Cuatro factores afectan la libertad académica en Venezuela, según Scholars at Risk
En un reciente informe publicado por Scholars at Risk (SAR) se muestra preocupación por la libertad académica en diversos países del mundo, entre los que destaca Venezuela con universidades que padecen una severa asfixia presupuestaria por parte del Estado que afecta, entre otras cosas, la investigación científica.
El capítulo venezolano, realizado gracias a una alianza de SAR con Aula Abierta y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, también refleja cómo los docentes devengan salarios por debajo de los 6 dólares mensuales, lo que los introduce en la pobreza extrema, según los parámetros internacionales de las Naciones Unidas.
En resumen, el informe determina cuatro factores principales que han provocado el declive de la educación superior en Venezuela: la asfixia presupuestaria; acciones gubernamentales que obstaculizan la realización de elecciones universitarias y violan la libertad académica; ataques violentos y coercitivos miembros de la comunidad universitaria; además, la disminución de la investigación científica, principalmente por falta de presupuesto, así como la migración de personal calificado.
Salarios de hambre y pésimas condiciones
En cuanto al contexto de la pandemia por COVID-19, SAR destaca en el informe un análisis que hizo al déficit presupuestario masivo y los bajos salarios de los profesores, cuya remuneración está por debajo de los 10 dólares al mes, y los “condenan a la pobreza extrema”, como afirmó José Gregorio Afonso, Secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela en entrevista para Aula Abierta.
SAR también reseña otros factores que afectan la educación, sobre todo en medio de la pandemia por la COVID-19, pues aseguran que las constantes fallas de servicios públicos e internet, constituyen nuevos agravantes de la decadencia de las universidades en Venezuela.
Sentencias contra la autonomía universitaria
En cuanto a las limitaciones a la autonomía universitaria, el informe menciona la sentencia N° 0324 emitida por la Sala Constitucional del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 27 de agosto de 2019, a través de la cual el Gobierno de facto levantó la suspensión de las elecciones universitarias que sumaba más de una década y ordenaba que las elecciones se realizaran en seis meses.
“Pero la sentencia dispuso procedimientos electorales similares a los previstos en la Ley Orgánica de Educación, vulnerando la autonomía universitaria en violación del mandato explícito de la constitución venezolana”, advirtió el informe. “La decisión provocó protestas en todo el país”.
En febrero de 2020, el TSJ revocó esta sentencia. Sin embargo, el informe destaca que los vicios de la sentencia 0324 se mantienen a pesar de la suspensión, basándose en los reportes de Aula Abierta sobre este tema.
Persecuciones contra académicos en medio de la pandemia
El informe de SAR contabiliza, al menos, siete ataques violentos y coercitivos contra autoridades, estudiantes y profesores universitarios. Uno de ellos es el caso del profesor Freddy Pachano, Director de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, el cual fue documentado por Aula Abierta.
El gobernador del Zulia ordenó buscar a Pachano con fuerzas de seguridad del Estado, luego de que emitiera reportes de casos sospechosos de coronavirus en el Hospital Universitario de Maracaibo.
La persecución contra Pachano provocó que organizaciones de la sociedad civil y académicos rechazaran estas represalias a través de un comunicado.
Asimismo, también está reseñado el ataque de Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, contra miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, autores de un informe que indicaba que el número de casos de COVID-19 podría ser mucho mayor que la versión oficial.
Investigación científica en picada
Con respecto a la disminución de la investigación científica y la migración de personal calificado, el informe señala que para 2019, aproximadamente el 50% de los profesores de todas las universidades venezolanas “habían abandonado el país”. También señala que el 30% de los investigadores habían emigrado en abril de 2019.
Aula Abierta ha venido documentado esta situación. Por ejemplo, la migración forzada es una situación recurrente tanto en el Grupo de Polímeros I de la Universidad Simón Bolívar, como en el Laboratorio de Reacciones y Polímeros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, donde los profesores que laboran ven la imposibilidad de tener una dedicación exclusiva, la cual se ha visto desmotivada por factores como la insuficiencia salarial, la crisis en la prestación de los servicios públicos y la inseguridad dentro de los espacios universitarios.
Recomendaciones del informe
En su informe, SAR insta a las autoridades estatales a acatar las siguientes recomendaciones:
• Afirmar públicamente un compromiso con la no violencia y la responsabilidad social y tomar todas las medidas necesarias para garantizar que la libre expresión de los estudiantes, en el campus y en otros lugares, esté protegida.
• Asegurar el cumplimiento de las protecciones legales para la autonomía institucional bajo la ley venezolana.
• Tomar medidas consistentes con el ejercicio más pleno de autonomía institucional y libertad académica para garantizar la seguridad de las comunidades de educación superior en toda Venezuela, prevenir futuros ataques y responsabilizar a los autores de ataques pasados.
• Rechazar consideraciones políticas partidistas a la hora de elaborar presupuestos para instituciones públicas de educación superior.
Números en rojo
Resulta dramático que el Índice de Libertad Académica 2020, elaborado por el Instituto de Política Pública Global (GPPI, por sus siglas en inglés), muestra el progresivo declive de Venezuela con respeto a la libertad académica desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999.
En la escala de 0 a 1 de este índice, Venezuela suma 0,28 puntos para 2020. Esto le da una clasificación “D” y lo sitúa cerca del quintil inferior de los 140 países evaluados. El promedio de los países de América Latina y el Caribe es de 0,77.
Desde Aula Abierta y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes nos sumamos al llamado que se hace desde SAR, pues el Estado venezolano es responsable directo del declive de la educación superior en Venezuela, por lo tanto, exigimos que paren sus políticas de Estado contra la autonomía universitaria y la libertad académica, recordando como siempre que no puede haber futuro ni democracia posible sin universidades libres y autónomas.
