Estado venezolano viola el derecho a elegir de los universitarios desde hace más de 15 años
Los procesos electorales, tanto de las autoridades como del sector estudiantil en las universidades de Venezuela, han sido blancos de afectaciones por parte del Estado desde, al menos, hace 15 años. Todo esto conlleva a la vulneración de los derechos universitarios, de los principios interamericanos de libertad académica, reconocida como un derecho humano por la CIDH; además de la violación a la autonomía que concede la Constitución Nacional.
Un ejemplo de ello es la Universidad de Oriente, que tiene 15 años sin celebrar elecciones universitarias de manera legítima, debido a la sentencia N°113 dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el 8 de noviembre del 2011, donde se ordena suspender las elecciones que se realizarían en ese año.
“Ver la universidad en estado crítico y de deterioro es totalmente triste. 15 años tiene la universidad sin tener una representación legítima de las autoridades universitarias. El poder Legislativo se ha encargado de dar sentencias arbitrarias para impedir la elección de los universitarios”, dijo el vicepresidente de la FEDEHU, Daniel Parra.
Otra de las universidades que está solicitando realizar elecciones para renovar sus autoridades es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). El rector de la UPEL, Raúl López, manifestó en entrevista para Aula Abierta que “la renovación de autoridades es sinónimo de democracia”.
“La UPEL fue la primera universidad a la cual se le suspendió las elecciones. Nosotros estamos abiertos, queremos elecciones, todos queremos elecciones”, señaló López.
Por otro lado, William Anseume, Presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, destacó para Aula Abierta que “la USB lleva más de 12 años sin elegir autoridades”.
“La elección es un derecho humano vinculado a la opinión, pero también es representación y da legitimidad personal e institucional. No hay legitimidad, representación ni autoridad, si no se es electo”, manifestó Anseume.
Designaciones arbitrarias y el llamado de Bachelet
El 16 de septiembre de 2021, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) designó a Jorge Stefani como nuevo rector de la USB; José Hernández, como vicerrector administrativo; y Víctor Teotiste, vicerrector académico.
“Esta situación es arbitraria e ilegal ya que, por un lado, inobserva el límite temporal de 180 días que establece la norma para la designación de las autoridades cuyos cargos están vacantes absolutamente; y, por otro lado, contraría el espíritu de dicha norma, debido a que designa a las autoridades universitarias, en un contexto donde el mismo Estado impone obstáculos legales y judiciales”, refiere un comunicado emitido por Aula Abierta.
David Cedeño, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (USB), exigió elecciones de autoridades para esta casa de estudios y manifestó el desacuerdo del movimiento estudiantil con la designación del rector y dos vicerrectores por parte del Consejo Nacional de Universidades.
“Nuestra exigencia es muy clara: autonomía para escoger a nuestras autoridades y libertad para que puedan ejercer su rol. Este objetivo solo será posible si se inicia la necesaria renovación de nuestras autoridades rectorales”, puntualizó en entrevista para Aula Abierta.
Cabe destacar que en septiembre de 2021, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, hizo un llamado a las autoridades del Estado para que retomaran el “diálogo” y así se permitiera celebrar libremente las elecciones de las universidades.
En esa misma línea, la comisión electoral de la Universidad Central de Venezuela (UCV) propuso renovar autoridades entre el 7 de abril y el 3 de junio de 2022. La comisión propuso que el 7 de abril de 2022 se celebren las elecciones para renovar los cargos de representantes de los egresados y representantes estudiantiles.
Según informa el comunicado de la comisión, las elecciones para renovar las autoridades de rector (a), vicerrector (a) académico, vicerrector (a) administrativo y secretario (a), decanos, candidatos al Consejo de Apelaciones y representantes profesorales se efectuarían el 3 de junio.
Tibisay Lucena y su designación como ministra
Keta Stephany, Secretaria de Información de la Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), ante el nombramiento de Tibisay Lucena como ministra de la Educación Universitaria, señaló que los procesos electorales en las universidades deben ser organizados, ejecutados y supervisados por cada institución de estudios superiores.
“Las elecciones de las universidades las hacen las propias universidades con su propio reglamento, así lo establece la Constitución y así es que tiene que ser. No puede una ministra, por más que tenga experiencia en el área, pretender organizarle las elecciones a las universidades”, dijo Stephany a Aula Abierta.
Por otro lado, Ángel Lombardi, historiador y ex rector de la Universidad del Zulia dijo que es posible que Tibisay Lucena esté “puesta ahí para dirigir, manejado o supervisado desde el CNE los procesos electorales a niveles gremiales y de autoridades, no solamente en el sector universitario, también los sindicatos, etcétera”.
Amenazas, intromisiones y violencia en elecciones estudiantiles
En junio del 2019, la Universidad Central de Venezuela (UCV), llevó a cabo elecciones de gobierno y cogobierno estudiantil, donde sujetos armados irrumpieron en algunos núcleos para robar urnas electorales y grupos motorizados violentos en las instalaciones de la UCV como amenaza al proceso electoral, donde resultó electo el estudiante David Sosa como presidente de la FCU.
Ese mismo año 2019, en noviembre, se celebraron elecciones estudiantiles de gobierno y cogobierno en la Universidad del Zulia, en medio de robo de urnas electorales y grupos irregulares amedrentando a los participantes, situación que incidió en la tardía proclamación y juramentación de los estudiantes electos por parte de la Comisión Electoral que se pronunció con un año aproximado de retraso.
Algo similar a lo descrito anteriormente se repitió en la elección realizada en enero del 2020 en la Universidad de los Andes (ULA), donde a pesar de las amenazas, intromisiones, retaliaciones y robo de urnas electorales, la estudiante Ornella Gómez fue electa como presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la ULA.
Los referidos hechos confirman un patrón recurrente de intromisiones en las elecciones universitarias que ha sido documentado como violatorio a la autonomía universitaria, la libertad de asociación y otros derechos humanos del estudiantado universitario.
El Estado venezolano, a través del Poder Judicial, ha producido desde el año 2010 más de 50 decisiones violatorias de la autonomía universitaria, de las cuales al menos 8 intervienen en procesos electorales estudiantiles y ha sido documentado por Aula Abierta en su informe “Informe: Decisiones del Poder Judicial que atentan contra el principio de Autonomía Universitaria y la Libertad Académica en Venezuela”.
