La Universidad ante el peligro inminente de su intervención absoluta

El 27 de agosto de 2019 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió la sentencia 0324, con la cual exhorta a las universidades a renovar sus autoridades violando la autonomía universitaria, el artículo 109 de la Constitución Nacional y la Ley de Universidades vigente.

El fallo, que tiene un plazo de seis meses, fue rechazado por la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) y la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la persecución contra las casas de estudio superiores autónomas de Venezuela, con el fin de obtener una medida cautelar.

Esta decisión inconstitucional motivó incluso a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a lamentar los ataques por parte del Gobierno en contra de la Autonomía Universitaria.

Asimismo, en 2019 se reportaron diversos ataques contra la autonomía universitaria. Uno de los más recientes tuvo lugar en la Universidad del Zulia, donde el Consejo Nacional de Universidades designó inconstitucionalmente a Clotilde Navarro, como Vicerrector Administrativo, lo que fue rechazado por gran parte de la familia universitaria venezolana.

El rector de la ULA, Mario Bonucci, escribió en su Twitter que este sería un “momento histórico que será recordado para siempre por los universitarios autonomistas”.

El martes 22 de octubre docentes del sector público venezolano se movilizaron en al menos 17 estados del país para exigir reivindicaciones salariales y protestar por la autonomía. El llamado a paro fue pronunciado durante una reunión convocada por la Asociación Venezolana de (AVERU).

Sobre ello, la secretaria de Información de la FAPUV, Keta Stephany, dijo que “la lucha por los derechos de los profesores universitarios y la lucha por la libertad académica y la autonomía universitaria es una lucha de derechos humanos”.

Asfixia presupuestaria

En 2019 la Universidad también se vio profundamente afectada en cuanto a su presupuesto: al menos desde el año 2010 se ha registrado una política de Estado dirigida a generar una insuficiencia presupuestaria en las universidades públicas de la nación. El Ministerio del Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología ha inobservado de manera desproporcionada los proyectos de presupuesto que les han presentado, al aprobar partidas presupuestarias que adolecen de un déficit que oscila entre un 50% y un 70% en relación a los requerimientos reales de las universidades.

Por ejemplo, este año no se le solicitó a la casa de estudios superiores Universidad de Los Andes (ULA) su anteproyecto presupuestario, ya que se le impuso un monto que solo se podía distribuir en 7 meses del año 2019, dejando así un total de 5 meses del año sin presupuesto asignado, lo cual se tradujo en un empeoramiento en todos los aspectos de la casa de estudios, desde retrasos en el pago de salarios o montos irrisorios en el pago de becas estudiantiles.

Por su parte, el caso de la Universidad Central de Venezuela (UCV) ilustra la precariedad presupuestaria de la institución de educación superior más antigua del país. En los últimos cinco años, la UCV opera con un presupuesto reconducido que sólo permite pagar el sueldo a sus trabajadores, siendo este escaso recurso manejado por la OPSU y transferido a la universidad exclusivamente para efectuar el pago al personal en la fecha de pago correspondiente.

En entrevista para Aula Abierta, la Rectora de la Universidad de Oriente (UDO), Milena Bravo, denunció que desde el MPPEUCT se realizan prácticas dirigidas a impedir que las universidades puedan contar con un presupuesto adecuado.

Bravo informó además que el Ministerio les solicita el anteproyecto presupuestario, lo recibe y generalmente aprueba un presupuesto muy alejado a lo requerido (hasta un 90% de déficit), luego de aprobado el presupuesto deficitario les exigió a la UDO que en un periodo perentorio de 12 horas debía presentar una adaptación de la totalidad de la arquitectura financiera de la universidad con el presupuesto aprobado por el MPPEUCT. Esto, evidentemente, fue imposible para la universidad, al contar con lapsos absurdos como las referidas 12 horas.

Movimiento estudiantil con la universidad

En este contexto, Aula Abierta, autoridades rectorales, profesores universitarios y el Movimiento Estudiantil se reunieron en el Encuentro Nacional Estudiantil, que se realizó en noviembre en la ciudad de Caracas, donde hubo un panel de expertos, quienes hablaron de la necesidad de defender la autonomía universitaria.

El Movimiento Estudiantil hizo público un manifiesto en el que llamaban a la defensa de la Libertad Académica y los Derechos Universitarios.

Una propuesta de Ley

Aula Abierta también promovió en 2019, junto a organizaciones de Derechos Humanos de distintas universidades, autoridades rectorales y el Movimiento Estudiantil, una propuesta de Ley Órganica de Universidades.

David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta, afirmó que esta Ley “debe adoptar estándares internacionales en la materia, fundamentalmente, desde la concepción de la prevalencia de la Libertad Académica consagrado en instrumentos como el pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

“Padecemos una política de Estado contra la Libertad Académica, la Autonomía Universitaria y tenemos la necesidad de proponer cambiar esta situación fundamental echando las bases normativas de una nueva Universidad”, agregó.

Mientras tanto, José Vicente Haro, abogado constitucionalista y profesor universitario de la UCV, opinó que “la Ley de Universidades tiene que garantizar la Autonomía en todos sus ámbitos” y que “nosotros difícilmente podemos diseñar una ley si no pensamos en el estatus Constitucional de la Universidad y de los derechos fundamentales en nuestra Carta Magna”.

Aunque la inconstitucional sentencia 0324 culmina su plazo en febrero, el ministro para la Educación Universitaria, César Trómpiz, pidió al TSJ más tiempo para organizar las elecciones en las universidades.

Desde Aula Abierta ratificamos nuestra profunda preocupación por la sentencia 0324, recordando que al menos desde el año 2010 se han producido distintas decisiones desde los órganos del Poder Judicial venezolano que han ordenado la suspensión de los procesos electorales de autoridades universitarias, gobierno y co-gobierno estudiantil de las distintas universidades autónomas de Venezuela. La gran mayoría de ellas justificadas en una exigencia de reformar sus normas y procesos electorales internos para poder llevar a cabo nuevamente procesos electorales.

También alertamos a la comunidad internacional, pues en el 2020 el Gobierno de facto venezolano podría utilizar la sentencia 0324 para intervenir por completo a las universidades, lo cual evidentemente es profundamente peligroso para el futuro de Venezuela, ya que sin Universidad no puede haber democracia.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *