el Estado por compromiso a través de las actas y convenios. Ello haría prácticamente insostenible la condición de estos institutos, ya que dependen de estos acuerdos federativos y convenios de cada universidad. Es decir, el sistema de previsión social de los profesores y de los empleados quedaría a merced de la discrecionalidad gubernamental, que prácticamente condenaría a su desaparición a toda nuestra seguridad social”, explicó.

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