Invasiones, tala, abandono y hurtos ponen en peligro a las Estaciones Experimentales de la ULA

Foto referencia. Créditos: EFE / Miguel Gutiérrez

Las Estaciones Experimentales gestionadas por las universidades enfrentan una crisis que las pone en peligro a consecuencia de una falta de presupuesto, hurtos, vandalismo, deforestación e invasiones que han provocado incendios, tala y pérdida de ganado, entre otras afectaciones. 

De las universidades venezolanas, la Universidad de Los Andes (ULA) es la más afectada. Pese a los ingentes esfuerzos que realiza el personal, las Estaciones Experimentales permanecen en un abandono progresivo, resultado de una asfixia presupuestaria del Gobierno, que ha perjudicado el funcionamiento e infraestructura de estos espacios.

“No se le da presupuesto ordinario recurrente a ninguna Estación Experimental, solo se paga al personal que trabaja en las mismas”, evidenció el decano de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA, Darío Garay, en entrevista con Aula Abierta para el equipo de Investigación del Observatorio de Universidades y Ambiente, perteneciente a la región Andes.

Actualmente, la ULA gestiona un total de 18 Estaciones Experimentales en modalidad in situ y ex situ, de las cuales la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales mantiene presencia en 12 de ellas.

La Estación Experimental Caparo y el Irel (ubicadas en el estado Barinas), así como la Hacienda Judibana (en el estado Mérida) han sufrido destrucciones descontroladas porque no existe un esquema de seguridad efectivo que pueda contrarrestar la situación y detener los factores adversos en las funciones académicas y de investigación.

De 12 estaciones, 4 entran en estado crítico

Caparo, Irel, Caimital y la Corcovada son las cuatro Estaciones Experimentales en peores condiciones, denunció el decano Garay, acotando que todas están en detrimento.

El decano de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA, Darío Garay, destacó que “en este momento están afectadas al no tener presupuesto para el funcionamiento y el abandono por ausencia de la mayor parte del personal, por condiciones socio-económicas y para rematar por la pandemia”.

Garay alerta sobre las condiciones de estos espacios universitarios destinados al estudio y conservación del medio ambiente y advierte que “las Estaciones Experimentales, ante la pandemia del COVID-19, se encuentran en situación crítica, ya que han sido afectadas de manera contundente. (Éstas) no cuentan con un presupuesto ordinario recurrente por parte de la ULA, a excepción del salario del personal que labora en dichas estaciones y gastos a través de proyectos financiados por el CDCHTA y otros organismos”.

El decano de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA puntualizó que las invasiones y la tala “indiscriminada” pasan por alto para los cuerpos de seguridad, quienes no actúan “como brazo armado para minimizar el daño ambiental”.

“Delicado” panorama: ULA contra invasores

Según narra el decano Garay, en el 2018, cerca de 300 personas invadieron el campus de Caparo. Con el apoyo de los organismos de seguridad se logró operar la zona y desalojar a los invasores. Acto que se repitió en 2019.

A raíz de esas invasiones, 23 efectivos militares resguardan la estación. Sin embargo, los habitantes han amenazado con que volverán a invadir para cuando los guardias culminen su operativo.

Aunque hay vigilancia, en la estación Caparo ingresan individuos a cazar las especies “Mono Araña” y “el Jaguar”, las cuales se encuentran en peligro de extinción.

Estación Experimental Caparo. Créditos: Prof. Elide Sulbarán / FCFA-ULA

Por otro lado, la estación Judibana, ubicada en el Núcleo Universitario “Alberto Adriani”, es de las más afectadas por los invasores, quienes secuestran potreros donde derriban árboles para vivir en el área y beneficiarse de la leña.

El vicerrector-decano de este núcleo, Domingo Alarcón, ha denunciado para Aula Abierta que los invasores causan graves crímenes ambientales, sacrifican animales y desvalijan los depósitos

Por su parte, Garay reveló que estos ocupantes tienen orden de desalojo por parte del tribunal agrario. Sin embargo, no obedecen ante la decisión del tribunal y la Guardia Nacional Bolivariana no ha ejecutado el mandato para realizar expulsión de los invasores.

Para Garay, no existe garantía de seguridad. Se cuestiona la impunidad que hay, puesto que los infractores no están privados de libertad. “Nos afectan los invasores de oficio apoyados por politiqueros de oficio”, dijo.

El decano explicó que las invasiones vienen de personas que intentan expandir la frontera agrícola para vender la tierra y denunció que es una acción que se repite continuamente.

El Estado debe acoger a los invasores

“Las estaciones son laboratorios naturales, aportan conocimientos y garantizan una  educación  inclusiva,  equitativa y de calidad”. Así lo refirió el decano de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA, quien destacó que para que esto se siga manteniendo se deben recuperar las estaciones (invirtiendo una gran cantidad de dinero), pero más allá se debe lograr que el Estado le brinde acogida a los habitantes que han tomado estas tierras, propiedad de la ULA. 

Garay manifestó que para reducir las desigualdades sociales y económicas el gobierno debe garantizar vivienda, educación, salud y alimentación. Por ello, con un trabajo eficiente que se haga en las Estaciones Experimentales se podrán promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, que revitalicen las alianzas para el Desarrollo Sostenible 2030.

El decano indicó que la ULA propone actividades económicas y sociales que permiten satisfacer las necesidades como: educación ambiental, reforestación, aprovechamiento de plantaciones, agroforestería, manejo de la fauna silvestre, cría de ganado, cultivos agrícolas y turismo de aventura.

Desde el proyecto “Las Estaciones Experimentales de las Universidades Autónomas en Venezuela y su aporte a los Derechos Humanos contenidos en la Agenda 2030”, del Observatorio de Universidad y Ambiente de Aula Abierta, se intenta dar respuestas a escenarios que vinculan esa interrelación con los Derechos Humanos contenidos en la Agenda 2030.


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