Entre impunidad e incidentes de inseguridad, muere el futuro de la educación universitaria

Durante el 2020 se documentaron diversas denuncias de inacción por parte de las autoridades del Estado para investigar y sancionar a los responsables de los, al menos, 175 incidentes de inseguridad que ocurrieron dentro de los recintos de las principales universidades públicas del país entre marzo y diciembre de 2020, en el marco de la cuarentena por la COVID-19.

Las denuncias fueron realizadas por las distintas autoridades y actores del sector universitario, quienes también resaltan la ausencia de cooperación para prevenir que sigan ocurriendo estos incidentes que desmantelan las casas de estudios y afectan la libertad académica y el derecho a una educación de calidad, pues representan consecuencias nocivas tanto en el desarrollo de las actividades académicas a través de la modalidad a distancia, como en el proceso educacional e investigativo que desde las instituciones se tratará de desarrollar una vez culminada la cuarentena.

La existencia de este número de incidentes de inseguridad y la actitud de las autoridades del Estado frente a estos, generan preocupación: no solo afectan de manera estructural, sino también el funcionamiento de las universidades del país en las actividades de docencia, investigación y extensión, así como el proceso educativo en el que participarán miles de estudiantes y profesores venezolanos cuando se reinicien las clases presenciales.

Los 175 hechos delictivos registrados por Aula Abierta demuestran un aumento sustancial en la frecuencia de los hechos delictivos en los recintos universitarios con respecto a otros años. Por ejemplo, durante los primeros 9 meses de 2018 Aula Abierta pudo documentar al menos 51 incidentes, es decir, un promedio de 5.6 actos vandálicos al mes; mientras tanto, el promedio de marzo a diciembre de 2020 es de 17.5 incidentes mensuales.

No volverán a ser los mismos

El informe “Incidentes de inseguridad en universidades durante la cuarentena con ocasión al COVID-19: un reto para la libertad académica y la educación de calidad”, evidencia preocupación de diversos miembros de la comunidad universitaria con respecto a las acciones de la delincuencia que podrían impedir la viabilidad de desarrollar de manera adecuada los procesos académicos y administrativos de las universidades.

El presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Los Andes, Luis Contreras, denunció en entrevista para Aula Abierta los obstáculos que se presentarán al momento de reanudar las actividades académicas: “Estos incidentes repetitivos, por demás, impedirán un desarrollo óptimo en materia estudiantil”.

“Las aulas, laboratorios, comedores y demás espacios desvalijados, donde se forman y desarrollan académica y socialmente a los estudiantes, no volverán a ser los mismos. Adicionalmente, surgirá el impedimento del desarrollo de nuevas investigaciones en las distintas facultades que han sido objeto de estos actos vandálicos”, agregó.

Luis Palacios, presidente Adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), afirmó en entrevista para el equipo de Aula Abierta que la incidencia que van a tener los desvalijamientos y ataques contra las estructuras universitarias al comenzar clases “es que los laboratorios donde se generan las prácticas de muchas facultades, propiamente el área de la salud, el área de la ciencia pura, se van a enfrentar a una nueva realidad en la cual, posiblemente de lo práctico pase a la teoría, donde la formación vuelve a reorganizar porque cada vez que nos dañan un espacio de la universidad y afecta propiamente a la formación académica, los profesores se reorganizan y se reinventan a cómo ver y cómo practicar esto”.

“Es una lástima porque en vez de avanzar estamos retrocediendo pero existe la capacidad y la voluntad todavía de esta comunidad de seguir adelante”, expresó Palacios.

Por su parte, Gabriel Cabrera, Presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho (FENEDE), manifestó con preocupación al equipo de Aula Abierta que “al salir de la cuarentena, prácticamente, sería imposible reanudar la parte administrativa de la universidad porque sin todo este material que es de garantía de que se expidan los títulos, se realice el papeleo, hayan constancias de notas, de conducta y todo el papeleo administrativo que tiene que hacer la universidad, no se va a poder hacer”.

Se necesitan millones

De los testimonios recabados en el informe “Incidentes de inseguridad en universidades durante la cuarentena con ocasión al COVID-19: un reto para la libertad académica y la educación de calidad”, así como de la evidencia obtenida en el marco de la investigación, se pudo constatar que los incidentes de inseguridad han afectado la infraestructura y mobiliario esencial para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión de cada casa de estudios, cuyo valor asciende a millonarias cantidades de dinero.

Judith Aular de Durán, Rectora interina de la Universidad del Zulia, afirmó que desde esta casa de estudios “necesitaríamos más de dos millones de dólares para recuperar la infraestructura”.

“Porque todo está dolarizado aquí en el país: desde los aires acondicionados, hasta los equipos administrativos, bombas de agua, mantenimiento y todo lo que es infraestructura como techos, cableado… Todo dolarizado”, dijo a  Aula Abierta en julio. “Yo no creo que con dos millones se pueda solucionar lo que tenemos en los actuales momentos, ya que además, hay muchos edificios que quedaron sin la culminación de su infraestructura por falta de recursos”.

En junio Jesús Omar Ruiz, Director de Ingeniería y Mantenimiento de la ULA, afirmó que esta casa de estudios también necesita más de dos millones de dólares para restaurar su planta física.

“Se requiere solo en recuperación de fachadas, techos, lo que corresponde a instalaciones sanitarias, lo que corresponde a las áreas verdes, se requieren aproximadamente dos millones y medio de dólares”, dijo Ruiz a Aula Abierta.

Los daños ocasionados a la universidad se han agravado producto de una política de Estado en contra de la libertad académica y la autonomía universitaria, que no parecen tener una solución cercana pues el gobierno de facto continúa induciendo una asfixia presupuestaria total a las universidades.

Con un presupuesto cuyo déficit oscila entre el 95% y el 99% en el año 2020, la reconstrucción de la universidad se proyecta como un proceso de varias décadas, lo que ocasiona un riesgo inminente en el ejercicio del derecho a la educación y la libertad académica de las futuras generaciones que se incorporarán en el sistema de educación superior venezolano.

Al contarse debilitadas en cuanto a su estructura y ejercicio de sus funciones básicas, se genera una afectación directa al rol de la universidades como instituciones en una sociedad democrática, que es básicamente fungir como conciencia crítica de nación, al cuestionar las realidades económicas, políticas y sociales, para brindar soluciones amparadas en el conocimiento científico con miras al fortalecimiento de la democracia.

Preocupan las cifras que se han registrado los primeros días del 2021 en cuanto a incidentes de inseguridad: en la primera semana hubo al menos 8, lo que representó un promedio de más de uno diario.

Exigencias

Desde Aula Abierta exigimos al Estado venezolano investigar cada uno de los incidentes de inseguridad presentados en las universidades, para juzgar a sus responsables de conformidad con la legislación venezolana.

Asimismo, se debe atender, bajo los parámetros indicados por las universidades en el ejercicio de su autonomía, el llamado de asistencia de las casas de estudios superior para solventar la inseguridad en los recintos universitarios.

También se exige a las autoridades correspondientes, de conformidad con la protección invocada en el sistema interamericano de protección de derechos humanos que son parte Venezuela, que cumpla con sus obligaciones establecidas frente al derecho a la educación, la libertad académica y la autonomía universitaria en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales (PIDESC) de 1966, la Declaración Universal de Derecho Humanos en su artículo 26 y la Observación General N° 13 del Comité de Derecho Económicos, Sociales, Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.

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